Democracia y Estado de Derecho en América Latina

Democracia y Estado de Derecho son dos términos ampliamente utilizados, tanto dentro como fuera del mundo académico. De hecho, se ha venido utilizando tanto un concepto como el otro de forma abusiva con la clara intención de ocultar, bajo el aura de legitimidad que proporcionan, una realidad que ni es legítima ni es admisible racionalmente.

El origen de ambos conceptos podemos encontrarlos en la Grecia clásica, en el mundo de las polis, en concreto en Atenas. La ciudad fue construida alrededor de una plaza pública, en torno a un espacio vacío. En este espacio vacío se reunía la asamblea, donde se juntaban los ciudadanos para dialogar, discutir, obtener consensos y diseñar las leyes para la comunidad. Los atenienses eran ciudadanos en la medida que pisaban este espacio vacío.

Aunque a primera vista no lo parezca, es de suma importancia que este espacio esté efectivamente vacío, es decir, que en el centro de la ciudad, en torno al cual bascula el resto del tejido social, no podamos encontrar ni un templo ni un trono. Ha de ser un lugar sin amos ni siervos (sean celestes o terrenales). Toda persona que pise ese espacio, independientemente de su condición, se convierte en un ciudadano y por tanto en un igual. Pero ninguno de estos tiene derecho a ocupar ese espacio, los ciudadanos tienen que ser capaces de habitarlo sin llegar a llenarlo, sin suplantarlo. Hoy se nos dice que esto es imposible, que lo máximo a lo que podemos aspirar es a que cada cual arrastre su trono y su dios preferido y trate de implantárselo a los demás, pero esto dejaría de llamarse ciudadanía: un ciudadano es aquel que actúa por encima de su condición de hombre o mujer, de pobre o rico, creyente o no creyente, etc., que dialoga racionalmente con los demás para encontrar consensos y desarrollar la gramática de la libertad, las leyes, que se encargarán de encauzar la realidad para ajustarla al derecho, a la razón (VV.AA., 2007).

Pero tener este espacio vacío implica una serie de peligros, tanto para la democracia como para el Estado de Derecho: la tensión que nace entre la voluntad del “demos” (la voluntad de los ciudadanos reunidos en asamblea) y el imperio de la ley y la razón. Personajes como Sócrates o Platón supieron ver desde el principio esta amenaza y se opusieron a la democracia ateniense en tanto consideraban que la omnipotencia del “demos” era una forma de tiranía. En efecto, que el pueblo usurpe en masa el lugar de las leyes, acabando así con el Estado de Derecho, no es muy diferente de que lo haga un rey o un dictador, por lo que en ese sentido democracia y fascismo vienen a ser lo mismo. En todo caso, se trata de un golpe de Estado. Y en ausencia del Estado de Derecho, en ausencia del sometimiento a la razón (representada en este espacio por la ley), la democracia se convierte inevitablemente en un instrumento de los poderosos: la omnipotencia de la mayoría se acaba convirtiendo en la omnipotencia de la minoría que es capaz de persuadir o cooptar a la mayoría, concediéndose el mismo valor a la virtud y al crimen en función del apoyo numérico que reúnan. De esta forma, la democracia puede convertirse en una máscara destinada a dar apariencia de legitimidad a una tiranía. La sofística antaño, la demagogia hoy, son el vehículo de la manipulación, el instrumento mediante el cual las tiranías sobreviven bajo gobiernos ciudadanos.

En una democracia, es legítimo que la mayoría decida, pero siempre que lo haga bajo determinadas condiciones: que se disponga de tiempo para razonar y discutir, que no existan amenazas o chantajes… Es decir, es necesario como requisito previo de una democracia que exista un ordenamiento jurídico, sea cual sea su forma, que ponga a salvo de la discusión democrática ciertos aspectos de la vida, como pueden ser la división de poderes o los derechos procesales. La asamblea o el Parlamento que represente a los ciudadanos debe respetar esos límites, sin dejar de legislar libremente por ello. En este sentido, la división de poderes es clave: somete las decisiones de un poder a los demás y a todos ellos a la ley.

Con la llegada de la Ilustración, el sueño de la democracia y el Estado de Derecho parecía que estaban más cerca que nunca. Por primera vez en la historia, la sociedad pretende vivir en comunidades edificadas por la política y vertebradas también a partir de la política, ya no bastaba con la tradición o la historia. La idea de la Ilustración es otorgarle el protagonismo a la política, construir una república cosmopolita que otorgue el papel central a la acción política de hombres y mujeres, considerados naturalmente iguales en derechos y deberes, razón y lógica, en la capacidad de autogobernarse (Fernández Liria, Alegre Zahonero, 2006). Construir, por tanto, una realidad en Estado de Derecho a partir de la razón y la libertad, del imperio de la ley, rescatar el sueño socrático y platónico. Sin embargo, ¿podemos decir que hoy, como se afirma con rotundidad, América Latina vive en Estado de Derecho?

- EL FRACASO DE LA ILUSTRACIÓN

Desde la Revolución Francesa, las cosas no han parado de ir al revés de lo esperado, pese a que las grandes potencias primero y muchos otros países después se consideran a sí mismas desde hace décadas como plenos Estados de Derecho, democracias modernas. En lugar de una república cosmopolita, nos topamos con una especie de guerra civil generalizada, donde grandes multinacionales privadas, sin ninguna legitimidad política, dominan las decisiones que nos afectan a todos. Nos encontramos con un mundo rico atrincherado tras leyes de extranjería, muros y alambradas que se protege del 80% de la población, que vive en países que llevan más de 50 años “en vías de desarrollo”.

¿Qué ha ocurrido, entonces? ¿Cómo es posible que la primera sociedad que busca constituirse por medios políticos y otorgar carta de ciudadanía a todo hombre y mujer acabe siendo una de las que más lejos está de lograrlo? Muchas personas se han hecho famosas a raíz de estudiar fenómenos como los campos de concentración nazis, tratando de descubrir el reverso tenebroso de la Ilustración, culpando a su programa político, observando la razón como si se tratase de un instrumento imperialista. Toda una pléyade de autores han realizado mil y una piruetas intelectuales para evitar señalar el gran problema con el que se topó la Ilustración desde su inicio: el capitalismo. En efecto, ambos términos son cosas completamente distintas que muchos autores han pretendido presentar como dos partes de un mismo proceso. La tradición marxista también cayó en este error, lo que les ha llevado a uno de sus mayores errores (con las muertes y el sufrimiento que ello implicó): considerar el Estado de Derecho como una mera superestructura del capitalismo, por lo que se pretendió “superarlo” de las formas más extravagantes (sirva como ejemplo los juicios públicos en La Habana al poco del triunfo de la revolución). Una cosa es que el derecho sea un instrumento de las élites poderosas y otra muy distinta es que necesariamente sea eso (VV.AA., 2007).

Lo que ocurrió con la Ilustración es que, al tiempo que se abría de nuevo un espacio para la ciudadanía (con la ejecución del monarca, figura que había usurpado el lugar de la ley) y se vaciaba el centro de la sociedad de tronos y templos, lo que se instalaba en su lugar no fue una asamblea de ciudadanos o representantes de los mismos, sino que en el centro del tejido social se instalaba con fuerza el mercado, el capitalismo. Este sistema económico se impone a través del mercado laboral, obligando a la inmensa mayoría de la población a tratar de sobrevivir en él. Nacía así el proletariado, es decir, personas que carecen de los medios de producción y por tanto se ven obligados, si quieren sobrevivir, a hacerlos a través del mercado de trabajo, donde lo único que tienen para ofrecer es su fuerza de trabajo.

La proletarización de la humanidad fue la condición necesaria para la implantación del capitalismo, en virtud de la cual la humanidad empieza a depender de las propias necesidades del sistema (y de sus formas de satisfacerlas), que rara vez coinciden con las necesidades de las personas (Fernández Liria, Alegre Zahonero, 2006). Sirva como ejemplo que una economía “sana” es perfectamente compatible con el aumento de las desigualdades, el hambre y la pobreza, como demuestra en (el caso latinoamericano) cualquier estudio de la CEPAL. Por tanto, una vez proletarizada, la humanidad no puede desentenderse de la dinámica del capitalismo, que se impone como un destino inescrutable, una realidad que no se puede cambiar y ante la que sólo cabe el “pragmatismo” de la aceptación o...

El fascismo y el nazismo, por ejemplo, lejos de ser la otra cara de la moneda de la Ilustración, fueron los instrumentos de los que se valió el capitalismo para deshacerse del espacio de la ciudadanía (y de los ciudadanos) en un momento en que se corría el grave riesgo de que se optase por otros modelos de producción y organización social distintos al capitalista (Pauwels, 2004). Es un claro ejemplo de la norma general: el capitalismo tolera la condición ciudadana siempre que se utilice para mantener las cosas como están.

Nos encontramos, pues, con un sistema económico que no puede frenar, que necesita el crecimiento y la expansión constantes, que no puede decidir políticamente disminuir la velocidad o detenerse, que respira al margen de la decisión política, que tiene lógicas y dinámicas propias. Un sistema que tolera muy mal cualquier tipo de intervención política, cualquier iniciativa ciudadana (siempre que no sea a su favor). Un sistema que regala la dirección de las sociedades (relegándolas al papel de “menores de edad”) a gigantes privados que antes que obedecer a cualquier Estado, son capaces de chantajearlos, coartarlos o condicionarlos (Fernández Liria, Alegre Zahonero, 2006). Un pequeño ejemplo de la desproporción en cuanto a capacidades económicas: la fortuna de Bill Gates es superior al PIB de Honduras, Nicaragua y Panamá juntos (2005). La Ilustración necesitaba de ciudadanos para elaborar su programa, pero el capitalismo arrojaba proletarios. Hablamos, por tanto, de ciudadanos proletarizados, no de ciudadanos libres: en el centro de la vida social encontramos personas dispuestas a hipotecar su vida para conseguir un trabajo, sin tiempo que dedicar a la vida política, sometidos a los caprichos del sistema económico, en una situación en que la libertad carece de condiciones para ser ejercida.

Es un grave error tratar de limitar el concepto de totalitarismo al campo político. En condiciones capitalistas (un sistema económico), el individuo es transformado en un ser desarraigado que solo cuenta como fuerza de trabajo y/o consumidor. Ningún Estado ha tenido jamás un poder homogeneizador y alienante tan grande como el que ejerce hoy el capitalismo: el proletario no puede hacer otra cosa con su libertad más que plegarse a las exigencias del mercado, porque la alternativa es la miseria, el hambre, la invisibilidad o la muerte. Hemos descubierto que la mayor de las distopías no era “1984”, de George Orwell, sino “El Talón de Hierro”, de Jack London. Cada vez más es el mercado el encargado de ejercer la violencia, tanto objetiva como subjetiva, física o simbólica, necesaria para mantener el statu quo. Resulta más beneficioso (y menos costoso ideológicamente) dejárselo a la mano invisible del mercado (Zizek, 2009). Bajo el capitalismo y especialmente a raíz de las medidas neoliberales de las últimas décadas, las sociedades de América Latina se han convertido en sociedades insólitamente desestructuradas, indiferentes, aunque parece que vuelven a despertar y organizarse en algunos países.

Podemos decir, por tanto, que el discurso de la Ilustración fue una tapadera para los desmanes del capital. Y es así porque la Ilustración fue derrotada desde el comienzo, no tenía nada que hacer bajo las condiciones impuestas por el capitalismo. En consecuencia, podemos afirmar que existe una incompatibilidad de base entre capitalismo y democracia, así como entre capitalismo y Estado de Derecho.

- CAPITALISMO, DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO EN AMÉRICA LATINA

La idea de la democracia y del Estado de Derecho se basa en que, lo menos malo a lo que podemos aspirar para resolver los asuntos de la comunidad, puesto que somos seres humanos y ninguno puede aspirar a la perfección ni a tener toda la razón, es a un marco en el que las leyes puedan ser corregidas legalmente, es decir, que desde la propia legalidad se puedan cambiar o corregir.

Pero en la mayor parte de las democracias de América Latina lo que encontramos es una ausencia de ley que se llama a sí misma ley: encontramos la dictadura del capital, no un marco que permita cambiar las leyes. Podemos asegurar que mientras las poblaciones han votado dentro de los márgenes que les ofrecía el capital, se ha mantenido la apariencia de Estado de Derecho y de democracia, con todos sus ritos liberales. Sin embargo, cuando alguna de las sociedades ha decidido votar una alternativa anticapitalista, o con una pequeña dosis de anticapitalismo, se ha encontrado con que todo el aparato democrático no existía pese a las apariencias, con que el poder económico, más poderoso, prefiere sacrificar la supuesta democracia y el Estado de Derecho a la economía capitalista. No en vano dijo Kissinger, Secretario de Estado de Estados Unidos en 1973, con ocasión del golpe contra Allende: “Si hay que elegir entre sacrificar la economía o la democracia, hay que sacrificar la democracia”.

Es necesario conectar la historia de los movimientos revolucionarios violentos latinoamericanos con la historia de aquellos movimientos revolucionarios que decidieron optar por la vía de corregir legalmente las leyes, respetando las instituciones democráticas. Cada vez que triunfó la izquierda y trató de legislar sobre alguna cuestión de importancia económica (es decir, cada vez que además de ganar, la izquierda ha tratado de cumplir su programa), podemos comprobar cómo aquellos que defendían el orden institucional se vuelven contra él y alientan de alguna forma su destrucción. Demuestran así que existe un poder por encima de la ley, que ocupa su lugar, lo que a su vez demuestra que eso que bajo condiciones capitalistas llamamos ley, no es que sea una mala ley (injusta, contraria a la razón o arbitraria), sino que es una forma ideológica de ocultar la ausencia de ley.

La historia del siglo XX pone de manifiesto que cada vez que un parlamento ha decidido algo que no convenía al capitalismo, las grandes corporaciones se han encargado de derribarlo mediante guerras, bloqueos económicos, golpes de Estado, etc. Sólo ha existido la democracia y el Estado de Derecho mientras los parlamentos se plegaban a determinados intereses. Por tanto, podemos afirmar que la democracia, bajo condiciones capitalistas, es ese periodo entre dos golpes de Estado que dura tanto como dure la voluntad de no legislar sobre ninguna cuestión económica de importancia (Fernández Liria, Alegre Zahonero, 2006). Bajo el capitalismo la política deja de ser una cuestión de la ciudadanía: las grandes corporaciones y algunos de sus Estados clientes ocupan su lugar y dirigen la política de forma dictatorial.

Esto nos da a entender que es positivo tolerar el pluralismo, aceptar que la izquierda anticapitalista exista, se organice, se movilice e incluso trate de ganar las elecciones. Pero lo que de ninguna manera se puede tolerar es que las ganen (y pretendan aplicar su programa): no es una posibilidad política. Si no ha existido nunca el marco para que la izquierda pueda cambiar legalmente las leyes y así someter la economía a la política, no es de extrañar que estallasen multitud de revoluciones, guerrillas, etc.; o acontecimientos como el Caracazo (Venezuela, 1989): el hecho de que la opción de las masas se situase entre aceptar las prohibiciones y limitaciones del programa de ajuste neoliberal que intentaba implantar Carlos Andrés Pérez o cometer un acto violento, ciego y desesperado (incluso poner muertos sobre la mesa) para tratar de forzar un “consenso democrático” que les facilitase su integración política y económica, indica claramente que no existe una verdadera sociedad basada en la libre elección. Lo que nos encontramos es un sistema objetivamente violento que obliga a realizar acciones subjetivamente violentas para reclamar cierta justicia social. La libre elección resulta ser, por tanto, un gesto formal de consentimiento respecto a la opresión y explotación: la elección es libre mientras se escoja la opción adecuada, la opción del mercado (Zizek, 2009).

A lo largo del siglo XIX, bastó con un mínimo proteccionismo para desatar una invasión. Sirva de ejemplo la guerra entre Paraguay y la alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay. Pero la historia del siglo XX no es menos estremecedora, existen abundantes ejemplos:

En Brasil, Joao Goulart ganó las elecciones en 1961. Durante dos años EE.UU bloqueó Brasil y aumentó la ayuda a los militares hasta que llegó el golpe de 1964. Decenas de miles de muertos, desaparecidos y torturados, con la connivencia y la ayuda de la potencia norteamericana, es el saldo que arroja la dictadura instaurada hasta 1985.

En Argentina, entre 1976 y 1983, la dictadura militar produce 30.000 muertos y desaparecidos. La doctrina era, como dijo un general de brigada, “primero vamos a matar a todos los subversivos; después a sus colaboradores; después a los simpatizantes; después a los indiferentes, y por último a los tímidos”.

En Chile, uno de los casos más conocidos de intento de socialismo democrático, el país entero pagó la osadía de enfrentarse a las grandes corporaciones que se repartían el pastel: entre 1973 y 1988, la dictadura de Pinochet hace desaparecer a más de 3000 personas y tortura a decenas de miles. Cuando por fin decidió regalar una democracia vigilada, pronunció una famosa frase que establecía muy claramente cuales eran sus límites: “Estoy dispuesto a aceptar el resultado de las elecciones, con tal de que no gane ninguna opción de izquierdas”.

En Guatemala, Juan José Arévalo, democráticamente elegido en 1944, trató de legalizar los sindicatos, entre otras cosas. La United Fruit Company financió 32 golpes de Estado. En 1951 ganó Arbénz, a lo que siguió una invasión por parte de Estados Unidos que, en palabras de Eisenhower, tuvo que deshacerse “de un gobierno comunista que había asumido el poder”. La historia de Guatemala a partir de entonces es estremecedora: entre 1960 y 1996, 250.000 muertos y desaparecidos, casi todos provocados por el ejército.

Entre 1980 y 2000 se calculan 70.000 muertos y 4.000 desaparecidos en Perú. Un militar de alto rango (el general Luis Cisneros Vizquerra) dijo en 1983: “Para que las fuerzas policiales puedan tener éxito, tienen que comenzar a matar senderistas y no senderistas. Matan a 60 personas y a lo mejor entre ellos hay tres senderistas. Esta es la única forma de ganar la subversión”.

En Colombia ni si quiera encontramos cifras totales del desastre humano, pero se estima que desde las años 80 vienen muriendo unas 20.000 personas al año por causa de la violencia política, por no hablar de las desapariciones, los desplazados internos… El caso de la Unión Patriótica es especialmente sangrante: 5.000 de sus miembros murieron, ejerciendo cargos públicos o como candidatos, en 10 años. Confirma las declaraciones de aquel miembro del ELN: en Colombia “es más fácil y muere menos gente si montas una guerrilla que si montas un sindicato”.

Uruguay entre 1973 y 1985, Haití bajo el yugo de los Duvalier, Nicaragua con los Somoza y luego bajo el asedio del “Contra”… La lista de ejemplos es larguísima, casi inabarcable. Pero por encima de la longitud de dicha lista, lo más estremecedor, casi surrealista, es que a lo largo del siglo XX no existe ni un solo ejemplo de victoria electoral anticapitalista que no haya venido seguida de un golpe de Estado, un bloqueo económico, una invasión militar, terrorismo… Nos topamos, pues, con lo que parece una ley incontrovertible de la democracia bajo condiciones capitalistas: no existe un solo ejemplo de victoria electoral anticapitalista (o mínimamente anticapitalista) que no haya venido seguida de la interrupción, de una forma u otra, del orden democrático, no existe ni una sola excepción que demuestre que el anticapitalismo tenía alguna posibilidad política de vencer que no estuviera destinada a ser corregida por la mano invisible (o visible) del mercado.

El caso de Nicaragua también ilustra perfectamente lo que Santiago Alba Rico ha bautizado como “pedagogía del voto capitalista” (Alba Rico, 2006): en 1990, la victoria de Violeta Chamorro (que se presentó a la opinión pública mundial como una especie de entrada en razón de la población nicaragüense), vino precedida de una matanza ininterrumpida durante diez años (gestada por EE.UU.) y de una campaña que anunciaba que la única forma de acabar con la guerra era optar por las políticas de centro, renunciar a la locura socialista y aceptar el capitalismo salvaje.



- CONCLUSIONES

El ejemplo de un socialismo o un comunismo democráticos resulta intolerable para el capitalismo: destapa la evidencia de que capitalismo y democracia/Estado de Derecho son términos incompatibles, por mucho que los países capitalistas se maquillen como tales. Es como vivir en una doble pesadilla: por un lado los sistemas políticos latinoamericanos viraron en los 80 - 90 (reformas neoliberales) hacia un modelo prácticamente schumpeteriano del que costará mucho escapar, basado en que el único elemento democrático sea la competencia electoral (Nun, 2002); por otro, ni si quiera las élites políticas tienen la sartén por el mango, ni si quiera podemos hablar del gobierno de los políticos en contraposición al gobierno del pueblo.

La historia nos demuestra que una de las posibilidades por las que presuntamente puede optar la ciudadanía está vedada: no existe, por tanto, un verdadero marco legal que permita corregir desde la legalidad las malas leyes (o la ausencia de ley), al menos para la izquierda. La necesaria conclusión que extraemos, en consecuencia, es que no podemos hablar de Estado de Derecho en América Latina, ni tampoco de democracia, puesto que existe un poder que no está sometido a ningún control ciudadano que trasciende tanto el poder político como la ley. De lo que sí podemos hablar, en todo caso, es de ilusión de ciudadanía: consideramos que una realidad está en Estado de Derecho y es democrática cuando sus actores, votando libremente, eligen que las cosas permanezcan como están. Allí donde de todas formas ocurre esto, se puede ir abriendo el abanico de libertades y derechos civiles. Pero esto no significa que si un día esta misma gente decide cambiar las cosas, todo ello se mantenga en pie. En todo caso estamos ante un pedazo de historia lo suficientemente privilegiado como para no tener que reñir con el derecho (Fernández Liria, Alegre Zahonero, 2006). Se trata de una realidad donde el derecho, la capacidad de la ley para transformar la realidad, resulta superflua: hablamos de gobiernos sin poder, de la muerte de la política y su sustitución por la mera administración dentro de los marcos dictados por el capital. Con la globalización da comienzo la “auto-colonización”, donde las grandes multinacionales comienzan a colonizar también sus propios países de origen, convirtiendo así al mundo entero en “Repúblicas Bananeras” (Zizek, 2008).

Mantener los ritos y formalidades de un sistema político que no tiene poder, incluida la división de poderes, no tiene mérito. Hoy por hoy, lo verdaderamente meritorio sería dividir el poder económico, democratizarlo, pero esto supondría la politización de la economía, es decir, lo contrario al capitalismo.

En cierto sentido, podemos afirmar que Cuba, que parece que supo comprender a tiempo que la alternativa era o un Fidel vivo o un Allende muerto, está mucho más cerca de convertirse en una auténtica democracia y un auténtico Estado de Derecho, pese a tener un gobierno autoritario. Porque en un país como Cuba, la economía está sometida, como todo lo demás, a la ley, y resulta mucho más sencillo cambiar una mala ley (las que limitan el pluralismo, las que impiden un relevo de las élites, las que otorgan casi todo el poder al ejecutivo…) que reconquistar el lugar que deben ocupar las leyes, expulsar a quien las suplanta.

La tenaz resistencia cubana, además, parece haber ejercido un efecto demostración de la lucha contra el capitalismo sin el cual difícilmente serían concebibles hoy movimientos como los de Venezuela, Bolivia o Ecuador, que se enfrentan al reto de rescatar el lugar que le corresponde a la ley, de convertir en ciudadanos tanto al rico que intenta suplantar la ley como al pobre antes invisible para el sistema. Se trata de procesos que merecen un especial seguimiento y análisis que vayan más allá del debate (justificado) de si el líder de estos movimientos suplanta a la propia ciudadanía a la que teóricamente representa. Como dijo Laclau (Laclau, 2006), los líderes juegan en estos casos un factor aglutinante necesario para derribar un sistema moribundo y poder así aspirar a un mayor nivel de justicia y libertad en base a un sistema político que recupere las riendas de la dirección del país.



- REFERENCIAS

- Fernández Liria, C., Alegre Zahonero, L. (2006), Comprender Venezuela, Pensar la democracia. El colapso moral de los intelectuales occidentales, Hondarribia: Hiru.

- Nun, J. (2002), Democracia, ¿gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?, Madrid: Siglo XXI de España Editores.

- Pauwels, J. R. (2004), El mito de la guerra buena: Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Hondarribia: Hiru.

- VV.AA. (2007): Fernández Liria, C., Alegre Zahonero, L., Fernández Liria, P., Educación para la ciudadanía. Democracia, capitalismo y Estado de Derecho, Madrid: Akal.

- Zizek, S. (2007), En defensa de la intolerancia. Madrid: Sequitur.

- Zizek, S. (2009), Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Barcelona: Paidós.

Cuba y la retórica de los derechos humanos (Salim Lamrani)

Una constatación inicial

En Occidente, el nombre de Cuba se asocia inevitablemente a la problemática de los derechos humanos. Los medios europeos y estadounidenses estigmatizan a la mayor isla del Caribe de modo reiterado sobre este tema. Ningún otro país del continente americano se señala tanto con el dedo como la patria de José Martí, que dispone de una cobertura mediática desproporcionada en relación con su tamaño. En efecto, acontecimientos que pasarían desapercibidos en cualquier otra parte de América Latina o del mundo se difunden inmediatamente en la prensa internacional cuando se trata de Cuba.

Así, el suicidio en febrero de 2010 de Orlando Zapata Tamayo, un preso condenado por delitos comunes en Cuba, se mediatizó mucho más que el descubrimiento, en enero de 2010, de una fosa común con 2.000 cadáveres de sindicalistas y militantes de los derechos humanos asesinados por el ejército colombiano. Del mismo modo, las manifestaciones de los opositores cubanos aparecen regularmente en la prensa occidental la cual, al mismo tiempo, censura las exacciones –¡Más de 500 casos de asesinatos y desapariciones!– que comete la junta militar, de Roberto Micheletti primero, y después de Porfirio Lobo, que gobierna actualmente en Honduras después del golpe de Estado de junio de 2009 contra el presidente democráticamente elegido José Manuel Zelaya. (1)

Estados Unidos justifica oficialmente la imposición de las sanciones económicas, en vigor desde julio de 1960 y que afectan a todos los sectores de la sociedad cubana, en particular a los más vulnerables, por las violaciones de los derechos humanos. De 1960 a 1991, Washington explicó que la alianza con la Unión Soviética era la razón de su hostilidad hacia Cuba. Desde el desmoronamiento del bloque del Este las diferentes administraciones, desde Georges H. W. Bush hasta Barack Obama, han utilizado la retórica de los derechos humanos para explicar el estado de sitio anacrónico, el cual lejos de afectar a los dirigentes del país, hace pagar el precio de las divergencias políticas entre las dos naciones a los ancianos, las mujeres y los niños. (2)

Por su parte, la Unión Europea impone una Posición Común –¡La única en el mundo!– desde 1996 al Gobierno cubano, que limita los intercambios bilaterales, por las mismas razones. Esta estigmatización constituye el pilar de la política exterior de Bruselas respecto a La Habana y representa el principal obstáculo para la normalización de las relaciones bilaterales. Entre 2003 y 2008, la Unión Europea también impuso sanciones políticas, diplomáticas y culturales a Cuba por las mismas razones, por lo menos oficialmente. (3)


¿Una estigmatización legítima?

No se trata de afirmar que Cuba sea irreprochable en la cuestión de los derechos humanos y que allí no se comete ninguna violación. En efecto, Cuba está lejos de ser una sociedad perfecta y existen allí algunos atentados a ciertos derechos fundamentales. No obstante, conviene preguntarse por qué semejante estigmatización por parte de los medios occidentales, de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Acaso Cuba presenta una situación especial en cuanto a los derechos humanos? ¿Será peor que la del resto del continente? ¿Washington, Bruselas y la prensa occidental estarán genuinamente preocupados por ello? ¿Acaso tienen autoridad moral suficiente para erigirse en jueces?

Para responder a estas preguntas, el informe de Amnistía Internacional (AI) de 2010 brinda un enf oque interesante. Diez países –cinco del continente americano: Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, y cinco de la Unión Europea: Francia, Alemania, Reino Unido, España y la República Checa (líder del frente de las naciones que se oponen a la normalización de las relaciones con Cuba)- serán sometidos a un análisis comparativo. (4)


Los derechos humanos en Cuba

Según Amnistía Internacional (AI), existen «severas restricciones sobre los derechos civiles y políticos» en Cuba. AI habla de «55 presos de opinión [encarcelados sólo por el hecho de ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión]». (5) En una declaración del 18 de marzo de 2008, AI reconoce no obstante que estas personas fueron condenadas «por haber recibido fondos o materiales del Gobierno estadounidense para realizar actividades que las autoridades consideran subversivas y perjudiciales para Cuba», lo que constituye un delito de orden penal en Cuba y también en cualquier otro país del mundo. (6)

La organización subraya también que «varios [opositores] declararon haber sido golpeados durante su arresto». Graves restricciones pesan todavía sobre la libertad de expresión, según AI, pues «todos los grandes medios e Internet están bajo el control del Estado». Por otra parte, los sitios de los opositores se encuentran bloqueados en Cuba y sólo se pueden consultar desde el exterior. Varios disidentes fueron arrestados y luego liberados. AI denuncia también las maniobras de intimidación contra ellos. Además, «las restricciones del derecho de circular libremente impidieron que periodistas, defensores de los derechos humanos y militantes políticos llevaran a cabo actividades legítimas y pacíficas». Así, la opositora Yoani Sánchez no ha recibido autorización para salir del país para recibir un premio en Estados Unidos. (7)

No obstante, AI recuerda que en mayo de 2009 Cuba «fue elegida al Consejo de Derechos Humanos [ONU] para un nuevo mandato de tres años», ilustrando así que la mayoría de la comunidad internacional no comparte el punto de vista de Bruselas y de Washington respecto a la situación de los derechos humanos en Cuba. (8)

Finalmente AI reconoce que las sanciones económicas que Estados Unidos impone a Cuba tienen «todavía efectos negativos sobre los derechos económicos y sociales de los cubanos. La legislación estadounidense que restringe las exportaciones hacia la isla de productos y de material fabricados o patentados por Estados Unidos siguen entorpeciendo el acceso a los medicamentos y a los equipos médicos». AI agrega que las agencias de las Naciones Unidas presentes en Cuba también «están penalizadas por el embargo». (9)

Así, como ilustra el informe de AI, Cuba no es irreprochable en términos de respeto de los derechos humanos.


Los derechos humanos en el continente americano

Conviene ahora poner en perspectiva la realidad cubana frente a la problemática al respecto del resto del continente.

Estados Unidos

Según AI, 198 personas siguen detenidas ilegalmente en la base naval de Guantánamo, sin cargos, desde hace siete años. Al menos cinco reclusos se suicidaron en la prisión de Guantánamo. Por otra parte, varios prisioneros fueron juzgados por tribunales militares que no ofrecían todas las garantías de un juicio justo. (10)

Además , «varios centenares de personas, entre ellas niños, siguen encarceladas por las fuerzas estadounidenses en la base aérea de Bagram, en Afganistán, sin que tengan la posibilidad de ver a un abogado o de que las presenten ante un juez». (11)

AI también denunció el «programa de detenciones secretas de la CIA» y reveló los «actos de tortura y otras formas de malos tratos infligidos a personas detenidas». Cita dos ejemplos: «Entre las técnicas autorizadas figuran la desnudez forzada, la privación prolongada de sueño y el waterboarding (simulacro de ahogamiento). […] Abu Zubaydah […] fue sometido a esta última técnica más de 80 veces en agosto de 2002, y Khaled Sheikh Mohammed 183 veces en marzo de 2003». Los autores de estos actos no serán perseguidos por la justicia, tal como declararon Barack Obama y el Ministro de Justicia Eric Holder. (12)

AI señala que «la impunidad y la ausencia de vías de recurso persistían para las violaciones de los derechos humanos perpetradas en el marco de lo que el gobierno del presidente Bush llamaba la ‘guerra contra el terror’». La organización añade que «el nuevo Gobierno bloqueó la publicación de cierto número de fotos que mostraban los maltratos infligidos a personas detenidas por Estados Unidos en Afganistán y en Iraq». (13)

AI denuncia también los actos de «tortura y otros malos tratos» que cometieron las fuerzas del orden en el territorio de Estados Unidos contra ciudadanos estadounidenses. «Al menos 47 personas fallecieron después de ser neutralizadas con pistolas Taser, lo que eleva a más de 390 el número total de personas fallecidas en circunstancias análogas desde 2001». AI agrega que «entre las víctimas figuraban tres adolescentes desarmados que habían cometido delitos menores, así como un hombre aparentemente con buena salud a quien los policías de Fort Worth, en Texas, administraron descargas eléctricas durante 49 segundos sin interrupción en mayo de 2009. (14)

La organización internacional señala con el dedo las condiciones de detención en Estados Unidos. Según ella, «miles de presos están confinados en un aislamiento prolongado en prisiones de alta seguridad donde, en muchos casos, las condiciones de vida violan las normas internacionales según las cuales los detenidos deben ser tratados con humanidad». Así, «numerosos presos […] de los cuales muchos sufrían trastornos mentales, estaban confinados en aislamiento desde hacía 10 años o más, 23 horas sobre 24, sin atención médica adecuada y sin que se revisara correctamente su situación». Ésos «no tenían la posibilidad de trabajar, ni de formarse, ni de distraerse y tenían muy pocos contactos con el mundo exterior». (15)

Según AI, « decenas de miles de migrantes, entre ellos demandantes de asilo, estaban regularmente encarcelados, en violación de las normas internacionales. Muchos estaban detenidos en condiciones sumamente duras, prácticamente privados de ejercicio, de acceso a la atención médica y de la posibilidad de conseguir asistencia jurídica». (16)

Por otra parte, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias denunció varios casos de ejecuciones extrajudiciales que las fuerzas del orden cometieron contra migrantes. «El número de muertos en detención es superior a los 74 casos reconocidos por las autoridades desde 2003», señala AI. (17)

AI recuerda las discriminaciones a las mujeres pertenecientes a las minorías en términos de derecho a la salud. Así, «El número de fallecimientos evitables debidos a complicaciones relacionadas con el embarazo sigue siendo elevado; varios cientos de mujeres murieron durante el año. Existen disparidades relacionadas con los ingresos, la raza, el origen étnico o nacional en el acceso a la atención médica para las mujeres embarazadas; la tasa de mortalidad materna es casi cuatro veces mayor entre las afroestadounidenses que entre las mujeres blancas». AI agrega que 52 millones de personas de menos de 65 años no tienen seguro médico, «una cifra en aumento respecto al año anterior». (18)

Según AI, un objetor de conciencia fue condenado a un año de prisión por negarse a servir en Afganistán. La organización denuncia también los juicios injustos contra Leonard Peltier, detenido desde hace 32 años, «A pesar de las dudas en cuanto a la equidad de su condena en 1977». AI también señala que la Corte Suprema Federal se negó a examinar la apelación interpuesta por cinco presos políticos cubanos: Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González y Fernando González, condenados a largas penas de prisión mientras que «el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria [ONU] había concluido, en mayo de 2005, que la detención de estos cinco hombres era arbitraria, pues no se habían beneficiado de un juicio justo». (19)

Por otra parte, la pena de muerte sigue aplicándose en Estados Unidos. Así, 52 personas fueron ejecutadas en 2009. (20)

Brasil

La situación en Brasil también es objeto de un informe. AI menciona «utilización excesiva de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y actos de torturas por parte de la policía». Las fuerzas del orden «siguieron cometiendo violaciones masivas», y «cientos de homicidios no fueron objeto de investigaciones serias y las acciones legales fueron casi inexistentes». Así, «en Río de Janeiro en 2009, la policía mató a 1.048 personas». En Sao Paulo, «esa cifra alcanzó 543, o sea un aumento del 36% respecto a 2008». Por otra parte, «los homicidios imputables a la policía militar aumentaron en un 41%». 21

La organización denuncia también «el aumento del número de milicias –grupos paramilitares armados compuestos en gran parte por agentes de la fuerza pública que actúan fuera de servicio-» que «utilizan su poder sobre la población para sacar ventajas económicas y políticas ilícitas […] y que pusieron en peligro la vida de miles de habitantes y las propias instituciones del Estado». (22)

En Brasil, « las condiciones de detención seguían siendo crueles, inhumanas o degradantes. La tortura se empleaba regularmente en los interrogatorios, con fines de extorsión o para castigar, controlar o humillar», según AI, además del problema de la superpoblación. (23)

Por otra parte, «litigios territoriales ocasionaron este año atentados contra los derechos fundamentales, cometidos tanto por asesinos profesionales al servicio de los latifundistas como por policías». Al menos 20 personas fueron asesinadas en 2009. (24)

Según AI, los derechos de los trabajadores fueron violados y «miles de trabajadores eran mantenidos en condiciones que se asimilan a la esclavitud». El derecho a una vivienda digna no se respeta. Por otra parte, «se siguen cometiendo graves atentados contra los derechos de las poblaciones en el Estado del Mato Grosso do Sul». AI recuerda varios casos de desaparición de militantes indígenas. (25)


Canadá

Según AI, las autoridades canadienses «no han respetado los derechos de los pueblos autóctonos durante la entrega de autorizaciones para la explotación de las minas, selvas, petróleo u otros recursos naturales. El Gobierno sigue afirmando, sin fundamento, que la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Autóctonos no se aplica a Canadá». (26)

La organización denuncia también las discriminaciones contra los indígenas y particularmente los niños. Por otra parte, la explotación por la fuerza del petróleo y el gas que se hallan en las tierras de los Cris del Lubicon ha contribuido a «una mala salud y a una pobreza muy frecuentes entre ellos». (27)

El derecho de las mujeres se viola regularmente en Canadá. Así, «numerosas mujeres, adolescentes y niñas sufren violencias» y «el gobierno canadiense no ha tomado ninguna medida para elaborar un plan de acción nacional completo para luchar contra la violencia y la discriminación». (28)

Canadá también fue cómplice de actos de tortura al entregar a sospechosos a las autoridades afganas en el marco de la lucha contra el terrorismo. (29)

Por otra parte, las fuerzas de policía cometieron un asesinato por medio de una descarga eléctrica con la ayuda de pistolas Taser. (30)


Colombia

En Colombia, la población civil es «víctima de desplazamientos forzados, ataques ciegos, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento forzoso de menores, violencias sexuales contra mujeres y homicidios», cometidos por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y la guerrilla. (31)

AI contabiliza 20.000 casos de desapariciones forzadas y 286.000 casos de personas desplazadas. La organización subraya que «el gobierno se ha negado a apoyar una propuesta de ley que prevé el otorgamiento de reparaciones a las víctimas del conflicto sobre una base no discriminatoria, es decir sin ninguna distinción según el hecho de que los autores de las violaciones sean agentes del Estado o no. El texto fue rechazado por el Congreso en junio». (32)

Por otra parte, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de las Poblaciones Autóctonas calificó la situación de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia como «grave, crítica y profundamente preocupante». AI señala que «al menos 114 hombres, mujeres y niños indígenas fueron asesinados en 2009, una cifra en aumento respecto al año 2008». (33)

El Departamento Administrativo de Seguridad, que opera bajo la autoridad directa del jefe de l Estado, está implicado en «un amplio caso de espionaje ilegal llevado a cabo durante un largo periodo. Entre las víctimas figuraban defensores de los derechos humanos, miembros de la oposición política, jueces y periodistas, a quienes se buscaba restringir, incluso neutralizar la acción. Esas maniobras se habrían efectuado con la estrecha colaboración de grupos paramilitares. Miembros del mundo diplomático y defensores extranjeros de los derechos humanos también fueron objetivos». AI agrega que «algunos militantes espiados por el Departamento Administrativo de Seguridad recibieron amenazas de muerte y fueron objeto de acciones penales por motivos falaces». (34)

En 2009, 80 miembros del Congreso fueron objeto de una «investigación legal por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares». Varios magistrados que participan en la investigación recibieron amenazas de muerte, según AI. (35)

Las fuerzas de seguridad cometieron más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales. «El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias declaró que esos homicidios fueron cometidos por un número importante de elementos del ejército». El ejército sigue colaborando con grupos paramilitares, los cuales son culpables de «masacres». Al menos 8 militantes de los derechos humanos y 39 sindicalistas fueron asesinados en 2009. AI señala que «la impunidad de la cual gozan los autores de violaciones sigue siendo fuente de una profunda preocupación». (36)

México

En México, más de 6 .500 personas fueron asesinadas en actos violentos ligados al narcotráfico. AI señala «violaciones de los derechos humanos cometidas por militares, particularmente ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegales, desapariciones forzadas, actos de tortura y otros malos tratos, así como detenciones arbitrarias». La organización agrega que «víctimas y familiares de víctimas recibieron amenazas después de intentar presentar una denuncia» y deplora «la impunidad de la cual gozan los culpables». (37)

AI afirma que «se señalaron varios casos de violaciones de los derechos humanos –desaparición forzada, uso excesivo de la fuerza, tortura y otros malos tratos y detención arbitraria, entre otros– imputables a agentes de la policía municipal, federal o de los Estados». Además, «las promesas de las autoridades, que se comprometieron a abrir una investigación sobre todas las alegaciones de tortura, no se cumplieron». (38)

Los migrantes también fueron víctimas de las autoridades mexicanas. Padecieron «brutalidades, amenazas, secuestros, violaciones y asesinatos, entre otros, perpetrados esencialmente por grupos de criminales, pero también por algunos funcionarios». AI enfatiza que por otra parte «dos defensores de los derechos fundamentales de los indígenas fueron secuestrados, torturados y asesinados en Ayutla». AI señala también que «a finales de año, Raúl Hernández, preso de opinión y militante de otra organización local de defensa de los derechos de las poblaciones indígenas, se encontraba todavía en cárcel sobre la base de una acusación de asesinato inventada». (39)

En México varios periodistas fueron amenazados, agredidos y secuestrados, según AI, particularmente los que «se interesaban por las cuestiones de seguridad pública y de corrupción». Al menos 12 periodistas fueron asesinados en 2009. Además, «las investigaciones abiertas sobre los asesinatos, los raptos y las amenazas de los cuales los profesionales de la prensa fueron objeto desembocaron muy pocas veces en acciones legales, lo que contribuye a mantener un clima de impunidad». (40)

AI denuncia las discriminaciones y las violencias cometidas contra los pueblos indígenas, expoliados de sus tierras y de sus viviendas por las autoridades, «con el objetivo de explotar los recursos locales». (41)

Las mujeres y niñas constantemente son víctimas de violencias. «Numerosos casos de asesinatos de mujeres, después de secuestrarlas y violarlas, se señalaron en los Estados de Chihuahua y México», apunta AI. Pero, «la impunidad sigue siendo la norma para los asesinatos de mujeres y los demás crímenes violentos de los cuales son víctimas». Por otra parte, 14 de los 31 Estados de México se niegan a aplicar la ley de despenalización del aborto. (42)


Conclusión

El informe de Amnistía Internacional es edificante en varios aspectos. Primero, se descubre que aunque la organización subraya algunas violaciones de los derechos humanos en Cuba, la isla del Caribe se encuentra lejos de ser el chico malo del continente. Esta constatación pone en tela de juicio la estigmatización de los medios occidentales, de Washington y de Bruselas respecto a La Habana.

Así, la prensa occidental engaña a la opinión pública cuando presenta a Cuba como el principal violador de los derechos humanos en el continente americano. Estados Unidos, por su parte, no puede justificar de ningún modo la imposición de las sanciones económicas por la situación de los derechos humanos en la isla y debe eliminarlas. En efecto, no sólo no tiene ninguna autoridad moral para disertar sobre este tema en vista su propia situación, sino que además la mayoría de los países del continente presenta una situación peor que la de Cuba.

En cuanto a la Unión Europea, debe poner fin a la Posición Común , que es discriminatoria y poco creíble por las mismas razones, y normalizar las relaciones con La Habana. Conviene ahora evaluar la autoridad moral de Bruselas sobre esta cuestión.

Salim Lamrani.

Fuente: http://rebelion.org/noticia.php?id=108084

Notas

(1) Salim Lamrani, « Cuba, los medios occidentales y el suicidio de Orlando Zapata Tamayo », Rebelión , 2 de marzo de 2010.

(2) Salim Lamrani, Cuba. Ce que les médias ne vous diront jamais (París: Editions Estrella, 2009), pp. 121-134.

(3) Ibid. , pp. 21-36.

(4) Amnistía Internacional, « Informe 2010. La situación de los derechos humanos en el mundo», mayo de 2010. (Sitio consultado el 7 de junio de 2010).

(5) Ibid. , pp. 87-88.

(6) Amnesty International , « Cuba. Cinco años de más. El nuevo Gobierno debe liberar a los disidentes presos », 18 de marzo de 2008. (sitio consultado el 23 de abril de 2008).

(7) Amnistía Internacional, « Informe 2010. La situación de los derechos humanos en el mundo », mayo de 2010, op. cit. 87-88.

(8) -(9) Id.

(10) Ibid. , pp. 105-109

(11) - (20) Id.

(21) Ibid. , pp. 48-52.

(22) - (25) Id.

(26) Ibid. , pp. 62-63.

(27) - (30) Id.

(31) Ibid. , pp. 72-76

(32) - (36) Id.

(37) Ibid. , pp. 210-14.

(38) - (42) Id.

La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana (Ernesto Laclau)

La ruptura populista ocurre cuando tiene lugar una dicotomización del espacio social por la cual los actores se ven a sí mismos como partícipes de uno u otro de dos campos enfrentados. Implica la equivalencia entre las demandas insatisfechas, la cristalización de todas ellas en torno de ciertos símbolos comunes y la emergencia de un líder. Esto no anticipa nada acerca de los contenidos ideológicos del viraje populista. En el caso venezolano, la transición hacia una sociedad más justa requería el desplazamiento de la elite, para lo cual era necesario construir un nuevo actor colectivo –cuyo símbolo es el bolivarianismo y cuyo emergente es Hugo Chávez– a través de una ruptura populista.

¿Cuándo se produce una ruptura populista? La condición ineludible es que haya tenido lugar una dicotomización del espacio social, que los actores se vean a sí mismos como partícipes de uno u otro de dos campos enfrentados. Construir al pueblo como actor colectivo significa apelar a «los de abajo», en una oposición frontal con el régimen existente. Esto implica que, de una forma u otra, los canales institucionales existentes para la vehiculización de las demandas sociales han perdido su eficacia y legitimidad, y que la nueva configuración hegemónica –el nuevo «bloque histórico», para usar la expresión gramsciana– supondrá un cambio de régimen y una reestructuración del espacio público.

Esto no anticipa, desde luego, nada acerca de los contenidos ideológicos del viraje populista. Ideologías de la más diversa índole –desde el comunismo hasta el fascismo– pueden adoptar un sesgo populista. En todos los casos estará presente, sin embargo, una dimensión de ruptura con el estado de cosas actual que puede ser más o menos profunda, según las coyunturas específicas. Dos autores franceses, Yves Meny e Ives Surel1, han sostenido, desde este punto de vista, que no hay política que no tenga algún matiz populista. El corolario es que, desde mi punto de vista, la categoría de populismo no implica necesariamente una evaluación peyorativa, lo que no significa, desde luego, que todo populismo sea, por definición, bueno. Si los contenidos políticos más diversos son susceptibles de una articulación populista, nuestro apoyo o no a un movimiento populista concreto dependerá de nuestra evaluación de esos contenidos y no tan solo de la forma populista de su discurso.

En mis trabajos sobre el tema he introducido la distinción entre la lógica social de la diferencia y la de la equivalencia. Por la primera entiendo una lógica eminentemente institucionalista, en la que las demandas sociales son individualmente respondidas y absorbidas por el sistema. La prevalencia exclusiva de esta lógica institucional conduciría a la muerte de la política y a su reemplazo por la mera administración. La fórmula de Saint-Simon –«del gobierno de los hombres a la administración de las cosas»– es la expresión cabal de esta utopía de una sociedad reconciliada y sin antagonismos, y no es sorprendente que Marx la haya adoptado para describir la sociedad sin clases que sucedería a la extinción del Estado.

En el caso de la lógica de la equivalencia las cosas ocurren de modo diferente, y la base de su prevalencia debe encontrarse en la presencia de demandas que permanecen insatisfechas y entre las que comienza a establecerse una relación de solidaridad. Si grupos de gente cuyas demandas de vivienda, por ejemplo, no son satisfechas advierten que otras demandas de transporte, empleo, seguridad, suministro de bienes públicos esenciales, no son tampoco satisfechas, en tal caso comienza a establecerse entre ellas una relación de equivalencia. Todas ellas empiezan entonces a ser vistas como eslabones de una identidad popular común que está dada por la falla de su satisfacción individual, administrativa, dentro del sistema institucional existente. Esta pluralidad de demandas comienza entonces a plasmarse en símbolos comunes y, en un cierto momento, algunos líderes comienzan a interpelar a estas masas frustradas por fuera del sistema vigente y contra él. Éste es el momento en que el populismo emerge, asociando entre sí estas tres dimensiones: la equivalencia entre las demandas insatisfechas, la cristalización de todas ellas en torno de ciertos símbolos comunes y la emergencia de un líder cuya palabra encarna este proceso de identificación popular.

Como puede verse, el populismo es una cuestión de grado, de la proporción en que las lógicas equivalenciales prevalecen sobre las diferenciales. Pero la prevalencia de una u otra nunca puede ser total. Nunca habrá una lógica popular dicotómica que disuelva en un ciento por ciento el aparato institucional de la sociedad. Y tampoco habrá un sistema institucional que funcione como un mecanismo de relojería tan perfecto que no dé lugar a antagonismos y a relaciones equivalenciales entre demandas heterogéneas. Todo análisis político debe comenzar por determinar la dispersión de hecho de las demandas, tanto en el campo de la sociedad civil como en el espacio público. No es casual que uno de los blancos de la crítica de los defensores del statu quo haya sido siempre el populismo, dado que lo que ellos más temen es la politización de las demandas sociales. Su ideal es el de una esfera pública enteramente dominada por la tecnocracia.

Es dentro de esta perspectiva que debe considerarse la situación latinoamericana actual. Nuestros países han heredado dos experiencias traumáticas e interrelacionadas: las dictaduras militares y la virtual destrucción de las economías del continente por el neoliberalismo, cuyo epítome han sido los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI). Digo que están interrelacionadas porque, sin dictaduras militares, habrían sido imposibles políticas tales como las reformas de los Chicago boys en Chile o la gestión suicida de José Alfredo Martínez de Hoz en Argentina (el adjetivo «suicida» ha sido utilizado por un autor inglés, Duncan Green2, para referirse a la eliminación por parte de la dictadura argentina de las tarifas y los controles de las importaciones, al mismo tiempo que se mantenía un peso sobrevaluado; el resultado fue que el país resultó inundado por productos importados baratos que condujeron a una caída desastrosa de la producción industrial local).

Las consecuencias de esta doble crisis son claras: una crisis de las instituciones como canales de vehiculización de las demandas sociales, y una proliferación de estas últimas en movimientos horizontales de protesta que no se integraban verticalmente al sistema político. El movimiento piquetero en Argentina, el movimiento de los Sin Tierra en Brasil, el zapatismo en México (al menos en sus fases iniciales) son expresiones claras de esta tendencia, pero fenómenos comparables pueden encontrarse en prácticamente todos los países latinoamericanos. Vemos aquí la plena operación de la distinción entre «equivalencia » y «diferencia» a la que antes me he referido. La canalización puramente individual de las demandas sociales por parte de las instituciones está siendo reemplazada por un proceso de movilización y politización creciente de la sociedad civil. Éste es el real desafío en lo que concierne al futuro democrático de las sociedades latinoamericanas: crear Estados viables, que solo pueden serlo si el momento vertical y el momento horizontal de la política logran un cierto punto de integración y de equilibrio.

Es conocido el proceso a través del cual, durante la década del 90, la represión social y la desinstitucionalización fueron condiciones de la implementación de las políticas de ajuste. Piénsese en el abuso de los «decretos de necesidad y urgencia» por parte de Carlos Menem; en el estado de sitio seguido por una violenta represión sindical en Bolivia en 1985; en el uso de la legislación antiterrorista para los mismos fines en Colombia; en la disolución del Congreso peruano por Alberto Fujimori; o en la violenta represión por parte de Carlos Andrés Pérez de las movilizaciones populares subsiguientes a la suba astronómica del precio de la gasolina en 1989. El fracaso del proyecto neoliberal a fines de los 90 y la necesidad de elaborar políticas más pragmáticas, que combinaran los mecanismos de mercado con grados mayores de regulación estatal y de participación social, condujeron a regímenes más representativos y a lo que se ha dado en llamar un giro general hacia la centroizquierda. Es decir que la viabilidad de estos nuevos regímenes requería un cambio en la forma del Estado que articulara de un modo también nuevo las dos dimensiones que hemos señalado.

Es aquí donde encontramos una serie de variantes regionales cuya comparación pone más claramente a la luz la especificidad de la experiencia venezolana. En los casos de Chile y de Uruguay, la dimensión institucionalista ha predominado sobre el momento de ruptura en la transición de la dictadura a la democracia, por lo que pocos elementos populistas pueden encontrarse en estas experiencias; en tanto que en el caso venezolano el momento de ruptura es decisivo. Argentina y Brasil están en una posición intermedia. En Chile, la transición a la democracia fue un proceso relativamente pacífico y paulatino, dominado por el lema de la reconciliación; en tanto que en Uruguay no hubo ninguna acción pública contra los represores, tal como la llevada a cabo por Néstor Kirchner en Argentina.

En el caso venezolano, la transición hacia una sociedad más justa y democrática requería el desplazamiento y la ruptura radical con una elite corrupta y desprestigiada, sin canales de comunicación política con la vasta mayoría de la población. Es decir que cualquier avance demandaba un cambio de régimen. Pero para lograrlo, era necesario construir un nuevo actor colectivo de carácter popular. Es decir que, en nuestra terminología, no había posibilidad alguna de cambio sin una ruptura populista. Ya hemos señalado los rasgos definitorios de esta última, todos los cuales están presentes en el caso chavista: una movilización equivalencial de masas; la constitución de un pueblo; símbolos ideológicos alrededor de los cuales se plasme esta identidad colectiva (el bolivarismo); y, finalmente, la centralidad del líder como factor aglutinante. Éste es el factor que más polémicas despierta en el sentido de las presuntas tendencias en Chávez a la manipulación de masas y a la demagogia. Y, sin embargo, los que razonan de este modo no cuestionan la centralidad del líder en todos los casos. ¿Habría sido concebible la transición a la Quinta República en Francia sin la centralidad del liderazgo de Charles de Gaulle? Es característico de todos nuestros reaccionarios, de izquierda o de derecha, que denuncien la dictadura en Mario pero la defiendan en Sila.

Lo que sí constituye una legítima cuestión es si no hay una tensión entre el momento de la participación popular y el momento del líder, si el predominio de este último no puede llevar a la limitación de aquélla. Es verdad que todo populismo está expuesto a este peligro, pero no hay ninguna ley de bronce que determine que sucumbir a él es el destino manifiesto del populismo.

En África, por ejemplo, después de la descolonización, hemos asistido a la degeneración burocrática del populismo en el caso de Mugabe, pero también hemos visto un populismo democrático y altamente participativo en el gobierno de Nyerere. Ahora bien, en la experiencia venezolana no hay indicios que nos permitan sospechar que una tendencia a la burocratización habrá de prevalecer. Por el contrario, a lo que asistimos es a una movilización y autoorganización de sectores previamente excluidos, que ha ampliado considerablemente las dimensiones de la esfera pública. Si hay un peligro para la democracia latinoamericana, viene del neoliberalismo y no del populismo.

Es por eso que es tan importante la consolidación del Mercosur y el rechazo definitivo al proyecto del ALCA, que habría significado la subordinación de nuestros países a los dictados de la política económica estadounidense (que no hesita en practicar, contra todas las recetas neoliberales, un proteccionismo abierto cuando se trata de defender sus intereses). Las perspectivas políticoeconómicas de América Latina son hoy más promisorias que en mucho tiempo, y Venezuela está jugando en relación con ellas –junto con otros regímenes progresistas del continente– un papel fundamental.


Ernesto Laclau

Fuente: “Revista de la CEPAL”, Agosto de 2006, Santiago de Chile, No 89. En la web: http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/El%20populismo%20y%20la%20centroizquierda%20latinoamericana.pdf

Pero entonces, ¿los activistas de la flotilla eran buenos o malos? (Santiago Alba Rico)

Leía ayer en El Mundo una noticia estremecedora: en la ciudad petrolera de Hassi Messaud, en el sudeste de Argelia, decenas de trabajadoras solteras, divorciadas y viudas son cotidianamente insultadas, humilladas, robadas y agredidas por vivir solas. Este hostigamiento, apenas reprimido por la policía, se viene repitiendo desde hace muchos años y alcanzó su expresión más violenta la noche del 12 de julio de 2001 cuando 300 hombres armados asaltaron las casas de las pecadoras, las desnudaron y violaron, procediendo luego a quemar o a enterrar vivas a algunas de ellas. El pasado 25 de abril, la psicóloga Charifa Buata creó, junto a otras mujeres y organizaciones feministas, un Colectivo de Solidaridad para defender su derecho a vivir y trabajar en las condiciones que ellas elijan, sin la “protección” de un hombre.

En principio, la noticia me pareció impecable desde el punto de vista periodístico, pero enseguida reparé en que se ajustaba poco al modelo que se aplica a otras cuestiones. Por comparación, resultaba —cómo decirlo— poco “equidistante”. El responsable de la información, ¿no habría tenido que darnos también la versión de los 300 hombres justicieros o al menos de su portavoz autorizado? ¿No estaban defendiendo esos buenos padres de familia su virilidad amenazada, su identidad religiosa insultada, las tradiciones del país y el honor de su población? Y las mujeres así tratadas, ¿no eran en realidad unas provocadoras que daban el mal ejemplo de su criminal independencia? ¿No eran unas desvergonzadas fornicadoras? ¿No eran además violentas y agresivas? ¿No trataron quizás de protegerse mientras los 300 virtuosos las golpeaban y desnudaban o, aún más, no intentaron ellas mismas golpear con el puño a los que estaban salvándolas a cuchilladas de sus propios errores y desmanes? ¿No merecían tal vez lo que les pasó? Y en cuanto a esa tal Charifa Buata, ¿no es una entrometida a la que hay que parar los pies? ¿Una puta feminista, amiga de artistas y maricones, que viene de fuera a violar la paz de la ciudad?

Así contada, la noticia habría sido sin duda mucho más “equidistante”: si 300 hombres armados de cuchillos desnudan, violan y matan a mujeres solas en sus casas, esos hombres tendrán derecho a dar su versión, a justificarse, a degradar a las víctimas, a defender su conducta. Lo tendrán ante un juez, sí. ¿Pero también en los medios de comunicación?

La noticia de El Mundo sobre las mujeres de Messaud no es “equidistante”, pero sí de una razonable objetividad: describe hechos probados, constitutivos de delito, y excluye además toda posibilidad subjetiva de identificación con los agresores. Es verdad que, rescatada precisamente en este momento y en esa portada, su “objetividad” alimenta la visión islamófoba dominante y hasta cabe maliciarse que ésa es la verdadera razón de que los lectores tengan acceso ahora a una información que, en la distribución de la página, sólo bajo las declaraciones de Netanyahu contra el “terrorismo islámico” cobra vida y sentido. Pero es esta misma “objetividad” de la noticia argelina, tan refinadamente manipuladora, la que ilumina de pronto todo el refinamiento manipulador de la “equidistancia” aplicada a las noticias sobre Israel y la Flota de la Libertad. La objetividad de un caso contrasta con la equidistancia del otro y revela la intención fraudulenta de ambas. Una y otra —objetividad y equidistancia— pueden usarse, y se usan cotidianamente, contra la ética y contra la verdad.

Lo cierto es que, si la objetividad no es la regla que guía a nuestros periódicos, salvo para promocionar una mentira, tampoco lo es la equidistancia, salvo para minar la objetividad. Nadie puede negar que en estos días los medios han recogido el punto de vista de los activistas que viajaban en la Flotilla, han difundido sus declaraciones y no han silenciado las más contundentes condenas y denuncias. Quedarse ahí habría significado apostar por la objetividad. ¿Por qué había que recurrir en este caso a la “equidistancia”? Los medios de comunicación españoles no suelen hacerlo en el caso de Iraq, donde la resistencia permanece en la penumbra, o de Afganistán, cuyos talibanes son malvados mudos, ni tampoco con Hizbullah o Hamas, a los que nunca preguntan su “versión” de los hechos, aunque sus países sean bombardeados y sus conciudadanos asesinados; y tampoco —huelga decirlo— se usa con ETA, a la que jamás se ha cedido la palabra, en nombre de la equidistancia, después de un atentado mortal. ¿Por qué entonces sí con los asesinos de Yildirin, Bengi, Kiliçiar y sus compañeros turcos? Bueno, es muy sencillo: si de lo que se trata es de defender a Israel y no se puede silenciar a las víctimas, si hay que contar la verdad desactivando todos sus efectos, entonces la equidistancia es la herramienta adecuada.

Tras atacar mortalmente la Flota, Israel secuestró a los supervivientes, a los heridos y a los muertos; y secuestró también la información. Ningún medio denunció este colofón natural de los crímenes anteriores. Al contrario, todos aceptaron como “fuente” de información a los portavoces de los asesinos y los secuestradores, de manera que, como certeramente indica Samuel en su blog Quilombo (http://www.rebelion.org/noticia
php?id=107240), el marco mismo de construcción de la noticia quedó en manos israelíes. El gobierno israelí no negó los hechos: reconoció que la nave estaba en aguas internacionales, reconoció haberla asaltado, reconoció haber matado a algunos de sus pasajeros. Reconoció, en definitiva, su crimen. Pero enseguida impuso la convicción de que, más allá de la objetividad, la verdadera cuestión era la de saber si los activistas eran buenos o malos chicos y si, por lo tanto, con arreglo a la definición religiosa de “terrorismo”, aceptada ya por casi todos, contra ellos estaba o no todo permitido. Sobre los hechos no había discusión, pero sobre la catadura moral de los muertos y los supervivientes sí. Aquí había por fin dos versiones, y se abría por tanto la posibilidad maravillosa, más allá de la objetividad, y mucho más decisiva, de la equidistancia. Los medios han aceptado con entusiasmo el debate; también el ministro Moratinos, que se ha declarado dispuesto a “escuchar lo que tengan que decir” los tres activistas españoles (como si tuviese que juzgar sus voces y su tono y esperar a penetrar su alma con la mirada para valorar lo ocurrido). Pero lo malo es que lo han aceptado los propios activistas.

De lo que se trata ahora es de saber si los pasajeros de la Flota de la libertad eran buenos o no, si eran realmente pacifistas, si llevaban o no armas y si su intención era sinceramente humanitaria. Israel, con la complicidad de los medios de comunicación, ha conseguido desplazar la atención de la objetividad de los hechos a la subjetividad de las voluntades; ha conseguido desplazar el centro de gravedad del derecho a la religión. Todas las religiones —incluidas las tres monoteístas— han insistido siempre en la necesidad de que la víctima sacrificial sea pura y sin tacha, porque es precisamente su pureza la que la hace digna de los dioses: la inclinación a hablar siempre bien de los muertos, y especialmente de los asesinados, es un residuo de esta mentalidad sacrificial que el Levítico reglamenta rigurosamente, pero que podemos encontrar igualmente en Grecia. La idea de justicia, tal y como la formuló primero Sócrates y más adelante el derecho penal, rompió con este concepto religioso de la víctima como catalizador subjetivo de la violencia. Lo que importa, a los ojos de la ley, no es la moralidad del agredido sino la acción del agresor. Israel, al negar no el acto sino la pureza de la víctima, restablece precisamente la lógica del sacrificio, en la que los propios activistas quedan atrapados con sus reclamaciones de inocencia. El resultado es que, al leer estos días los periódicos, uno tiene que estar muy atento para no dejarse arrastrar por tres falsas evidencias que se imponen con la aceptación misma del debate:

- La de que el delito era romper y no imponer el bloqueo de Gaza.

- La de que el delito era defender, y no atacar, el barco.

- La de que, en definitiva, es más violento el hecho de afirmar la legalidad que el de violarla.

Un gran éxito, como se ve, de la estrategia mediática, cuya “equidistancia” consigue el efecto prodigioso —abracadabra— de voltear por entero la objetividad de los hechos. A igual distancia de unos y otros, las víctimas no podrán ser nunca lo bastante inocentes —por más corazas y uñas que se quiten— como para no resultar fallidas y, por tanto, susceptibles de exterminio. Así lo decía el periódico italiano Il Giornale en su portada del 2 de mayo: “Mueren diez amigos de los terroristas. Israel hizo bien en disparar”. Dispararon infringiendo la ley, sí, pero dispararon contra los malos.

Cuanto menos se cumple, y justamente porque no se cumple, más creo en el derecho como mínima fuente de objetividad que nos impide deslizarnos al ámbito religioso, donde la partida la ganarán siempre los más fuertes. La violencia que la aniquila mancha además a la víctima: eso es religión. Frente a ella —y frente a la equidistancia proisraelí de los medios— es necesario recordar aquí, para terminar, lo que nadie se ha atrevido a decir:

- Que los principios ideológicos del movimiento Free Gaza y la Fundación IHH, así como la desigualdad asumida de fuerzas, excluyen la posibilidad de que los pasajeros de la nave asaltada llevasen armas. Si las hubiesen tenido —y destructivas y poderosas— quizás Israel se lo hubiese pensado dos veces antes de atacarlos. Pero lo que hay que decir es que si las hubiesen tenido, si los pacifistas hubiesen tenido armas e Israel les hubiese atacado, entonces habrían tenido el derecho y, aún más, la obligación de defenderse. Y a continuación también el derecho —también la obligación— de sentirse buenos.

No cabe esperar que la ONU tenga la decencia de condecorar y asignar sueldos póstumos a los nueve de Turquía por haber hecho lo que tendría que hacer ella. Pero lo cierto es que la Flota de la Libertad, con sus cincuenta nacionalidades a bordo, fue por unos días, navegando por el Mediterráneo, la ONU en la que todos queremos refugiarnos.



Santiago Alba Rico

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=107335

Desigualdad y violencia en América Latina

Desigualdad y violencia son dos términos muy utilizados en el lenguaje común de hoy. Pero más allá de limitarse a analizar uno o varios casos concretos para tratar de hallar una relación entre ambos conceptos, en este artículo lo que propongo es una reflexión distanciada y crítica acerca del estado de la cuestión en general, para toda América Latina, por lo que el grado de abstracción es alto.

Tanto la percepción como el estudio de la violencia se encuentran hoy limitados por un falso sentido de urgencia que inevitablemente nos impulsa a tratar de actuar sin llegar a comprenderla enteramente (Zizek, 2009). Medidas como la prohibición de videojuegos violentos en Venezuela son un claro ejemplo: los altos índices de criminalidad (atracos, asesinatos, violaciones…) empujan a un gobierno a tomar medidas de carácter político-electoral que nos introducen en debates absurdos cuyo efecto final (aunque no sea intencionado) es el de impedirnos pensar. El papel que se les otorga a las víctimas escogidas por los gobiernos y medios de comunicación, la empatía que se trata de generar hacia ellas, cumple la misma función de señuelo. El propio sentimiento de rechazo que suscita un acto violento nos obliga a distanciarnos para poder reflexionar de forma científica, productiva y crítica. Este necesario distanciamiento permite a sí mismo mantener una postura “políticamente incorrecta” que nos ayude a escapar del discurso liberal-progresista de condena a la violencia sin más.

Por otra parte, este artículo pretende apartarse también de la falsa actitud tolerante que forma parte del pensamiento hegemónico, aquella que procura naturalizar la desigualdad política y económica convirtiéndola en diferencias culturales de tal modo que queden neutralizadas como algo dado, imposible de ser combatido o superado (Zizek, 2007). La tolerancia y el multiculturalismo liberales aspiran a una culturización de la política que convierta en invisibles y deje intactas las condiciones que generan la desigualdad y la violencia más visibles.


LA DESIGUALDAD…:

La desigualdad es un hecho social muy complejo que expresa la existencia de diferencias en las posibilidades de desarrollo, tanto individual como colectivo, consecuencia de la interrelación de diferentes factores. Las barreras que impiden la igualdad son de diferente naturaleza, por lo que nunca podrá analizarse la inequidad a través de un solo indicador. No puede reducirse, en consecuencia, a una simple cuestión de diferencia de ingresos, aunque desde luego este es uno de los condicionantes más importantes. Otros factores destacables en la construcción de la desigualdad son: la alta vulnerabilidad de determinados grupos sociales (por cuestiones de pertenencia a una etnia, género, edad…), el desigual acceso a la educación y la sanidad (que determina no sólo el desarrollo social del individuo, sino también el físico) y la segregación socio-espacial (entre regiones, zonas urbanas y rurales, dentro de las propias urbes…) (Fernández, 2007). Habría que añadir como característica intrínseca de la desigualdad que se reproduce a sí misma y se transmite de generación en generación, creando un círculo vicioso del que cuesta escapar.

No se puede explicar la equidad o inequidad social como estructura de oportunidades de desarrollo sin referirse a las clases sociales y a la estratificación social. La noción de clase social supone que existen grupos sociales perdurables, caracterizados por un acceso diferencial al poder y a las posibilidades de vida, para los cuales la acción colectiva está en gran medida determinada por intereses que a su vez están influidos por las posiciones que ocupan los miembros del grupo dentro de la estructura social. Estos intereses trascienden lo puramente subjetivo, van más allá de los intereses privados de los sujetos, de tal forma que la acción colectiva que conducen no desaparece por el hecho de que se satisfagan los intereses particulares de los miembros del grupo (Atria, 2004). Las clases sociales se reproducen (más que como herencia, como transferencia) y crean organizaciones de clase a través de las cuales manifiestan su presencia en la sociedad. El hecho de que se excluya el concepto “clase social” de la mayoría de publicaciones oficiales de organizaciones como la OIT o la CEPAL es sintomático del sesgo ideológico que ocupa estos estudios: dado el origen marxista del término y su consiguiente alusión a nociones como conflicto, privilegio o explotación, tiende a ser excluido como herramienta analítica, lo que necesariamente implica pasar por alto aspectos muy relevantes de la dinámica social contemporánea (Portes y Hoffman, 2003).

En América Latina y el Caribe se han producido profundos cambios en las últimas décadas, tanto a nivel político como a nivel económico y a nivel social. Las transformaciones recientes de índole neoliberal no han supuesto ningún cambio cualitativo en cuanto a la superación de la desigualdad, más bien al contrario, en muchos países ha empeorado tanto la inequidad como la vulnerabilidad de amplias capas de la población hasta el punto de que la CEPAL considera que América Latina es la región más desigual del mundo. La incorporación segmentada de la población a la actividad económica, los elevados costes sociales (que sobre todo repercutieron en las clases históricamente más vulnerables) que exigieron los programas de ajuste y apertura y la ausencia de políticas públicas auténticamente redistributivas, demasiado centradas en colectivos o grupos sociales concretos o imbuidas de un carácter paternalista, fueron algunos de los fenómenos que agravaron la polarización social, es decir, “la segmentación de la sociedad en grupos sociales con posibilidades dispares de desarrollo social, que se reproducen en círculos viciosos, profundizando la brecha social […] impidiendo el desarrollo social y equitativo” (Fernández, 2007). La desigualdad actual, por tanto, no sólo implica que persisten los fenómenos de la pobreza, la marginalidad, la exclusión…, sino que además constituye un factor inhibidor del crecimiento económico y también repercute de forma muy negativa en los niveles de legitimidad del régimen o del Estado que la sufre/promueve: las desigualdades extremas inciden de forma directa en las capacidades del ser humano y el hecho de que se reproduzcan de una generación a otra viola hasta los principios básicos de justicia social del liberalismo (Paramio, 1994).

Uno de los grandes problemas de América Latina es que los periodos de crecimiento económico no han significado una reducción de la inequidad, al contrario, los estudios de organizaciones internacionales como la CEPAL o el Banco Mundial parecen confirmar que crecimiento económico y desigualdad se han reforzado mutuamente. Por otra parte, los escasos avances logrados a lo largo de la historia en el campo social han sido rápidamente suprimidos durante las épocas de crisis: lo que costó décadas construir es inmediatamente disuelto cuando la coyuntura económica es desfavorable. En 2005, el 20% de la población más rica de América Latina obtiene más del 75% de la riqueza, mientras que el 20% más pobre se reparte tan solo el 1,5% (PNUD, 2005). Cabe destacar que el 75% de la población empleada no genera ingresos suficientes con su trabajo para escapar del umbral de pobreza, mientras que un alto porcentaje de la población que supera este umbral se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema, es decir, es mucho más probable que desciendan en la escala social a que se mantengan o asciendan. Pese a que no existe una relación lineal entre desigualdad y niveles de ingreso, se puede observar que la tendencia general de la región consiste en que a una distribución más desigual del ingreso, le corresponde un mayor índice de pobreza (que no obstante también se trata de un fenómeno social multidimensional, caracterizado por la privación de las capacidades para satisfacer las necesidades básicas).

El acceso desigual a educación, uno de los factores clave en la reproducción de la inequidad, significa que determinados segmentos sociales ven bloqueado el principal vehículo de movilidad e inclusión social del que disponen los más desfavorecidos. En 2005, sólo un 20% de los jóvenes cuyos padres no lograron terminar la educación primaria lograron terminar la secundaria (un 60% en el caso de aquellos cuyos padres cursaron 10 o más años de estudios) (CEPAL, 2005). Se trata de un hecho alarmante, aún más en tanto ya no se puede confiar en ninguno de los tres factores que Figueira señala como tradicionales vehículos de la movilidad social ascendente: ni en una futura expansión de la economía nacional que pueda elevar el nivel de vida a toda una clase social; ni en la diferencia de fecundidad entre los estratos sociales más altos (baja fecundidad) y los más bajos (alta fecundidad), que teóricamente permitiría a algunos individuos ascender socialmente; ni si quiera en que el desplazamiento (campo-ciudad, por ejemplo) vaya a permitir encontrar mejores oportunidades (Figueira, 2001). Los otros factores que dicho autor añade, como las políticas de los distintos gobiernos y el capital social, si bien han supuesto una mejoría en las condiciones de vida de determinados grupos sociales, en especial las clases medias, no han sido rival ante el avance triunfal del capital y por tanto han fracasado a la hora de tratar de reducir las desigualdades.

La pertenencia étnica o la cuestión de género se entrelazan con los distintos niveles de ingreso y el acceso desigual a la educación, reproduciendo construcciones sociales que ya en su origen fueron formuladas en base a criterios de desigualdad social. Aunque en algunos casos se trate de distinciones realizadas hace siglos, el capitalismo ha sabido utilizar (y en muchos casos agravar) estas construcciones jerárquicas sociales, de modo que las desigualdades en base a la etnia o el género son perfectamente constatables en la variable del mercado de trabajo, por ejemplo. En este ámbito destacan los altos porcentajes de indígenas y afro-descendientes que ocupan los estratos socio-económicos inferiores y sufren una alta concentración en empleos precarios y situados en el sector informal de la economía, es decir, sin ningún tipo de derecho ni prestación social (aunque cabe destacar que el sector informal ocupa a la mayor parte de los empleados en Latinoamérica, independientemente de la etnia); o el hecho de que las mujeres en general ostenten los niveles más bajos de remuneración salarial y cobren menos que los hombres por realizar el mismo trabajo o más (los datos varían de un país a otro, pero esta es la tónica general).

La desigualdad socio-espacial interactúa con los otros elementos (como ya he dicho estos se suman, se relacionan, no se excluyen mutuamente), generando enormes diferencias entre distintas regiones de un mismo país (por ejemplo diferencias entre la costa y el interior, como en Argentina), entre el campo y la ciudad (normalmente son dos o tres ciudades principales en cada país, que atraen casi todo el volumen de inversiones, generación de nuevos empleos…) y entre zonas dentro de una misma ciudad (como ocurre con las barriadas marginales y bolsas de pobreza en ciudades como Caracas o Buenos Aires).


…Y LA VIOLENCIA:

Si entendemos que la violencia son actos visibles de crimen, terror, disturbios…, podemos afirmar que el problema de los altos niveles de violencia no es nuevo en América Latina, especialmente en algunos países como Colombia y El Salvador, envueltos desde hace décadas en crueles luchas intestinas. Pero también podemos afirmar que desde la década de 1980 (en gran medida debido a las reformas neoliberales) la contracción del empleo formal y el aumento de la desigualdad han agravado la situación: el nuevo régimen de “mercado de todos contra todos” ha empujado a miembros de las clases más perjudicadas a buscar justicia fuera del marco normativo, trayendo como consecuencia un aumento de la inseguridad y de la criminalidad (véase el caso de El Salvador, donde muere más gente de forma violenta cada año que durante la época de guerra civil entre ejército y guerrilla). La situación es tal que llega a afectar a la tasa de mortalidad general, especialmente en las grandes urbes, donde coexisten los beneficiados por la apertura neoliberal y los damnificados, invisibles para el sistema pese a que constituyan la mayoría de la población (lo que nos lleva a hablar también de la privación relativa como una posible causa del aumento de la violencia): en 2002 aproximadamente un 38% de los hogares de América Latina cuenta con al menos un miembro de la familia que ha sufrido la victimización de la violencia (Portes y Hoffman, 2003, p. 32).

Como ocurre con la pobreza, no existe una relación lineal entre desigualdad del ingreso y tasas de criminalidad violenta, aunque la tendencia general es que a mayor desigualdad, mayores índices de criminalidad violenta. Sin embargo, es necesario distanciarse de esa violencia “subjetiva” (Zizek, 2009, p. 9) que nos fascina y repugna al mismo tiempo (el navajazo en el callejón, el asesinato en comisaría, el atraco al banco, la quema del cajero automático…) para poder percibir y comprender las condiciones que generan estos arrebatos violentos. La criminalidad (violencia subjetiva) no es otra cosa que la cara visible de otras dos formas de violencia: la simbólica (referida al lenguaje, a la colonización del ser a través del saber, y también a la imposición de un universo de sentido) y la violencia sistémica (la que se deriva del funcionamiento de los sistemas político y económico, objetiva y anónima en tanto no se puede atribuir a individuos concretos) (Zizek, 2009).

Mientras que la violencia subjetiva se percibe como una alteración del estado normal de las cosas (pacífico), la violencia objetiva es precisamente la que sostiene esa supuesta normalidad no violenta, por lo que resulta invisible. Es la violencia inherente a las condiciones sociales impuestas por el capitalismo, aquellas que generan automáticamente individuos desechables (sacrificios necesarios para que el sistema siga funcionando), víctimas invisibles. A la hora de señalar responsables, resulta muy sencillo centrarse en el individuo que actúa mal y comete un acto de violencia subjetiva, pero no ocurre así con la violencia sistémica: la desigualdad, el hambre, la miseria…, parece que todo ocurriera debido a un proceso natural que nadie planea ni ejecuta.

Podemos considerar, por tanto, la desigualdad como una forma de violencia objetiva que hoy es impulsada y generada por el proceso de globalización, es decir, por el proceso de expansión capitalista. La criminalidad, los disturbios callejeros… que genera dicha desigualdad serían algunas de las formas subjetivas que cobra la violencia objetiva. Es decir, resulta un tanto ingenuo asumir que la criminalidad, por ejemplo, es resultado de una elección, como insinúan Portes y Hoffman (Portes y Hoffman, 2003, p. 31). Tampoco los saqueos y actos destructivos pueden considerarse como tales. Pongamos por caso el famoso “Caracazo” que tuvo lugar en 1989 en Venezuela (un ejemplo entre muchos de sucesos parecidos que han tenido lugar por toda Latinoamérica), donde miles de pobres y excluidos que vivían en las barriadas pobres que colman los cerros de Caracas invadieron la parte rica de la ciudad en un esfuerzo por hacerse visibles. El hecho de que la opción de las masas se situase entre aceptar las prohibiciones y limitaciones del programa de ajuste neoliberal que intentaba implantar Carlos Andrés Pérez o cometer un acto violento, ciego y desesperado (incluso poner muertos sobre la mesa) para tratar de forzar un “consenso democrático” que les facilitase su integración política y económica, indica claramente que no existe una verdadera sociedad basada en la libre elección. Lo que nos encontramos es un sistema objetivamente violento que obliga a realizar acciones subjetivamente violentas para reclamar cierta justicia social. La libre elección resulta ser, por tanto, un gesto formal de consentimiento respecto a la opresión y explotación: la elección es libre mientras se escoja la opción adecuada.

Otros sucesos, como el feminicidio que ha tenido lugar y tiene lugar en Ciudad Juárez (uno de los casos más famosos, pero lamentablemente no el único y ni si quiera el peor), dan cuenta de la desarticulación de la sociedad y la creciente desigualdad. “El monopolio de las creencias y el monopolio del poder político y el monopolio del poder económico y el monopolio de la conducta admisible se integran en un haz de voluntades tiránicas. Se margina a mayorías y minorías y se considera natural o normal su destino atroz” (Monsiváis, 2009). Son cerca de mil ya las jóvenes (oficialmente) asesinadas desde 1993, la mayor parte de ellas trabajadoras de las maquilas, mujeres pobres. El miedo al que es sometida la mujer en Ciudad Juárez garantiza su invisibilidad social, impide e impugna el supuesto desarrollo económico, por no hablar de la democracia capitalista. Sin embargo, todo esto sigue sin reconocerse, o solo se admite después de tremendas presiones, lo cual no implica que se esté haciendo nada para solventarlo: más bien al contrario, se utilizan sucesos como estos para transmitir el miedo, convirtiendo al terror en el principal agente movilizador de la sociedad. En otras palabras: casos llamativos de violencia subjetiva como el feminicidio de Ciudad Juárez (junto con el miedo y la repugnancia que suscita) son utilizados para ocultar y asegurar el funcionamiento de la violencia objetiva, sistémica, inseparable del desarrollo del capitalismo.

Pese a que este tipo de ejemplos nos incita a hacerlo, reducir la violencia a algo “malo” no deja de ser operación ideológica destinada a procurar la invisibilización de las formas fundamentales de violencia social, así como sus causas últimas (Zizek, 2009). Además del hecho de ignorar intencionadamente que puede existir una violencia emancipadora (pongamos por caso, las guerras de independencia o la violencia revolucionaria), cuando un liberal tolerante condena toda forma de violencia subjetiva, parece que en realidad lo que quiere decir es que resulta más beneficioso dejársela a la mano invisible del mercado. En ese sentido, la progresiva privatización de la solidaridad, del Estado, de la seguridad y hasta de la propia guerra, constituyen síntomas evidentes del camino que se está tomando.

De esta forma, aquellos que generan las mayores desigualdades, que ejercen los mayores niveles de violencia objetiva (de forma directa) así como subjetiva (de forma indirecta), como el recientemente galardonado con el título de individuo más rico del mundo, el mexicano Carlos Slim, se convierten por obra y gracia del mercado en los mayores filántropos de la historia: personajes como Slim o Bill Gates son dos de las personas que más dinero han donado contra el hambre, ciertas enfermedades, a organizaciones no lucrativas… Pero para dar, primero hay que tomar (o “crear”, según los más optimistas). Con la caridad, además de posponer la propia crisis capitalista restableciendo cierto equilibrio en la distribución de la riqueza, se teje una máscara que oculta la persecución despiadada del beneficio personal. El nuevo argumento para mantener y reproducir la desigualdad y el resto de formas que cobra la violencia objetiva o sistémica parece ser la propia desigualdad: en la medida que los ricos sean más ricos (y por lo tanto los pobres más pobres), tendrán más recursos para, de forma individual y privada, ayudar a cambiar el mundo.


REFERENCIAS:

- Atria, R. (2004). Estructura ocupacional, estructura social y clases sociales. Santiago de Chile: CEPAL – Serie Políticas Sociales, Nº 96.

- Barbero, J. M. (1998). Modernidades y destiempos latinoamericanos. Bogotá: Revista Nómadas Nº 8, p. 20-34.

- Briceño-León, R. (2002). La nueva violencia urbana en América Latina. Porto Alegre: Dossiê Sociologías, Nº 8, p. 34-51.

- CEPAL (2005), Objetivos de Desarrollo del Milenio: una mirada desde América Latina y el Caribe. En la red: http://www.cinu.org.mx/ODM/Documentos/ObjetivosDesarrollo/lnforme%20cepal%202005.pdf

- Figueira, C. (2001). La actualidad de viejas temáticas: sobre los estudios de clase, estratificación y movilidad social en América Latina. Santiago de Chile: CEPAL – Serie Políticas Sociales, Nº 51.

- Fernández Franco, L. (2007). Sociología de América Latina. Madrid: CECAL-Universidad Complutense de Madrid.

- Monsiváis, C. (2009). México en 2009: la crisis, el narcotráfico, la derecha medieval, el retorno del PRI feudal, la nación globalizada. Gijón: Abaco, Revista de cultura y ciencias sociales, Nº 58.

- PNUD (2005), Informe de Desarrollo Humano. En la red: http://www.undp.org/annualreports/2005/espanol/

- Paramio, L. (1994), Gobernabilidad democrática, violencia y desigualdad en América Latina. Salamanca: América Latina Hoy, p. 15-19.

- Portes, A. y Hoffman, K. (2003), Las estructuras de clase en América Latina: composición y cambios durante la época neoliberal. Santiago de Chile: CEPAL – Serie Políticas Sociales, Nº 68.

- Zizek, S. (2007), En defensa de la intolerancia. Madrid: Sequitur.

- Zizek, S. (2009), Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Barcelona: Paidós.