lunes, 4 de febrero de 2013

Avanzar retrocediendo


Últimamente he tenido que desempolvar libros. Entre ellos, uno de historia de Grecia. Entre muchas cosas interesantes, reencuentro a un personaje histórico que tenemos bastante olvidado. Se trata de Clístenes, político ateniense que vivió entre los años 570 y 507 a.C.

A Clístenes se le considera el “padre” de la democracia. Normalmente (y no sin razón) se recuerda que fue bajo su mandato cuando Atenas cambió la distribución señorial del poder por la distribución territorial. Evidentemente, este es un elemento indispensable para poder hablar de un régimen democrático: si el poder depende de familias de nobles o ricos no es posible afirmar que la ciudadanía decide nada, por mucho que legalmente pueda elegir (normalmente entre los propios ricos) quién ocupa un cargo político determinado. De nada sirve democratizar la política si el poder depende de la religión, de la economía o de la tradición. Además, Clístenes decidió que no era razonable que un cargo público terminase su mandato y pudiese, sin más, lavarse las manos. Este extraño aristócrata pensó que, puesto que había cumplido con un servicio público, ese cargo político debería ser juzgado por la ciudadanía una vez acabado su mandato y, si esta lo consideraba adecuado, podía expulsarle de la ciudad, condenarle al exilio por su mala actividad al servicio de la ciudad. Clístenes sabía que es vital para una democracia que la ciudadanía pueda fiscalizar la labor de los representantes de la misma, pero parece que nosotros nos hemos olvidado. O nos han engañado: en nuestras modernas plutocracias han creado un sistema “legal” que ampara, ancla y disfraza de democracia la dictadura de los ricos, la dictadura del capital. No se trata de unos sobres no declarados, sino de una estructura económica perversa en tanto que injusta, antidemocrática e incompatible con el ejercicio de la ciudadanía.

Un tiempo antes, otro personaje llamado Solón (638 – 558 a.C.), había abolido la esclavitud por deudas, esa forma de esclavitud “legal”, aceptada, mediante la cual una persona podía acostarse como ciudadana y despertarse como esclava por obra y gracia de una mala cosecha, un desastre natural, un ladrón, un rico codicioso, etc. Solón quizá estaba loco, pero pensaba que la condición económica no podía ser excusa, en ningún caso, para que el rico acabase con la vida política de una persona (con su ciudadanía) debido a la especulación o a cualquier otra triquiñuela mercantil. Pero Solón no era un soñador ni un utópico. Sabía muy bien que aunque la economía (la deuda) no deba ser causa de esclavitud, la vida se desarrolla bajo determinadas condiciones materiales. Quizá por eso promovió una reforma agraria, para otorgar a los ciudadanos de Atenas la base material para poder ejercer de hecho la ciudadanía: si una persona tiene que ocuparse y preocuparse 16 horas al día por su supervivencia, no tiene tiempo para acudir al ágora, no puede participar en las asambleas, no puede discutir con el resto de la ciudadanía qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué hacer y qué no hacer. Para ser ciudadano o ciudadana, es necesario disponer de tiempo libre, entendido este como tiempo “liberado”, tiempo para ti, desinteresado, libre de la carga que supone procurarse los medios de supervivencia. Si no tienes tiempo más que para trabajar en la cosecha o por un salario, ¿en qué momento puede alguien pararse a discutir lo que es bueno, lo que es verdadero y lo que es justo? Solón sabía todo esto, pero parece que nosotros lo hemos olvidado. O nos han engañado: tenemos un sistema “legal” que dice que es compatible vivir bajo un puente (o sin comida, sin sanidad, educación, etc.) con el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, entre los que destaca la participación directa en las decisiones de la ciudad, aquellas que afectan al conjunto de la ciudadanía. Prima el derecho del banquero a expulsar de su propiedad sobre el derecho de la ciudadanía a una vivienda digna, es decir, es “legal” que los ricos nieguen las condiciones materiales básicas para poder ser ciudadano o ciudadana a los pobres.

Todo esto significa que, por obra y gracia de un dictadorzuelo, un monarca limitado, media docena de presidentes, tres o cuatro instituciones económicas (antidemocráticas) internacionales y un puñado de “grandes” empresarios, hemos retrocedido al menos 2.500 años. O quizá más. Aristóteles (384 - 322 a.C.), otro gran pensador con cada día menos espacio en las aulas, pensaba que si los hombres conseguían que los molinos se moviesen solos, no harían falta esclavos. Marx (1818 - 1883 d.C.) le llamó la atención varios siglos después, cuando la tecnología hubiese podido hacer realidad el sueño aristotélico: lógicamente Aristóteles no podía prever la irrupción que supone el capitalismo en el devenir de la humanidad, no pudo ver su sueño convertido en pesadilla; al final, cuantos más molinos se mueven solos, nos encontramos jornadas laborales más largas, salarios más precarios, un ejército de parados creciente... No obstante, lo que si vio Aristóteles con claridad cristalina es que las distintas formas de gobierno pueden, fácilmente, corromperse. Ahora bien, para Aristóteles la corrupción no consistía simplemente en coger sobres, en aceptar sobornos de los ricos. La corrupción viene determinada por la confusión entre lo privado y lo público: el sistema político se corrompe cuando los gobernantes no saben, no quieren o no pueden distinguir o diferenciar su interés privado (o el de un grupo concreto) del interés general, del bien común. De la misma forma que Sócrates fue eliminado por poner en jaque el sistema “democrático” ateniense, parece que Aristóteles correría hoy la misma suerte y duraría menos que un elefante borracho ante un Borbón.

Ni las palabras ni los actos pacíficos parece que cuenten para los capitalistas, no es la razón la que les guía, sino el interés (privado) por acumular más capital. En consecuencia, quizá haya que replantearse la situación y retroceder en la historia, también nosotras, quienes luchamos por la emancipación. Avancemos, pues, en dirección contraria, rescatemos del pasado los símbolos, conceptos y herramientas necesarios para acabar con regímenes totalitarios. En realidad no hay que irse muy lejos para recuperar, por ejemplo, la guillotina, cuya afilada hoja marcó el comienzo de una lucha que aún hoy se está librando: al separar el cuerpo de la cabeza de quien usurpaba el lugar de las leyes se abrieron las puertas para la democracia. Si socialmente quieren convertirnos en un país decimonónico, nosotras les convertiremos a ellos en pollos sin cabeza, en malos recuerdos. No se trata simplemente de responder con violencia a la violencia: igual que no es lo mismo una ráfaga de ametralladora de Ernesto Guevara que un disparo de un soldado bajo las órdenes de Pinochet, no es lo mismo matar a alguien privándole de alimento, vivienda o sanidad, que eliminar a quien impide que los derechos (incluido una vida digna) se hagan efectivos, a quien consagra la muerte y la injusticia bajo el disfraz de legalidad y legitimidad. O la ley o sus normas arbitrarias; o el Derecho o sus privilegios; cada porrazo y cada detención lo deja más claro: o la guillotina o el golpe de Estado que supone la revolución neoliberal (barbarie). No se puede juzgar o perdonar a quien impide que esas palabras tengan sentido.

viernes, 28 de diciembre de 2012

Permisos y derechos


Si bien es cierto que no podemos caracterizar la televisión como el “reflejo de la realidad”, sí que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que la televisión refleja la ideología de la clase dominante. Por lo menos así es en los países capitalistas, donde asuntos tan delicados como la libertad de expresión fueron regalados a grandes corporaciones hace ya tiempo. Partiendo de este supuesto, resulta de lo más alarmante comprobar cuáles son los mensajes que nos transmite últimamente este aparato en el Estado español. En concreto me interesa lo que se está diciendo, cada vez más alto y con más descaro, acerca de lo que es el Derecho.

Hace unos días, enciendo la televisión y me ataca una película de acción en la que vemos a un agente de la CIA que tiene problemas de conciencia: está harto de explotar coches en otros países, de ametrallar enemigos, de cometer asesinatos en nombre de su gobierno y de la “seguridad nacional”. Parece estar tan abrumado que comenta su situación con otro colega de la CIA. Y este le responde que tiene razón, que “defender el país es cada día más complejo”. ¿De dónde viene esta complejidad? Del hecho de que “nosotros nos ponemos reglas a nosotros mismos que el enemigo no se pone”, y esto es así hasta tal punto que el comprensivo espía duda: “ya no sé en qué consiste mi trabajo”. Aquí tenemos una primera aproximación a lo que la clase dominante entiende por Derecho: es complejidad innecesaria, perjudicial. Para este agente de la CIA los derechos (humanos, sociales, ciudadanos, políticos, económicos, etc.) son un límite a su trabajo y por tanto un límite a la seguridad nacional. La idea de este sujeto es que “los terroristas” no respetan el Derecho mientras que “los buenos” sí lo hacen. La conclusión que necesariamente obtenemos de estas premisas es que el respeto a los derechos dificulta la esencial labor de la última línea de defensa que separa a los estadounidenses de la pérdida de su libertad (o incluso de una muerte atroz). El Derecho es, por tanto, una lastimosa fuente de complejidad que ata las manos de quienes tienen que tener las manos libres para cumplir la sacrosanta misión de defender la patria de un enemigo invisible que incluso “ataca desde dentro y a traición”. El Derecho es, por tanto, un estorbo, un dinosaurio del pasado que no ha sabido adaptarse a la nueva realidad, un fósil institucional que dificulta la lucha por la “libertad”, por mantener “el estilo de vida americano”. Cuánto más fácil sería capturar terroristas si todo EE.UU. se pudiese convertir en una gigantesca Guantánamo, cuánto más fácil sería proteger el concepto de la “libertad”, mantenerlo puro, si evitamos que los pueblos sean libres, cuánto más fácil sería proteger la “democracia” si los agentes encargados no tuviesen las manos atadas con insensateces como el Habeas Corpus, que obligan a perder el tiempo e incluso a soltar criminales...

Cansado de la retórica del film, agotado de tanto tiro y explosión que vienen a justificar los planteamientos del agente de la CIA preocupado con su trabajo, cambio de canal. Entonces me encuentro un alegre cacareo, una mesa de tertulianos de los que aparecen durante toda la mañana para hablar del tema que sea. Uno de esos programas en que todólogos y sicofantes se unen para esputar sus tristes opiniones a un público bovino. Es en este contexto donde encontramos otra de las puntas de lanza que utiliza la ideología dominante. Entre interrupciones, gritos, risas y palmadas en la espalda, empieza a vislumbrarse una idea que atraviesa el ambiente: el Derecho como algo antieconómico. Los neoliberales, que desde los años 70 vienen ocupando (y desmantelando) cada vez más el sector público, entienden que un derecho, como por ejemplo el derecho a una vivienda digna, no es más que una traba para el correcto desarrollo de los negocios y, consecuentemente, de la “libertad”. El Derecho se trata, por tanto, de una especie de conjunto de normas arbitrarias (“no hay nada en la razón, ni en la naturaleza, ni el el reino de los cielos que nos diga que los seres humanos debemos vivir en una vivienda digna”, dicen), un límite al desarrollo comercial y humano. Los derechos son, por tanto, un elemento antieconómico, algo así como una herencia que ya no podemos mantener. Plantean que son el resultado de haber tratado de vivir “por encima de nuestras posibilidades”: ahora que hay crisis, solo los necios y los comunistas (que vienen a ser lo mismo) se empeñan en mantener algo que no podemos mantener porque “no hay recursos suficientes”. Lo que nos dicen los tertulianos, por tanto, es que el Derecho es fruto de algo así como la bonanza económica y que, cuando falta el capital, hay que renunciar a ello si no queremos arriesgarnos a destruir la economía. Los derechos, por tanto, son algo que concierne a las personas o países pudientes, se trata de un lujo, una recompensa por pertenecer al club de los ricos. Llegados a este punto, apagué la televisión.

Pero los seres humanos somos capaces de tropezar infinitas veces con la misma piedra. Así que pasados unos días vuelvo a encender el dichoso aparato. Esta vez es la cara amable de un presentador de noticias la que me dice cómo son las cosas. Mediante un tratamiento informativo más que dudoso, una noticia en apariencia referida a un choque laboral entre trabajadores y empresarios se acaba convirtiendo en la excusa para darnos una nueva lección sobre lo que es el Derecho: es un regalo. Más bien un préstamo. Asumiendo un argumentario muy parecido al de las tertulias, el telediario nos cuenta el cuento de que si hemos tenido un Estado de Bienestar hasta el momento es por dos motivos: primero porque “los padres de la democracia” así lo decidieron durante la transición, cosa que, por lo visto, debemos agradecer infinitamente porque a nadie más se le habría ocurrido; en segundo lugar, porque hemos pretendido vivir “mejor de lo que en realidad podíamos”. Lo que está flotando de fondo es la idea de que el Derecho no implica un cambio de poder, que en realidad se trata de algo así como un “permiso”. Y así, le dan la vuelta a la tortilla y ponen el mundo patas arriba: no es que tengamos derechos por ser humanos, ciudadanos, racionales, únicos e irrepetibles, dotados de una constitución, con siglos de luchas sociales a nuestras espaldas, etc. Tenemos “derechos” porque determinadas personas, ancladas en las posiciones de poder, han decidido que durante un breve lapso de tiempo podemos disfrutar de un nivel de vida que en realidad, parece ser, no nos corresponde a la inmensa mayoría (digamos, el 90% de la población). Por tanto, el Derecho de un Estado como el nuestro en realidad no es tal, se tendría que hablar más bien de el Permiso, el Permiso que nos da la clase dominante durante el tiempo que decidan para que los “losers” disfrutemos de uno serie de “servicios” aunque no lo merezcamos. Consecuentemente, en un contexto de crisis económica, política y social, no es de extrañar que estos presuntos “derechos” se vean seriamente limitados: “no hay dinero para sanidad”, “no hay dinero para educación”, “no hay recursos para mantener una justicia igual para todos”. El Permiso procede, por tanto, del capital: podemos tener, por ejemplo, una sanidad pública, pero solo hasta el momento en que el capital decida hacerse con ese mercado, es decir, todos tenemos (apariencia de) “derecho” a la sanidad mientras los capitalistas puedan seguir acumulando capital en otros ámbitos de la economía (sí, para el capital la sanidad no es más que una parte de la economía). Pero cuando se da una situación de crisis, cuando se tiene que cambiar el modelo de acumulación de capital porque la anterior burbuja ha explotado definitivamente, eso que llamábamos “Derecho”, eso que creíamos que nos correspondía por el mero hecho de haber nacido tras siglos de luchas y progreso de la razón, no resulta ser otra cosa que una ilusión, un préstamo momentáneo, un Permiso cuya función es hacer creer que todos avanzamos al mismo ritmo, que vamos en el mismo barco.

Esto nos lleva a la siguiente cuestión. En el mismo telediario escucho a distintos representantes políticos vomitar sus discursos electoralistas, donde lo importante no es la verdad sino la cantidad de votos que ganas o pierdes después de la actuación. Y es gracias a estos discursos que podemos comprender otro aspecto fundamental de nuestro presunto Estado de Derecho: existen derechos que valen y derechos que no valen. Dicho de otra forma, vivimos en un Estado donde convive el presunto Derecho con el conocido Permiso. Y no es algo que haya ocurrido debido al azar: la clase dominante quiere procurar, mantener o agrandar el “derecho” a actuar como clase dominante, mientras que para el resto solo quedan los permisos, las migajas, aquello que no supone ninguna amenaza para la reproducción de la clase dominante en tanto que tal. Así, por ejemplo, resulta de lo más esclarecedor ver cómo determinados partidos insisten una y otra vez en el hecho de que “hay que limitar el derecho a la huelga”. Para los poderes fácticos (el capital) y los poderes imaginarios (el poder político tal y como se entiende hoy en las altas esferas), que los trabajadores aspiren y utilicen el Derecho y se declaren en huelga es una especie de abuso que no se puede permitir. La conclusión lógica para estos políticos, por tanto, es que debe limitarse el Derecho, debe reducirse a Permiso, porque no se puede consentir que una panda de trabajadores utilicen un supuesto derecho para reclamar nada, porque “nadie tiene derecho a hacer daño a la economía del país”. Así, cuando el personal sanitario decide ir a la huelga no por sus salarios, no por las horas de trabajo que les han aumentado, no por las condiciones de trabajo generales, sino para defender una sanidad pública, universal y de calidad, los máximos representantes políticos claman al cielo: “¿no ven los médicos que están perjudicando a los pacientes y la economía?”. Privatizan la sanidad, convirtiendo otro pedacito del Derecho en un mercado más (en un Permiso que te permite o no en función de tu renta) y, debido a que la oposición a este proceso es frontal, no se les ocurre otra cosa que limitar el derecho de la ciudadanía a luchar por lo que considera justo. Y esto ocurre porque hay una serie de derechos (la propiedad privada, por ejemplo) que priman, como no podía ser de otra manera, sobre los permisos que “ya no podemos mantener”: el derecho a hacer negocio con la salud de las personas prima sobre el permiso de las personas para disfrutar de una sanidad pública y de calidad para todos y todas. Prima la posibilidad de hacer negocio sobre la dignidad de las personas. Sobre el papel, ambas cosas constituyen derechos, pero en la práctica...

Por último, la televisión, mediante reportajes, documentales y películas, nos transmite la idea de que el Derecho es (o debe ser) un reflejo de la sociedad del momento. Parece lógico, pero este tipo de planteamientos nos oculta una terrible verdad: el Derecho no está para reflejar lo que acontece día a día. El Derecho no está para permitir que el empresario haga lo que quiera, para que el pez grande se coma al chico, que la gacela sea comida por el león, que el asesino siga asesinando o para que el enano pueda ser lanzado contra una pared por los tipos grandes. El Derecho apela al “deber ser”, no al “ser” de la realidad. El Derecho no puede ser simplemente la consagración (en papeles, normas y leyes) de lo que ocurre en la realidad, por muy bonita que esta aparente ser. El sentido del Derecho es, precisamente, transformar la realidad, no elevarla a la categoría de legítima o intocable. Por tanto, cuando un político o una política hablan de adecuar las leyes “a los desafíos del siglo XXI” o a las “demandas de una sociedad cambiante”, de lo que hablan es de ponerlas al servicio de los que mandan en ese momento, de aquellos que tienen la capacidad (y sobre todo los medios) para convencernos de qué es bueno y qué es malo. De esta forma, el Derecho deja de ser una herramienta para transformar la realidad, la palanca para introducir en la vida cotidiana palabras como “justicia”, “fraternidad”, “igualdad”, “libertad” o “verdad”, para aspirar al “deber ser” y la dignidad y no solo conformarnos con la injusticia y la precariedad de lo existente. Al contrario, se transforma en una herramienta al servicio de los peces gordos que se utiliza exclusivamente para legitimar y legalizar el expolio de los peces pequeños. Al final, lo que nos propone el capital y los políticos que lo representan es pasar de una realidad en Estado de Derecho a un Derecho en Estado de realidad, en “Estado de mercado”. Es el fin del principio del reinado de la razón, la verdad, la libertad y la justicia. Se trata de la transición hacia un modelo en el que el interés privado de los peces más gordos define el mundo y, lo que es peor, lo que debe ser el mundo. Que los médicos hagan huelga es un abuso, que los empresarios quieran hacer negocio con la salud de la población es un derecho inalienable, según este esquema.

La izquierda, sin embargo, cometería un grave error regalándoles a neoliberales y demás capitalistas un concepto como el de Derecho. La tarea ciudadana por excelencia es reivindicar que el Derecho no puede ser el fruto de los devenires del mercado capitalista o de la voluntad del tirano de turno, sino el fruto de la deliberación racional sobre el “deber ser” y sobre lo que es justo o injusto; que no puede ser el Permiso que nos regala una camarilla que lucha por defender sus intereses privados, sino la plasmación de la voluntad general de acuerdo a la razón pública; ni un obstáculo para defender la patria, sino el motivo por el cual esta existe y debe ser protegida. El Derecho es y sigue siendo el fruto de la razón, el resultado de las exigencias de la libertad (de tratarse a sí mismo como un “cualquiera”, libre de su condición de, por ejemplo, hombre, blanco, europeo, español, de clase media, etc.), el inevitable destino de pretender alcanzar el “deber ser”, de no conformarse con las injusticias que se dan hoy como si fuesen algo natural y por tanto inevitable. Otra cosa es a qué llamen “Derecho” los tiranos políticos y económicos, que no suele ser otra cosa que su voluntad arbitraria al servicio del interés privado. Pero aunque sea esto último lo que de hecho tiende a ocurrir, debemos tener muy claro que nuestra lucha no es la misma que la de los neoliberales, algo así como “destruyamos el Derecho en nombre de la libertad”, sino todo lo contrario: debemos luchar contra el Estado de Permiso para que esa palabreja, Derecho, no sea la cuerda con la que se nos ahorca sino la llave con la que abrimos las puertas de la emancipación.

lunes, 10 de diciembre de 2012

Identidades vampíricas.


Algunos varones, al ver peligrar ciertos privilegios sexistas sobre los que han asentado su identidad masculina, sienten la imperiosa necesidad de huir hacia adelante y tratar de racionalizar lo que la razón de ninguna manera puede justificar. En este sentido, los feminismos, si bien todavía no han triunfado definitivamente, sí que han conseguido dar pasos de gigante: lo que ayer era un problema doméstico se ha convertido en un problema político; lo que ayer era normal, el machismo, hoy ya no se puede defender abiertamente. Lo habitual es que la razón no logre imponerse al avance de la historia y el tiempo, pero cada vez que da un paso, es imposible hacerla retroceder: aunque siga existiendo (y de hecho el problema se agrave), es imposible justificar la esclavitud con la razón, hay que buscar otras vías. De la misma manera, para sostener una posición machista es necesario tratar de racionalizar lo irracional mientras se enmascara la realidad y se desconocen las fuentes y los efectos lógicos de lo que se defiende.

La máscara preferida del machismo actual sigue siendo la naturaleza (las “esencias”), lo que desde su punto de vista es “natural”. Cuando un machista señala algo como “natural”, lo que intenta es situar ese algo más allá del debate, como si se tratase de algo previo, anterior, algo indiscutible que todas las personas tenemos que aceptar antes de empezar a dialogar. De esta manera, pretenden orientar el debate, normalmente a partir de premisas falsas (y deducciones descabelladas), de tal forma que se llegue a una conclusión que, invariablemente, acaba reproduciendo ciertos roles, estereotipos, prejuicios y discriminaciones sexistas. Y es que resulta imprescindible sustraer ciertas ideas del debate cuando lo que se pretende es defender cosas irracionales, indignas, injustas, falaces y/o basadas en el interés privado: de la misma forma que es imposible justificar la esclavitud mediante la razón, tampoco es posible defender los privilegios masculinos construidos a lo largo de milenios de patriarcado, por mucho que se limen y presenten como algo positivo o inevitable.

Es necesario, a su vez, enmascarar las fuentes (la tradición, la Iglesia, la extrema derecha, grupos de autoayuda machistas, medios de comunicación conservadores...) de las que parten estas teorías
machistas que, además de robar asuntos al debate público, camuflan su desesperada defensa de la injusticia con todo un repertorio de corrección política, aparentes buenas intenciones y (falsa) voluntad emancipatoria. Un ejemplo muy claro nos lo da ese impulso patriarcal que nos incita a aceptar irreflexivamente frases como “para estar completa, una mujer necesita a un hombre, a su media naranja”. Resulta conmovedor, es bonito... pero no es cierto. Una mujer, como un hombre, puede necesitar o no una pareja (hombre o mujer), no hay nada en la condición de “mujer” (ni de “hombre”) que nos lleve a deducir que necesariamente requiera de una persona de otro sexo que la “complete”. Con frases como esta nos pretenden hacer creer, por un lado, que existe algún motivo (natural, espiritual, etc., cualquier cosa que esté más allá de la razón, en el más acá de la superstición) por el cual las mujeres son algo así como medias-personas hasta que llega un buen varón (¿un macho alfa, como si fuésemos leones, hienas o lobos?) que las rescata del estado incompleto al que les condena su condición de mujeres (nótese que de la misma forma que el machismo las condena a ellas a ser rescatadas, les condena a ellos a ser heroicos y “naturales” protectores-rescatadores de personas que, biológica, espiritualmente o lo que sea, han nacido “incompletas”). Aristóteles, brillante para otras cuestiones, no podría estar más de acuerdo: desde su punto de vista las mujeres son mujeres “en virtud de una carencia”. Son “hombres incompletos”.

¿Por qué se defienden planteamientos como este todavía hoy, casi 2.500 años después? Porque estas identidades masculinas machistas tratan de ocultar, como ayer, sus propias necesidades: se trata de identidades que se construyen a partir de la necesidad que sienten ellos de ser necesarios para ellas. Se construyen impidiendo el completo desarrollo de la identidad femenina, limitando su libertad y dictando el camino de la corrección y la normalidad, de lo que es ser “una auténtica mujer”, que no es otra cosa que obedecer ciegamente a esas necesidades inherentes a su condición femenina y que, como por casualidad (ellos lo llaman “naturaleza” o “esencia”), colocan al varón en una posición privilegiada cuando no abiertamente superior. Y también contradictoria, pues el varón machista de ninguna manera reconocerá que su identidad es absolutamente dependiente de la dependencia que sea capaz de generar en las identidades femeninas, de lo contrario no tendría ningún sentido realizar esta operación. Vivir esta contradicción lleva a no pocos hombres a tratar de controlar la vida, los actos y los desplazamientos de las mujeres, a la violencia simbólica e incluso a la física.

Se trata de identidades que se construyen robando la independencia de otras identidades. El hombre machista se construye así en una identidad “fuerte” que se basa precisamente en las “carencias” de la mujer. Niegan así la autonomía de las mujeres, su capacidad de elaborar juicios independientes, puesto que sus propias carencias las determinan. Hacen enfermar la salud psicológica de las mujeres para después presentarse como la solución, como la medicina liberadora. Ya serán ellos los fuertes, los resueltos, los activos, los independientes, los libres. A ellas les queda la negación: no eres independiente como él, no eres tan fuerte como él, no eres tan capaz, no puedes ser tan libre porque le necesitas.

También resulta básico para estas identidades machistas negar el trasfondo en el que de hecho se desarrollan las identidades masculinas y femeninas. Así, para los machistas, el patriarcado y el machismo son cosas del pasado. Esto no es una cuestión nimia: negando el trasfondo se niegan las condiciones en que se desarrollan las identidades de género. Esto les resulta de lo más práctico: así se puede descartar, de un plumazo, cuestiones fundamentales como la socialización diferenciada (dentro y fuera de las instituciones educativas), las expectativas sociales sexistas, la violencia de género, la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres por un mismo trabajo... No es que nieguen que esto existe, sino que lo convierten en obra y gracia de la naturaleza, de un choque entre individuos iguales, del azar, de la avaricia o de la “esencia” masculina/femenina. La finalidad de todo esto es negar la estructura que permite que se mantengan las condiciones que en la práctica suponen que las mujeres puedan seguir siendo discriminadas impunemente. Mientras, se dicen palabras bonitas como “no es malo necesitar a un hombre” o “todos estamos de acuerdo con la igualdad de derechos”. Pero la cuestión es que de nada sirve igualar en derechos a las mujeres verbal o formalmente si no se combate el motivo por el que no alcanzan esa igualdad. Lo mismo ocurre con el racismo y es también el mismo juego que practican los empresarios con los trabajadores: ignoran la desigualdad y la injusticia que supone el punto de partida (unos tienen capital, otros solo su fuerza de trabajo) mientras se les llena la boca con ideas como “contratos libres entre iguales”. ¿De qué sirve la igualdad formal si no se cumplen las condiciones necesarias para que sea efectiva? Las personas no “empiezan” en condiciones de igualdad en un sistema capitalista o en uno esclavista, ni tienen las mismas oportunidades. Lo mismo ocurre con el sistema patriarcal. Y en todos estos casos la estructura de dominación intenta naturalizar (convertir en indiscutibles) las injusticias que permiten su constante reproducción y renovación.

Al final, resulta prácticamente inevitable encontrar un parecido razonable entre estas identidades machistas que tratan de mantenerse a flote en un mundo crecientemente feminista y esos seres espectrales que se alimentan de humanos: los vampiros. De la misma forma que un vampiro se alimenta de la vida de otras personas, las identidades machistas se alimentan de las identidades femeninas no emancipadas. Un vampiro seduce a una mujer con una especie de hipnosis antes de morderle el cuello para alimentarse de su sangre, una hombre machista seduce el sentido común con buenas palabras para alimentarse de mujeres inseguras (construidas como tales por el propio patriarcado). Estas buenas palabras, como la hipnosis, desarman, convierten a la presa en algo dócil y manipulable, en un animal de ganadería, en alimento al fin y al cabo. La identidad del varón machista necesita acumular autoestima hasta prácticamente convertirlo en un atributo específico de los hombres, de tal forma que su seguridad en sí mismos comienza a depender de la falta de autoestima, seguridad e independencia de las mujeres. De la misma forma que hay todo un sistema que hace pensar al trabajador que necesita a un empresario, hay todo un sistema empeñado en convencer a las mujeres de que necesitan a un hombre que las cuide, las proteja y las salve de su condición de mujer. Igual que un capitalista debe expropiar las condiciones de supervivencia de las personas para obtener a cambio una clase trabajadora, la identidad masculina machista necesita expropiar de su dignidad a las mujeres. En ambos casos hablamos de un robo que consagra una injusticia. En ambos casos hablamos de que unos seres humanos se alimentan de otros.

viernes, 26 de octubre de 2012

Agamben en Neptuno: la excepción como norma.


Gorgio Agamben partió de una figura del Derecho Romano, el “homo sacer”, para construir toda una teoría acerca de la centralidad de la vida (o más bien la decisión sobre la misma) en la política moderna. El concepto de “vida”, para Agamben, tiene una doble vertiente. Por un lado nos habla de la nuda supervivencia fisiológica de los cuerpos, la reproducción de la vida, la mera subsistencia, la existencia material. En este caso hablaríamos de “zoe”: un proceso cíclico (nacimiento-vida-muerte-nacimiento...) que es siempre igual independientemente de la generación de seres vivos de la que hablemos. Es algo que compartimos, por tanto, los seres humanos con el resto de animales. Por otro lado, nos encontramos con la vida entendida en un sentido lineal, biográfico: el “bios”. Cada una de las personas tiene una experiencia personal que va constituyendo su individualidad, diferenciando su vida de la de las demás, haciendo de esa individualidad algo único e irrepetible que finalizará con la muerte. Es, por tanto, la vida específicamente humana, la vida política, aquello que nos diferencia de otros animales, incluidos los sociales.

Dentro de este esquema, el “homo sacer” no es otra cosa que un expulsado, un excluido de la comunidad política. Es un ser humano cuya vida no implica “bios”, es tan solo “zoe”. Por tanto, se trata de un individuo que no merece tan si quiera ser juzgado o condenado, no es sujeto de derecho alguno, no tiene valor jurídico como ser humano. Lejos de ser uno de los muchos efectos de un sistema político-económico concreto, Agamben defiende que es precisamente la capacidad de incluir/excluir de la comunidad política, la capacidad de establecer quién es “zoe” y quién es “bios”, el elemento originario del poder político, de la soberanía: un poder soberano no es otro que aquel que tiene el poder ilimitado de decisión sobre la vida. Y la relación que se establece entre el poder soberano y el “homo sacer” conforman la realidad de la política: el establecimiento de “el otro”, el excluido del “bios” social, es parte consustancial del poder, es el elemento que lo constituye.

En un sistema como el nuestro, la soberanía se afirma cuando se decide lo que puede y lo que no puede constituir un campo de excepción, esto es, las ocasiones o lugares en los que el Estado de Derecho queda anulado, sin validez. Pongamos un caso práctico para que se entienda mejor: el Estado español, concretamente su reacción ante las convocatorias de protesta en torno al Congreso. Antes de nada, es importante entender que la clave de la decisión soberana no es que el Estado trate de corregir, mediante la excepción, un exceso que de otra forma no podría corregir (lo que se ha definido como “terrorismo callejero” y “golpe de Estado”, por ejemplo), una especie de “me salto la ley para poder proteger la ley”; la clave se encuentra en la capacidad de crear y definir el espacio en el que el marco político-jurídico tendrá validez o no.

En prácticamente todas las manifestaciones convocadas hasta la fecha ante el Congreso nos hemos encontrado con el siguiente esquema: a) miembros del gobierno caldean el ambiente con el ánimo de justificar, a priori, cualquier tipo de acción policial violenta, por ejemplo advirtiendo de que existen “grupos extremistas y violentos” que se infliltran en las manifestaciones para hacer el mal; b) el gobierno despliega un dispositivo policial abrumador, absolutamente desproporcionado, pero que también ayuda a preparar el ambiente para una futura aceptación acrítica de lo que suceda: el desplegar tantos efectivos señala a los manifestantes, antes de que se manifiesten, como un gran peligro “real”; c) durante las manifestaciones, se producen cargas policiales violentísimas, desmesuradas, que acaban con decenas de heridos y detenidos; d) los agentes encargados de reprimir y disolver las manifestaciones no llevan identificación visible y se niegan a darla aunque se lo exija la ciudadanía; e) al día siguiente, se utilizan determinadas imágenes sacadas de contexto, se falsean los hechos y se legitima, desde el gobierno y los medios de comunicación a su servicio, la violencia aplicada; d) el gobierno suelta globos sonda para comprobar en qué medida se aceptaría (cómo lo recibe la sociedad) una limitación del derecho a manifestarse y, en paralelo, en qué medida estamos dispuestos a tolerar que determinados cuerpos del Estado se sitúen más allá de la ley.

Parece que Agamben se ha estado paseando por el centro de Madrid. En primer lugar, tanto el hecho de convocar una fuerza de antidisturbios desproporcionada como el hecho de hablar de grupos “antisistema” (que en el diccionario político del poder viene a significar “radicales-extremistas-violentos-pseudoterroristas”), de “golpe de Estado”, de “terrorismo callejero”, etc., y al hacerlo pretender arrancar todo el significado político de las acciones de protesta, el gobierno está señalando a los manifestantes como un peligro irracional que actúa más allá de la ley y que atenta contra el Estado de Derecho, representado este, claro está, por el gobierno. Se trata, por tanto, de un primer intento de colocar a los y las manifestantes en la posición de “homo sacer”: son seres manipulados, que actúan sin razón, que son violentos y que pretenden acabar con “nuestro estilo de vida”. Vivimos en la sociedad del espectáculo, en la sociedad en la que una imagen vale más que cualquier realidad. Y ese es precisamente el arma que utilizan: se crea una imagen distorsionada de la ciudadanía que nos induce a aceptar que esas personas que van a Neptuno son algo así como el enemigo interno, seres que en tanto que no respetan las normas del juego no se merecen una respuesta desde el derecho, sino desde las fuerzas del orden del régimen (“leña y punto”, decía uno de los responsables de la SUP).

Las cargas policiales sobre la población son el siguiente paso del guión. Cualquier excusa es válida y siempre se encuentra una: cuando reciben la orden, los antidisturbios bañan sus porras en sangre, abren fuego contra familias, persiguen a ciudadanos y ciudadanas como si estos fuesen animales. Es el momento en el que se puede comprobar con mayor facilidad que en un sistema político-económico como el nuestro existen seres desechables, seres sin vida política, sin “bios” y que son, por tanto, pura “zoe”, nuda vida ante la que no cabe aplicar la ley: la policía pega y dispara indiscriminadamente, practica detenciones arbitrarias, maltrata psicológica y físicamente a quien detiene, retiene durante dos días en situaciones penosas e incluso en aislamiento a quien le parece, inventa atestados policiales para alimentar su ego y cubrirse las espaldas por si llega el extraño día en que se investigan sus acciones... Y, en mitad de esta fiesta macabra, uno se da cuenta de que es imposible identificar a los agentes: no llevan identificación visible y aquellos inocentes que intentan que se la muestren son susceptibles de ser detenidos o heridos. En otras palabras: el Estado viola sus propias leyes, abre un paréntesis en las mismas, para convertir a los profesionales de la violencia “legítima” en seres irresponsables, en personas que no responden por sus actos. El Estado, a través del poder ejecutivo, establece así un campo de excepción dedicado a quienes se oponen a su régimen: los responsables de la violencia estatal, del orden en las calles, son irresponsables ante la ley. Solo quienes sufren esa violencia tienen que responder por sus actos, pero no ante la ley, sino ante una serie de funcionarios que discrecionalmente deciden si se te aplica la ley por actos que no has cometido (el mejor de los casos, como la pareja a la que introdujeron piedras en la mochila para acusarles de atentado contra la autoridad), o si ni si quiera estás en el territorio de la ley: ellos mismos, lejos de las cámaras, se encargan entonces de explicarle al cuerpo de la víctima (el detenido o la detenida) en qué consiste ser “homo sacer”.

Y por último tenemos “el día siguiente”, las horas y los días que transcurren tras la protesta y la consecuente represión policial. Este es el momento de justificar retroactivamente lo que ha ocurrido, de construir la realidad para que esta permita seguir satisfaciendo ciertos privilegios. Basta la imagen de un policía siendo golpeado por algo, independientemente de que sea después de una carga policial, para justificar todos los desmanes que comete este cuerpo contra los manifestantes, como si el cazar ciudadanos fuese un acto de defensa propia. Que lo hagan medios de comunicación “fascistoides” no es de extrañar ni nos dice demasiado. Pero que lo haga el gobierno implica una diferencia sustantiva: el poder ejecutivo trata de erigirse como poder soberano por encima del resto de instituciones del Estado. Y no es la soberanía “tradicional” de un Estado de Derecho la que reclama (basada en la representación y en la legitimidad otorgada por el respeto a la ley), sino una soberanía en el más puro sentido de Agamben (la capacidad de excluir de la comunidad política, de establecer la excepción), agresiva y tendente a abolir la división de poderes, como demuestra la posterior persecución jurídica que sufren los que convocan las manifestaciones, los que han participado y han sido identificados e incluso quien salía del metro en el momento equivocado. Se trata de un asalto del poder ejecutivo, que además del poder judicial, controla también el legislativo no solo gracias a que nuestro propio sistema político entrega el control de ambos (legislativo y ejecutivo) a uno de los dos partidos mayoritarios, sino también en el sentido de que el ejecutivo empieza a guiar, en su propio interés y para su propio beneficio en tanto poder ejecutivo, la dirección y el contenido de las leyes.

Es por esto por lo que intenta, utilizando argumentos económicos como que "molesta a los comerciantes", limitar el derecho a manifestarse, es decir, limitar el derecho a expresar el rechazo a todo un orden social, político y económico que deshumaniza, que convierte a cada vez más personas en “homo sacer”. Y es por eso por lo que busca también garantizar la impunidad, la excepcionalidad de las fuerzas del orden encargadas de reprimir las manifestaciones. Por eso no ha de sorprendernos que tengan intenciones como la de prohibir que los manifestantes graben con sus cámaras o móviles a los policías en acto de servicio. Porque resulta extremadamente peligroso que la ciudadanía contemple cómo se le avasalla, se le rompe, se le nadifica y se le condena: si la soberanía de este ejecutivo se basa en identificar a los movimientos sociales como “zoe”, no conviene que se les vea gritar, llorar, asustarse y resistir dignamente, como humanos, como “bios”. No es conveniente que los “homo sacer” adquieran herramientas para hacer visible la injusticia y, de paso, a sí mismos.

Así es como este ejecutivo, impotente ante los mandatos de la Troika, quiere reafirmar su soberanía y reclamar un espacio de poder político hoy negado desde las instituciones económicas. Si no puede optar por la legitimidad del Estado de Derecho (atrapado en las redes de la economía capitalista), el ejecutivo tiene necesariamente que apuntar a otra soberanía, aquella que funciona al margen del derecho, de las leyes y de la ciudadanía: el ejecutivo produce así leyes que no son leyes, que son normas encaminadas a restablecer el poder soberano, el poder de determinados funcionarios para interpretar y decidir unilateralmente las condiciones, la forma y a quién se aplica la ley. El futuro pinta mal si no intervenimos: un futuro sin leyes, no anárquico sino plagado de normas arbitrarias, abandonado a las decisiones discrecionales de un grupo de funcionarios y empresarios que no responden más que ante sí mismos. Un futuro en el que la policía antidisturbios se comportará como un cuerpo formado por pequeños soberanos instrumentalizados que, si bien desconocen parcialmente el trabajo que hacen y los intereses que guían a los que les dan las órdenes, tomarán aún así decisiones unilaterales que tienen no pocas consecuencias sobre la vida de sus víctimas.

En definitiva, si permitimos que el ejecutivo siga por este camino, no tardaremos mucho en darnos cuenta (y quizá sea demasiado tarde) de que cualquiera puede ser considerado “homo sacer”. Ahora bien, desde ese momento, desde el momento en que nos hacemos conscientes de que todos somos reducibles a la nuda vida, podemos decir que hay cierta universalidad en la condición de excepcionalidad y que el poder, efectivamente, asegura el actual orden político-económico escogiendo quién está dentro y quién fuera de la comunidad política, que ese es su principal ejercicio táctico. Resulta muy ilustrativo lo que se vio el pasado martes, día en que comenzaba la discusión sobre los Presupuestos Generales del Estado: mientras los señores diputados del partido en el gobierno llenaban la cafetería y los pasillos del Congreso para no escuchar a los partidos "minoritarios" plantear sus objeciones, dejando un hemiciclo desierto, la ciudadanía nadificada se reunía en asambleas multitudinarias a menos de 200 metros del edificio para discutir y hacer política. A estas alturas ya es evidente que ambas formas de entender el poder y la política no pueden coexistir: en las asambleas las clases subalternas son el “bios”. En el congreso, son la “zoe”. En la calle son la esperanza del fin de un orden injusto, en el parlamento son el enemigo, una invitación a la excepcionalidad permanente... eso sí, convertida en “ley”.

jueves, 11 de octubre de 2012

La Puerta del Sol y la lucha por el significado


El PP, al cual podemos acusar de muchas cosas relacionadas con la violencia, el descaro y la corrupción, nos ha demostrado de nuevo que cuenta con auténticos estrategas en lo que se refiere a la lucha política. En este caso se trata de la más que probable remodelación de la Puerta del Sol, una plaza en pleno centro de Madrid.

A priori podría parecernos que no tiene nada de político el decidir quitar unos adoquines de una plaza y poner en su lugar terrazas, árboles y un kiosko. Podríamos pensar que una medida como esta no tiene otro motivo que el de hacer más agradable o más aprovechable una de las plazas más turísticas de la ciudad. En las terrazas podrá sentarse cualquiera a la sombra y tomarse algo; en el kiosko podrá comprar sus periódicos favoritos para informarse; los árboles aportarán frescor, aire más limpio y mayor belleza.

¿Nada más que analizar? A muchas personas seguro que les surgen varias preguntas: ¿por qué Sol? ¿Por qué ahora? ¿Qué hay en Sol hoy que disgusta? La medida de levantar adoquines y cambiar el aspecto y la utilidad de la plaza no se debe solo a al color del suelo, al calor que hace en verano o a la falta de distribuidores de prensa en el entorno. Tampoco es una cuestión ecológica: la ciudad seguirá siendo la misma poza contaminante aunque tenga cuatro árboles más. Entonces, ¿por qué en plena época de recortes y ahogo presupuestario un ayuntamiento como el de Madrid decide reformar una plaza como esta?

La respuesta hay que buscarla más allá de adoquines, árboles, kioskos o terrazas, más allá de lo aparente, de lo confesado o explicitado. Desde hace más de un año, la Puerta del Sol se ha convertido en un símbolo político: las movilizaciones ciudadanas que se iniciaron el 15M ven en Sol el punto, lugar y momento, en el que dejaron de estar solas, en que dejaron de ser invisibles. Es el lugar geográfico en el que comenzó un nuevo movimiento informe que trata de unificar las distintas luchas, las distintas demandas, que busca aumentar la conciencia política de la ciudadanía. Fue el epicentro de un clamor social que hoy está haciendo temblar los cimientos más sólidos del sistema político-económico del reino. Es el lugar al que tarde o temprano volvemos para reencontrarnos de nuevo en la calle, en movimiento, en lucha. Es la plaza en la que arrimamos los hombros, en la que nos demostramos las unas a los otros que sí se puede poner en jaque a la oligarquía capitalista, que es nuestro deber.

Es esto lo que el ayuntamiento pretende remodelar. Pretende, entre otras cosas, arrancar un símbolo político a un movimiento que es capaz, al menos en potencia, de construir un discurso contra-hegemónico. El PP pretende obtener una victoria simbólica que la policía no está siendo capaz de propiciarles: si la gente se empeña en reclamar la calle como lugar de reunión para hacer política, si se empeñan en ocuparla con ideas, reivindicaciones, exigencias y, sobre todo, dignidad, habrá que demostrarles que el timón lo tienen otros. Y vaya si lo tienen, el pueblo no tienen nada que decir. La medida significa que la plaza de Sol no puede seguir dedicada a tratar de construir una ciudadanía efectiva. Como ya venía advirtiéndonos el PSOE antes, las calles no son para juntarse, desarmar tiranías o hacer política, están para consumir. Esa es la auténtica remodelación que se está proponiendo: pasar de la dignidad a la hermosa y moderna sumisión a través de nuestros deseos consumistas.

El relato casi les sale redondo: ahora acusan a la izquierda de no ser ecologista, “¿en qué cabeza cabe oponerse a que planten unos árboles?” Así nos han introducido en un juego en el que, hagamos lo que hagamos, parece que no podemos ganar: si aceptamos la reforma de la plaza, perdemos un espacio público. Inmediatamente será privatizada y destinada exclusivamente al consumo ocioso, turístico, hedonista. Eso, de paso, supone una buena imagen de la ciudad ante “los mercados”, porque ya sabemos que las protestas y las vías alternativas al canibalismo los asustan y pueden hundir el barco en el que, nos dicen, vamos todos... Por otro lado, podemos rechazar la medida. Entonces, por la magia del lenguaje característico de los dos partidos mayoritarios, el PP (y sus voceros) nos convertirán en locos incoherentes que ayer querían más árboles y hoy, como lo dice la derecha, ya no. Aprovecharán y se enfundarán el disfraz de demócratas ecologistas, defenderán que el único ecologismo posible es el capitalismo “verde”. Y creerán que su brillante estrategia ha triunfado de nuevo, que pase lo que pase ya es una victoria haberle arrancado al contrincante uno de sus símbolos, el significado de la Puerta del Sol.

Los “pensadores” del PP que han urdido esta estratagema han visto perfectamente en qué consiste la primera lucha política: en la apropiación y utilización de símbolos, significantes y significados. Lamentablemente para ellos, ya no se enfrentan a una sociedad adormecida por los miedos y las esperanzas del postfranquismo, sino a ciudadanos y ciudadanas que han comprendido que sin una auténtica transición todo seguirá teñido de sangre y lejos de nuestro alcance, seguiremos siendo menores de edad, siervos que esperan que su amo no sea muy duro con el látigo y los diezmos. Quitarnos un símbolo, sin embargo, no logrará acabar con nosotras ni ayudará a mejorar la imagen de la ciudad: no vamos a permitir que ganen la batalla por las palabras ni la batalla por las calles. Si no podemos entrar en Sol, iremos a otra plaza a exigir que se vayan. Es muy difícil tratar de estrangular algo que no tiene forma y es soberanamente complicado tratar de borrar la realidad a base de espectáculo e imágenes. Si no es en Sol, puede que nos veamos en Neptuno. ¿Construirán un atractivo foso democrático y ecológico en torno al Congreso para que no molestemos a los comerciantes  de la zona (incluidos los que se hacen llamar políticos), para que los turistas puedan pasar a hacerse fotos y buscar el león capado?