Diálogo sobre Catalunya

- Buenos días José.

- Buenos días Clara.

- ¿Oíste lo que dijo Rajoy sobre Escocia ayer? ¿Qué opinión te merece?

- Pues creo que es un hipócrita, sinceramente. Si tuviese que guiarme por lo dicho estos días acerca del referéndum por la independencia, pensaría que ha ocurrido un milagro, que el mundo se iba a acabar pero al final no ha pasado y no se sabe muy bien por qué.

- ¿No crees que tenía razón al decir que los escoceses han hecho lo mejor que podían hacer, es decir, permanecer en el Reino Unido?

- Para empezar no lo ha expresado así, literalmente ha dicho que los escoceses han escogido la mejor "opción". Lo que ayer era un atentado contra el sentido común, la economía, la democracia, la UE y España, hoy parece ser una opción legítima. ¿Por qué crees que ha cambiado de opinión de un día para otro?

- No lo tengo muy claro, el cambio de discurso ha sido evidente, pero no sé qué es exactamente lo que ha precipitado tal cambio.

- Te lo explico encantada José: lo que ha cambiado entre un día y otro es que ha ganado el "no" a la independencia. Rajoy estaba muy asustado, y aún lo está, porque no hay forma de defender que lo que se ha hecho en Escocia no puede hacerse en España y Catalunya. Es más, ese mismo miedo le empujó a decir que lucharía para que todo nuevo Estado las pasase canutas para reingresar en la UE, cosa que ni el gobierno británico se llegó a plantear: desde un principio tenían clarísimo que el "sí" tenía la misma legitimidad que el "no" y no amenazaron con reacciones políticas aislacionistas, si bien, como en España, amenazaron con el armagedón económico.

- Pero aunque sea cierto que actúa por miedo, eso no significa que no lleve razón, al menos en parte. La Unión Europea se construyó para unir Europa y beneficiarnos entre todos, pero al integrarse en ella la mayor parte del occidente europeo lo que está claro es que quien se quede fuera va a estar bien aislado, y no porque lo quiera Rajoy.

- El problema no es que Escocia o Catalunya tengan que reintegrarse en la UE si así lo deciden y cumplen los requisitos. El problema es que gobiernos como el español, por miedo a lo que ocurra en su país, amenazan a países como Escocia diciendo que van a hacer todo lo posible por evitar que vuelvan a ingresar en el club de los elegidos. El único motivo para hacer eso es que necesita que los catalanes vean que va a ser imposible participar de Europa si no es a través del gobierno español, que teman la independencia, que la asocien con la soledad y el aislamiento. Esto está mal en muchos sentidos: para empezar, Rajoy está tratando de interferir en la decisión soberana tanto de Escocia como del Reino Unido y no porque tenga algo contra los escoceses, sino porque teme tanto a los catalanes que no puede evitar comportarse como un dictadorzuelo. Es más, en su discurso de ayer llegó a insinuar que la UE se ha hecho para unir y no para desunir, como si para estar más unidos necesitásemos un único Estado. Es cuanto menos curioso escuchar a un ultranacionalista español decir que la idea de la UE es que España desaparezca. Aún más cuando en vez de tratar de integrar a los escoceses a través de un Estado u otro, Rajoy llama a la comunidad internacional a no ajuntar, no hablar y no mirar a los escoceses si triunfa la independencia. ¿Esa es su UE de la integración, de la unidad y del entendimiento? ¿Y dónde queda la democracia en todo esto? ¿Acaso es una locura pretender la formación de un nuevo Estado a través de un proceso democrático? ¿O es que todo Estado debe construirse a sangre y fuego en un violento proceso que dure décadas? No, no acepto la petición de principio que nos ofrece Rajoy: un nuevo Estado no es más, en principio, que una nueva administración legítima, un desplazamiento de poder de un centro (Reino Unido) a otro (Escocia), ni siquiera es necesariamente más desunión, por no hablar de sus mensajes apocalípticos referentes a la economía... ¡cuánta imaginación puesta al servicio del miedo! Rajoy pretende algo así como ser el profeta de una profecía autocumplida: dice que habrá aislamiento tras la independencia y se convierte en el factor principal del posible aislamiento, en su promotor y más arduo defensor. El pobre no se da cuenta de que así reconoce implícitamente que el problema no es la independencia, sino los gobiernos que están dispuestos a aislar poblaciones enteras por una idea de país que de ninguna manera están dispuestos a discutir. Eso no es democracia ni es razonable.

- En esto voy a tener que darte la razón, Clara. Rajoy no ha hecho bien amenazando desde lejos. Es más, en su delirio pretendió que toda Europa pensaba como él, pero hasta el Primer Ministro británico salió a la palestra para desdecirle y dejar claro que el Reino Unido no boicotearía la reentrada de Escocia en la UE. Pero es que hay que reconocer una cosa: en Escocia el referéndum es legal, es decir, todo ha sido pactado entre los dos gobiernos, el escocés y el británico: quién vota, qué porcentaje se necesita, las fechas, la pregunta... Entiendo que si el caso escocés y el catalán no son iguales es, entre otras cosas, por esto. En España la consulta está prohibida y los catalanes pretenden hacerla igual y sin consensuar la pregunta con el gobierno.

- ¿Y por qué no se ha consensuado nada con el gobierno? Para responder a esto habrá que ver cómo empezaron los procesos, tanto en Catalunya como en Escocia. ¿Fueron los gobiernos españoles y británicos los que propusieron el referéndum?

- Desde luego que no: ni a España ni a Reino Unido les interesa perder parte de lo que consideran que es su territorio.

- Entonces, supongo que fueron los escoceses y los catalanes quienes, por propia iniciativa, decidieron dar los pasos para proclamarse independientes, ¿estamos de acuerdo?

- Sin duda.

- Muy bien José, entonces dime, si estos países hoy por hoy sin Estado son los que han empezado el proceso y lo han hecho de forma similar, buscando el mismo objetivo (la independencia) y utilizando la misma fórmula (la consulta popular), y ambos han mostrado su voluntad de hacerlo de manera legal, utilizando y negociando con las instituciones hoy existentes, ¿cuál es el factor determinante para que la situación política sea tan distinta?

- No queda otra: por un lado los gobiernos nacionales que han recibido la propuesta y por otro la legalidad de la que se parte.

- En efecto, vayamos por puntos. El principal factor de diferenciación en términos políticos nos lo han brindado los gobiernos de los Estados que hoy ejercen su autoridad sobre esas nacionalidades, es decir, el gobierno español y el gobierno británico. El primero niega toda legitimidad a la demanda de independencia, mientras que el segundo, aún estando en desacuerdo, asume que es una demanda legítima y que puede resolverse por métodos democráticos. He ahí una gran diferencia que a la postre es decisiva, porque a partir de ese punto el sendero político se divide en dos caminos radicalmente distintos: en el caso británico los esfuerzos se centraron (a veces bien, a veces mal) en convencer a la población escocesa de la decisión que consideraban adecuada, la que definitivamente ganó, el “no” a la independencia; pero en el caso español no se ha discutido de tú a tú con el nacionalismo, sino que desde el poder se le ha negado voz y legitimidad. El gobierno considera que la independencia es una propuesta ilegítima y centra sus esfuerzos en impedir la consulta a la ciudadanía catalana. La independencia no tiene que prohibirla, las leyes actuales ya la impiden. Lo mismo ocurre en el Reino Unido, por eso el gobierno británico, de haber ganado el “sí”, tendría que haber elaborado toda una serie de leyes para encauzar y dar cobertura legal a la independencia.

- ¡Menudo lío!

- No lo es tanto: solo hay que tener bien clara la diferencia entre consulta popular e independencia. Preguntar a la población no es lo mismo que tomar una decisión, menos aún en España, donde no existe el referéndum vinculante. En Escocia ha ocurrido un poco también: no hay ley que obligue al gobierno británico a dar la independencia a nadie, pero éste se comprometió a hacerlo y a vincularse con tal decisión por ley si ganaba el “sí” a la independencia. El gobierno español, no solo no acepta la independencia, sino que tampoco está dispuesto a dejar que los independentistas se doten de legitimidad democrática. Por eso no ha podido haber negociación entre España y Catalunya, porque el gobierno español considera que su interlocutor político, en este caso, es ilegítimo en tanto demanda cosas ilegítimas. Por eso algo que podría llegar a parecerse a una encuesta seria, la consulta popular en Catalunya, se convierte en el campo de batalla. Tanto es así que parece que la consulta y la independencia son la misma cosa. Mientras, unos intentan convocarla a toda costa y otros tratan de convertir el problema político en un problema legal. Así la negociación es imposible.

- Pero bueno, Clara, te olvidas de que en la propia constitución del 78, la que actualmente rige y que se aceptó en Catalunya, se establece la “indisoluble unidad de España”, lo cual nos puede parecer bien o mal, pero no deja de establecer claramente un marco legal muy rígido que Catalunya pretende torcer. El marco legal británico es, en este sentido, mucho más flexible y cuando se dobla no se parte. El español, sin embargo, me temo que o se queda recto o se quiebra, no es posible doblarlo.

- Llevas razón José, pero solo en el punto de partida. Efectivamente, el marco legal del que se parte no es el mismo en el caso escocés que en el catalán. También es cierto que el marco legal español actual no permite la independencia, pero cuidado, sí permite las consultas populares, concretamente en su peor formato: las consultas no vinculantes, es decir, aquellas que no obligan al gobierno más allá de lo que el gobierno quiera obligarse. Y el debate en España hoy no es acerca de cuándo y cómo proclamar la independencia, sino sobre si se consulta al respecto a la población catalana. Es posible, por tanto, crear un marco legal consensuado que permita al gobierno catalán llevar las urnas a la calle. En caso de que ganase el “sí” a la independencia nadie estaría obligado a nada (salvo que cambien el marco legal en este sentido), ahora bien, es un hecho que al día siguiente los partidos nacionalistas catalanes se lanzarán a trabajar por la independencia, mientras que los nacionalistas españoles, si siguen como hasta ahora, se lanzarán a tratar de impedirlo utilizando, como ya han advertido desde el PP, todas las herramientas legales disponibles, incluido el estado de excepción que supondría suspender o anular la autonomía catalana. Eso, sin duda, es lo que ocurriría si llegado el momento el balance de fuerzas fuese el actual. Ahora bien, en España tenemos un mapa político más que interesante en estos momentos. Determinadas fuerzas que sí se muestran favorables al derecho de los pueblos a decidir están creciendo a velocidades de vértigo. Con esto lo que quiero decir es que la situación no depende tanto de la ley, que se puede cambiar (incluida la constitución), sino de la voluntad de los dos partidos que han gobernado desde el 78 y que (al menos hasta las siguientes elecciones) forman una amplia mayoría en el parlamento. Atados como están a una forma de hacer política y a sus privilegios y puertas giratorias, no están por la labor de cambiar leyes ni el marco constitucional para permitir un proceso democrático y legítimo que acabase como acabase desembocaría en muchos cambios políticos nada despreciables.

- Pero Clara, en tu discurso parece que ignoras sistemáticamente que hay un país llamado España, que es un hecho, mientras que lo de los catalanes no pasa de ser un sentimiento identitario y muy mediado por la crisis económica. No se puede negar que el crecimiento vertiginoso del independentismo, que no el independentismo en sí, tiene su origen en la crisis, en “la pela”. Lo que quiero decir es que si nos planteamos lo de la independencia, igual hay que consultar a todos los españoles y no solo a los catalanes. Quizá es ahí donde reside la legitimidad.

- No creo que haya negado que existe una realidad llamada España en ningún momento, más bien al contrario, todo este proceso está adoptando la forma que puede, no la que quiere, debido a que no son los propios catalanes los que han elegido la estructura en la que se desenvuelve su lucha, sino que son los españoles. Fíjate si no quién gana las elecciones últimamente en Catalunya y quien las gana en España en su conjunto y dime, ¿quién determina en última instancia lo que se puede y no se puede hacer? Es el gobierno de España, no el de Catalunya. Por otro lado, que no tengan todavía Estado no es argumento para negarles un Estado: es cierto que Catalunya como país independiente no es real todavía, pero lo que sí es real es el sentimiento identitario catalán, su forma de entender que hay un “nosotros los catalanes” frente (y no es necesariamente un “frente” antagónico) a un “ellos los españoles”. Y es real su voluntad de autogobernarse. En ese sentido, me gusta lo que has hecho en tu último argumento: has separado el sentimiento independentista del crecimiento del movimiento independentista. No es que sea una quisquillosa, pero entre muchos de los nacionalistas españoles ha calado el discurso según el cual la idea de la nación catalana es “mentira” y su identidad se ha construido a base de falacias. Esto me pone muy nerviosa, porque pretender que un sentimiento identitario es falso significa que consideras que hay otros verdaderos, es decir, que hay gente que cree que la nación española es de verdad y que la catalana no lo es, como si hubiese naciones “naturales” por un lado y “artificiales” por otro. Y lo único que tienen para decir esto es la fuerza de los hechos: que hasta ahora no ha existido exactamente una Catalunya independiente de España y sí una España independiente de Francia, por ejemplo. Pero es que la fuerza de los hechos no significa demasiado en teoría política, da igual que las dictaduras se nombren a sí mismas como democracias, eso no cambia la idea de democracia (democracia nunca será lo mismo que dictadura) ni niega su existencia (que hoy no las encontremos no significa que no puedan materializarse mañana). Si los tiranos se presentan como demócratas no renunciamos a la democracia, no les regalamos el concepto y nos proclamamos antidemócratas, sino que decimos que por mucho que lo intenten aparentar, no son demócratas. El hecho de que no haya existido una Catalunya independiente hasta ahora no significa, de ninguna manera, que esa idea no tenga derecho a ser. Más aún si tenemos en cuenta que esto de la fuerza de los hechos es un arma de doble filo: si nos remontamos en la historia veremos que si bien la nación catalana nunca se ha materializado, lo que no falta desde hace más de un siglo es la identidad nacional catalana; comprobaremos que si Catalunya no es ya un país independiente (vinculado o no a España mediante algún tipo de federación) no es porque no hayan querido, sino porque esa voluntad se ha corregido con bombardeos, asaltos, guerras civiles, persecuciones, prohibiciones y dictaduras. Es decir, que la España que conocemos hoy es la heredera de la España de Franco, no es que dentro de España todo el mundo se haya unido bajo una bandera y unos símbolos comunes con un sentimiento de hermandad, sino que se ha machacado a aquellos que han intentado desde independizarse hasta plantear una nueva idea de España compatible con las múltiples nacionalidades que la pueblan. Esa es la fuerza de los hechos. En cuanto al papel de la crisis económica, desde luego no negaré que ha tenido su influencia, pero lo que tú achacas a “la pela” me parece que tiene más que ver con cómo han transmitido, gestionado y conducido la crisis los gobernantes españoles. No es la crisis en sí lo que ha lanzado a miles de catalanes a apoyar el independentismo (catalanes que, por cierto, ya contaban con una identidad catalana fuerte, que no van de vacío), ha sido la forma en que la están llevado nuestros sucesivos malos gobiernos. Cuando la crisis se convierte en una excusa para favorecer a los amigos y los ricos, cuando el gobierno rompe el Estado de Bienestar para pagar deudas que se han contraído al margen de la ciudadanía (tanto en lo que se refiere al proceso de decisión como a la participación en los beneficios del préstamo), cuando reconvierte lo que hasta ayer eran derechos en los privilegios de unos pocos, cuando se rescatan bancos y banqueros pero no ciudadanos y ciudadanas, cuando se encarcela a quien roba para comer mientras se indulta a los mayores estafadores y ladrones, cuando se cambia una constitución (hasta entonces “intocable”) en menos de una semana y con secretismo para convertir en papel mojado todo menos el pago de la deuda… entonces es normal que surjan movimientos contra ese tipo de gobiernos. La forma concreta que adquieren esos movimientos depende de las variables políticas que se crucen y de la capacidad de esos movimientos para aunar distintas demandas. En el caso catalán, como en el escocés, una de las variables que se cruza y que está siendo capaz de unir demandas muy diferentes es la identidad nacional. Eso no significa que el nacionalismo que desde Madrid llaman (no sin sorna) “periférico” sea el fruto de una invención de malvados sujetos que quieren aprovechar el momento, sino que ya había una identidad nacional fuerte en la que ha medrado la oposición a un sistema injusto. ¡Por Zeus! ¿Acaso no estamos deseando la inmensa mayoría de españoles independizarnos de este gobierno?

- Lo cierto es que no me convences, pero empiezo a entender por dónde van los tiros y ya no me parece todo tan absurdo. Aún así, no has contestado a la idea principal que te acababa de plantear: por qué motivo los españoles debemos aceptar que son los catalanes los que tienen que decidir sobre la independencia y no el conjunto de los españoles.

- ¡Claro no te convenzo, porque no discuto contigo sino con una serie de ideas no reflexionadas que asumes como punto de partida! Mientras eso no cambie podrás entenderme, pero no comulgar con mis ideas. De todas formas lo importante es lo primero, lo segundo ya llegará…

- ¡No cambies de tema, Clara! No estamos hablando de mí, sino de quién es el sujeto que legítimamente puede decidir si Catalunya se independiza o no. Personalmente, creo que estamos hablando de una zona que hoy pertenece a España, por lo que si la población debe decidir, debe ser la población española y no solo la catalana la que lo haga.

- Ya sé que piensas eso, ya. Pero déjame explicarte por qué eso no tiene ningún sentido. Evidentemente no cuestiono que cada español tendrá formada su opinión legítima acerca de qué es España y qué debería ser, pero tener una opinión, formar parte de un Estado, no te da legitimidad para decidirlo todo. Por ejemplo, no tendría ningún sentido que todos los españoles decidieran sobre cómo ha de gestionar un dinero tal o cual municipio, por mucho que pertenezcan a la misma estructura estatal. Podemos establecer entre todos unos límites, pero no pretender inmiscuirnos en asuntos que otras comunidades políticas han de decidir. Cuando hablamos de un referéndum como el que pretende convocar Catalunya, una consulta que pivotará sobre una identidad nacional concreta, no tiene sentido dejar la decisión en manos de quien ni tiene ni entiende esa identidad. Además, piénsalo: imagina a un andaluz o un gallego al que le preguntas “¿desea usted que Catalunya sea independiente?”, imagina la forma en que se interpretaría el “sí” o el “no”. Fuera de Catalunya la pregunta se leería más bien como “¿quieres echar a Catalunya de España o no?”, y no creo que nadie quiera asumir esa responsabilidad, los tiempos de expulsar a los judíos pasaron. En otras palabras: el pueblo español no tiene derecho a negar la españolidad a nadie. Si estamos diciendo que un pueblo (el español, el francés…), en tanto se considera a sí mismo pueblo, tiene derecho a decidir de qué estructuras e instituciones políticas se quiere dotar para autogobernarse, tendremos que asumir que el sujeto político de esa decisión es ese pueblo y no los pueblos de alrededor. Porque si no asumimos esto, más nos vale a los españoles lanzarnos a reconquistar las Américas, ya que todo proceso de independencia se habría realizado ilegítimamente sin contar con la voluntad del pueblo (o mejor dicho la dinastía) que en aquel momento tomaba las decisiones, que en aquel momento constituía la única nación (si es que podemos llamarlo “nación”) que existía en aquel territorio. No, es como pretender que los franceses y los polacos tienen algo que decir en el proceso, ya que son miembros de la UE. Si nos ponemos a incluir “decisores legítimos” en un asunto que concierne a un pueblo no acabamos hasta incluir el planeta entero. El derecho a la autodeterminación es un derecho inherente a los pueblos, no a los países o a los Estados. Otra cosa es que tú, aceptando ese derecho, trates de que la identidad catalana sea compatible con la española, por ejemplo trabajando para construir argumentos a favor del “no” a la independencia. Como español, tienes todo el derecho a hacer eso, pero no a decidir sobre Catalunya como pueblo, pues esa decisión corresponde a los catalanes. Aplicamos la misma lógica cuando aceptamos que Francia y España tengan distintos gobiernos.

- Bueno, no están todas las cuestiones resueltas, pero creo que tengo suficiente para reflexionar un tiempo. En otro momento me gustaría discutir algo que no hemos tocado aquí pero que también es de vital importancia.

- ¿A qué te refieres, José?

- ¡A que no hemos definido quiénes son los catalanes!

- Tienes toda la razón José, los catalanes no pueden decidir nada si no está claro qué es eso de ser catalán. Además, la manera de definir la “catalanidad” no solo tendrá repercusión en el resultado de la consulta, sino que nos dará la primera pista de qué tipo de nacionalidad  se pretende construir: no es lo mismo ser catalán por sangre, por lugar de nacimiento o por residencia habitual. Es un debate apasionante y necesario, eso sí, ensombrecido por la cantidad de propaganda barata que se está vertiendo a través de los medios de comunicación, esa que nos llevan a discutir chorradas como la de si es verdadera o no la identidad nacional catalana. Te prometo que cuando nos volvamos a cruzar lo discutiremos, siempre que te veas con fuerza.

- Nos vemos Clara, ha sido un placer, como siempre. 

Podemos y ETA: el naufragio del régimen.

Hace unos meses, un grupo de personas presentaba un proyecto de toma ciudadana de las instituciones: Podemos. En el acto de presentación se escucharon muchas razones y muchos motivos por los que un movimiento político como este es necesario: políticas,sociales, éticas, económicas… la existencia de Podemos se puede justificar desde cualquier ámbito y desde cualquier nivel.

Ahora bien, la tremenda importancia de Podemos, el motivo por el que después de obtener cinco eurodiputados se ha generado tal terremoto político en nuestro país, va más allá de las críticas al sistema vigente y las propuestas de futuro. Lo que atemoriza de verdad a la casta político-económica es que Podemos ha pulsado una tecla clave: ha generado anhelo de mar. Decía uno de los miembros fundadores que, si se quiere navegar, no se puede empezar por construir barcos, comprar cañones o fijar el destino. Lo primero que hay que hacer si se quiere surcar las aguas es crear ansia de mar. 

España es un país que estaba muy mal acostumbrado a votar con la cabeza gacha, a prestar votos a unos desgraciados para que no gobernasen otros desgraciados, un Estado acostumbrado a votar sin ilusión, casi con vergüenza, de manera protocolaria, sabiendo que el resultado solo podía ser malo o peor. Sin embargo, irrumpe en el tranquilo panorama político una fuerza que no solo supera las peores expectativas del régimen y sus mercenarios de los medios de comunicación, sino que con la ilusión que genera empieza a ensanchar las grietas que el 15M había horadado en el muro. El régimen no teme a los cinco eurodiputados, tiembla ante la posibilidad de que una fuerza política no afín, un movimiento que desborda los límites de la política tradicional “setentayochista”, genere en la ciudadanía anhelo de mar. Solo por eso, Podemos ya merece la pena.

¿Cómo responde un régimen herido de muerte ante esta desacostumbrada e imprevista situación? Cerrando filas, apelando a todo su arsenal mediático para influenciar en la medida de lo posible a la opinión pública, para tratar de vincular a Podemos con todo aquello que cierto sector de la población considera como el Mal absoluto, irreconciliable, destinado a desaparecer y nunca a reconciliarse. Una de las últimas en apuntarse al carro del juego electoralista ha sido Esperanza Aguirre, que, convencida de que todavía valen los viejos clichés del lenguaje político del régimen del 78, ha asegurado, totalmente convencida de sí misma, que “Podemos está con el chavismo, el castrismo y ETA, lo demás es palabrería”. Para decir esto se basa en los titulares de diversos periódicos que han decidido vincular su futuro al del régimen mediante la más burda manipulación, cumpliendo así su labor de herramienta política a cambio de renunciar al deber de informar.

Mucho se puede decir del PP y del PSOE, de UPyD y de todos los medios y grupos que colaboran activamente en esta campaña. Pero resulta de lo más interesante lo que en el fondo nos están ofreciendo estos personajes, el anhelo que están generando. Podemos irrumpió en la escena política generando ganas de participar, de ganar, de cambiar. La casta y sus socios subordinados nos ofrece algo completamente distinto. No quieren generar ilusión, sino miedo. Lo que busca la casta con este tipo de planteamientos mentirosos es generar anhelo de pastor, anhelo de garrote, anhelo de tiempos de excepcionalidad donde todo está permitido para acabar con el enemigo.

No pretendo discutirlo ahora, pero tengo la convicción de que toda teoría política se basa, al final, en una concepción concreta del ser humano y su forma de relacionarse. Si esto es cierto, reflexionemos profundamente sobre a qué tipo de sociedad, a qué tipo de sistema político nos conducen las dos corrientes enfrentadas: aquella que confía en la ciudadanía y basa su estrategia en ilusionar, en hacer partícipe a todos y todas de los asuntos públicos, en mandar obedeciendo; y aquella que propone salvadores ante casos de emergencia, que utiliza el miedo y la mentira como herramienta electoralista, que desconfía de la democracia. Es hora de elegir entre quienes consideran que hacer cumplir la ley a los ricos y sus políticos no es una utopía comunista sino un deber, o quienes consideran que todo aquello que afecte negativamente a los poderes fácticos, que trastoque sus planes y privilegios, es terrorismo, bolivarianismo, totalitarismo, etc. Es hora de elegir entre un sistema político que confía en la ciudadanía o uno que desconfía profundamente de ella. ¿Es hora?

Una de las muchas lecciones políticas que podemos extraer de la serie Juego de Tronos es que un monarca que tiene que andar justificando que es rey no es verdaderamente un rey, sino un aspirante o un destronado. De la misma forma, una tiranía que tiene que recurrir a la mentira para tratar de mantenerse a flote está herida de muerte, aunque todavía controle las instituciones, los medios y los cuerpos que aplican la violencia “legítima”. Podemos es la guillotina del régimen del 78. La casta lo sabe, pero se ha dado cuenta demasiado tarde: si bien nunca habíamos visto semejante campaña mediática (en la que Podemos pasó de no existir a convertirse en la representación de todo mal), la respuesta popular no ha sido menor, está a la altura. Los viejos miedos ya no asustan. Porque el miedo ha cambiado de bando.

Educación para la vida real

Según los mandamases y los "expertos" de su cosecha, la educación en España es un desastre porque los alumnos no saben enfrentarse a la "vida real". Eso se debe, dicen, a que los profesores utilizan una metodología desfasada . Por ejemplo: los alumnos españoles parece ser que no saben comprar bien un billete de tren por Internet o en un cajero automático, no saben programar un aparato de aire acondicionado, tampoco predecir el comportamiento de un robot de limpieza. No contentos con ello, aseguran que el hecho de que alumnos y alumnas no realicen correctamente estas actividades (léase “la vida real”) es malo porque la economía exige que sepan hacerlo.

Como profesor, asumo mi parte de culpa. En clase de filosofía sistemáticamente recorto el futuro y niego posibilidades a alumnos y alumnas: no vemos cómo funciona un robot ni aprendemos a comprar billetes de tren. Al contrario, hacemos cosas “inútiles” como aprender y discutir sobre qué es la ética, la diferencia entre ser y deber ser, la libertad, la justicia, igualdad, el Estado de Derecho, la felicidad, la lógica y las falacias, el conocimiento, el ser humano, la discriminación y las desigualdades, la realidad, verdad y apariencia... Sin embargo, nada de ello cuenta para la economía y por extensión tampoco para “la vida real”. Una clase de filosofía no se puede convertir en producto así como así y, si se trata de una auténtica clase de filosofía y no de cualquier otra cosa, choca frontal y violentamente con la mentalidad del consumismo exacerbado, impulsivo e irreflexivo. Mientras el gobierno recorta presupuestos, reduce horas de asignaturas inútiles y evalúa la educación con criterios que no pertenecen al ámbito educativo sino al económico, desplaza la responsabilidad del "desastre" sobre esos extraños sujetos que pese a su empeño, su esfuerzo y la dedicación de la mayor parte de su tiempo, hunden el sistema educativo con su incompetencia y sus anquilosada metodología: los profesores. No hay dinero para educación, dicen, por eso el poco que hay más vale destinarlo a pizarras digitales y no a becas ni profesores. 

Al fracaso a la hora de programar adecuadamente un aire acondicionado le llaman "suspender en la vida real", y los culpables son los profesores, que no quieren adaptarse a los tiempos que corren. Parece que también es imprescindible que seamos capaces de predecir el comportamiento de un robot de limpieza. En cierta medida es verdad, porque, no nos engañemos, a quien lo compró no le hace falta saber cómo funciona de la misma forma que quien compra un tostador no necesita conocer su funcionamiento para utilizarlo; quien sí tiene que saber cómo funciona es quien nunca tendrá dinero para comprarlo pero tendrá fabricarlo o repararlo... Por eso gobiernos como los nuestros no acaban de eliminar del todo la educación pública, ¿por qué iban a hacerlo si para ellos "público" significa "gubernamental"? Controlar y orientar la educación de quien no tiene recursos es mucho más efectivo que eliminarla totalmente. 

No contentos con ello, asumen que este tipo de conocimientos prácticos que sirven exclusivamente a un fin económico, que no nos ayudan a incorporar nuevos valores o a revolucionar nuestras creencias y prejuicios irracionales, son competencia del profesorado y no de los padres (por ejemplo) o del propio alumno y su círculo fuera de la escuela. Para los que nos malgobiernan la educación pública está para enseñarnos cómo apretar un tornillo, pero nunca para que nos preguntemos por qué atornillamos, para quién lo estamos haciendo, bajo qué condiciones o si es posible hacer otra cosa. Las declaraciones de los “expertos” así como las sucesivas leyes educativas que hemos sufrido, especialmente la LOMCE, apuntan en esa dirección: ¿por qué no quitarle horas a filosofía y dárselas a economía de la empresa? ¿Por qué no depurar la historia y aprovechar el tiempo “ganado a la inutilidad” para aprender a manejar robots de limpieza? ¿Por qué no eliminar literatura universal para introducir más religión, altamente práctica para "la vida real"? ¿Por qué no cargarse el arte, la ética y la música para enseñar a programar aires acondicionados? Ganaremos en “competitividad”, dicen, la economía funcionará mejor y habrá más empleos.

“Hace falta una transformación de todo el sistema más acorde con el tipo de competencias actuales. Los mercados laborales demandan pensamiento crítico, creatividad, intuición, trabajo en grupo...” dice el analista de la OCDE. Este es el discurso del horror, del fin del razonamiento, de su sustitución por el mero cálculo en base a unos intereses que nada tienen que ver con la educación. En sus bocas, “educación” quiere decir “adoctrinamiento”, dictadura del mercado, aprender a asumir el lugar que te corresponde en la sociedad, soñar toda la vida con puestos, productos y riquezas inalcanzables para el 99% de la población. Es un discurso cuasi-fascista: los "mercados" no se comportan de manera democrática ni tienen los mismos intereses que el ser humano, pero por algún motivo son quienes tienen que decidir hasta qué tipo de educación recibimos e impartimos. Es Dios (el capital) quien lo manda, desobedecer implica violar unas leyes divinas (o naturales, o el pomposo nombre que se les ocurra) previas a las leyes humanas. Pensar ya no es abrir el mundo ni abrirse a él, no es abandonar la oscuridad donde todos los gatos son pardos, pensar es perder el tiempo, regalar nichos del mercado a la competencia, ser antieconómico. Programar aires acondicionados con eficacia y eficiencia es, por contra, “pensamiento crítico”. Neolengua orwelliana.

Los alumnos no están motivados, dicen. En esto llevan razón y muchos profesores tienen su parte de culpa, pero sería un error (muy conveniente para ellos) declarar a los docentes culpables de la situación general: las leyes del PSOE y del PP han provocado esta situación de desinterés universal. Y no solo las leyes educativas... El imperio del utilitarismo economicista que rige el devenir humano fuera de la escuela entra en las aulas a través de los alumnos, lo llevan siempre en la mochila: somos todos los profesores los que, cada día, tenemos que enfrentarnos a la pregunta de “¿esto para que sirve?”. El profesor de economía lo tiene claro, su asignatura sirve para ganar dinero, eso dice. Pero la filosofía, ¿para qué sirve? La respuesta del mismo profesor de economía, sorprendido porque el profesor de filosofía no quisiese jugar a que lo único que vale es lo útil, lo que otros señores muy lejos de las aulas definen como útil: “la filosofía como mínimo sirve para ligar”.

Siembra cuervos y te engullirá el lodo.  

Medio ambiente y Derechos Humanos

¿Existe alguna relación entre el trato que le damos al medio ambiente y el cumplimiento o el incumplimiento de los Derechos Humanos? Para averiguarlo, primero debemos aprender a manejar cuatro o cinco conceptos para, después, ponerlos juntos y ver qué nos ofrecen.

El medio ambiente comprende aquellas condiciones que posibilitan o imposibilitan la existencia y el desarrollo de la vida (agua, temperatura, terreno cultivable, tecnologías de producción, cultura, etc.). En la actualidad sabemos que el ser humano (ese extraño animal social y político) está incidiendo de forma negativa en las condiciones que hacen que este planeta sea habitable. Mediante la contaminación, la deforestación, la explotación de especies hasta su extinción, la manipulación genética, etc., estamos cambiando el medio ambiente hasta el punto de que peligra la existencia de miles de especies, incluida la nuestra.

Ahora bien, ¿cómo podemos medir el impacto que el ser humano ejerce sobre la naturaleza? ¿Cómo podemos medir hasta qué punto lo que estamos haciendo, la forma en la que vivimos, cambia las condiciones bajo las cuales se desarrolla la vida? ¿Cómo podemos comprobar si el estilo de vida que seguimos es válido para todo el mundo?

La huella ecológica es un indicador ambiental que permite visualizar el impacto de una sociedad humana sobre su entorno. Mide el área de tierra y mar biológicamente productivos (cultivos, bosques, ecosistemas acuáticos...) que se requieren para obtener los recursos materiales que consume un individuo, población o actividad, y para absorber los residuos generados por esos grupos o actividades. Se trata de uno de los muchos indicadores que deberíamos manejar para regular nuestras actividades (políticas, económicas, sociales...).

El concepto de la huella ecológica se basa en tres principios básicos:

a) para producir algo, lo que sea, hacen falta materiales y energía

b) durante el ciclo de vida de cualquier producto se van generando residuos, lo que significa que es necesario que exista algún sistema natural capaz de reabsorberlos

c) la especie humana ocupa espacios con sus infraestructuras (casas, carreteras, etc.), lo que hace que disminuya la superficie de los ecosistemas productivos.

El cálculo de la huella ecológica se basa en la determinación de la superficie necesaria para satisfacer las necesidades de consumo asociados a la alimentación, por ejemplo (aunque también se puede calcular en relación necesidades de bienes de consumo, de vivienda, de servicios...). Así, si yo consumo 100 kg de verduras y el rendimiento medio de los cultivos por una hectárea de tierra es de 1000 kg, podemos decir que mi huella ecológica para este caso es de 0,1 hectáreas (100/1000).

Pero en este momento no nos interesa calcular nuestra propia huella ecológica (eso lo podéis hacer en esta web: www.myfootprint.org), sino que vamos a mirar más allá y vamos a tratar de calcular la huella ecológica de distintos países y así poder hacer una estimación de sostenibilidad global.

Para resumir, diremos que un sistema sostenible es aquel que es capaz de satisfacer las necesidades de la actual generación sin sacrificar la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades (por ejemplo: si talamos demasiada madera de un bosque acabaremos por hacer desaparecer el bosque y ya nadie más podrá obtener madera). Luego un sistema será sostenible cuando su huella ecológica no supere la biocapacidad disponible para cada habitante del planeta. El conjunto de los distintos sistemas será sostenible cuando la superficie utilizada para producir los alimentos y absorber los residuos generados en el proceso sea menor que la superficie biológicamente productiva disponible en el planeta. De lo contrario faltarán alimentos y no seríamos capaces de deshacernos adecuadamente de los residuos, que se irían acumulando y ocupando cada vez más tierras productivas hasta sepultarnos.

Ahora bien, cuando hablamos de la necesidad de desarrollar un sistema sostenible estamos hablando, inevitablemente, del deber ser y no del ser. En efecto, el mundo de los hechos nos dice que la norma general no es la sostenibilidad, sino todo lo contrario: cuando nos han faltado hectáreas para satisfacer nuestro nivel de consumo no hemos reducido este, sino que nos hemos lanzado a la búsqueda de otras hectáreas por todo el mundo. Que el 20% de la población mundial consuma el 80% de los recursos no es fruto de la naturaleza o el azar, sino que es el resultado de cómo hemos estructurado el mundo, de cómo hemos respondido ante el hecho de que los recursos son limitados, finitos: colonialismo, imperialismo, saqueos, guerras de conquista, mecanismos de dependencia económica...

Veamos la siguiente gráfica:

El Índice de Desarrollo Humano (IDH, lo que representa el eje vertical) está elaborado por las Naciones Unidas y trata de medir las condiciones generales de vida de la ciudadanía tomando como indicadores la esperanza de vida (acceso a la salud), el grado de alfabetización (acceso a la educación) y el PIB per cápita (riqueza de un país en relación a sus habitantes). El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera que el IDH es “alto” cuando es igual o superior a 0,8 y establece que, en caso contrario, estaríamos hablando de países que no están “suficientemente desarrollados”. Este indicador es muy importante porque nos dice en qué medida el resto de derechos son papel mojado o realidades efectivas: de nada nos sirve la libertad de expresión, por ejemplo, si estamos postrados en la cama porque no hay hospitales, si no sabemos leer ni sumar, o si somos tan pobres que dedicamos toda nuestra vida a buscar comida en contenedores. El eje horizontal, basándose en el cálculo de la huella ecológica, establece la cantidad de planetas Tierra que necesitaríamos si se generalizase el nivel de consumo de un país dado, si todo el mundo viviese de la misma forma.

Por ejemplo: si queremos generalizar (llevar a todos los países del mundo) el estilo de vida y el sistema de Burundi, en términos de sostenibilidad nos sobraría más de la mitad del planeta. Sin embargo, Burundi tiene un IDH muy bajo, por lo que no parece que sea deseable. EE.UU, por otro lado, tiene un IDH muy elevado, pero necesitaríamos más de cinco planetas como el nuestro para que todo el mundo pudiese compartir su estilo de vida y nivel de consumo, por lo que aunque su IDH sea envidiable, no parece generalizable el precio que pagan (y que hacen pagar) por ello.

El área coloreada representa la franja de sostenibilidad, que incluye un IDH alto (0,8 o superior) y una huella ecológica que no implica la existencia de más de un planeta habitable si quisiésemos generalizar su modo de vida. El único país que cumple los requisitos de desarrollo humano y de sostenibilidad medioambiental es Cuba, pero ¿qué significa todo esto? Hay que tener cuidado, porque si nos quedamos aquí, si nos quedamos en lo visual y no reflexionamos, no nos hablará la imagen de la gráfica (las imágenes no hablan, hay que hablarlas), sino que lo harán nuestros prejuicios más irreflexivos, aquellos que hemos interiorizado sin pensar. Es necesario, pues, reflexionar sobre el significado de esta gráfica.

Es evidente que lograr un IDH alto es un objetivo deseable, nadie puede preferir el hambre, la ignorancia y la enfermedad para otra parte del mundo. Ahora bien, en la gráfica podemos comprobar que muchos países han logrado un elevado IDH a costa de consumir tal cantidad de recursos que resulta materialmente imposible que el resto de los países puedan reclamar el mismo derecho (ni mucho menos). ¿Pueden los estadounidenses, los ingleses o los australianos querer realmente que su modelo se convierta en una pauta a imitar? Evidentemente no. EE.UU., por ejemplo, defiende con uñas y dientes “the american way of life”, basada en un consumo desenfrenado, pero de ningún modo pueden pretender que el resto de países consuman al mismo nivel y a la misma velocidad. ¿Podemos, por tanto, reclamar el derecho como europeos, norteamericanos o australianos, a vivir indefinidamente por encima del resto del mundo?

Imaginemos el caso de un asesino. La película “La soga”, de Alfred Hitchcock, nos ofrece un ejemplo maravilloso: una pareja de amigos deciden que, puesto que se consideran intelectualmente superiores, tienen el privilegio de asesinar a las personas inferiores. Podemos decir muchas cosas sobre esto, pero lo que más nos interesa ahora es que por muy inmorales, idiotas y sádicos que sean, esta pareja de asesinos tiene muy clara una cosa: solo ellos deben comportarse de esa forma, es decir, como asesinos. Es absolutamente lógico: ni el peor y más tonto de los asesinos pretende que el resto de la humanidad se comporte de la misma manera. ¿Por qué? Porque ni el más tonto de los asesinos quiere dejar de ser verdugo, basta con dos dedos de frente para, desde el lugar del asesino, comprender que el “privilegio” de ser asesino reside, precisamente, en que nadie más se comporte de la misma manera, porque si todo el mundo pensase y actuase igual que los asesinos, ¿qué garantizaría que al pasar la esquina sigas siendo verdugo y no pases a ser víctima de alguien que piensa igual? Solo el asesino puede comportarse como asesino, su forma de actuar no es generalizable y es el propio asesino el primero que se da cuenta de ello. Ahora bien, gracias al progreso de la razón ya no nos vale con el peso de los hechos, necesitamos justificar de alguna manera que suceda esto o lo otro, por eso los asesinos de “La soga” desarrollan toda una teoría sobre gente superior e inferior que justifica su modo de proceder y les blinda del peligro que supondría que otra gente les imite: el asesinato es el privilegio de unos pocos seres intelectualmente superiores.

Mutatis mutandis, imaginemos a un político europeo diciéndole a políticos africanos algo así como “entienda usted que para que nosotros los blancos podamos ser gordos, ustedes los negros tienen que pasar hambre”. Este tipo de argumentaciones no solo es intolerable desde el punto de vista de los más perjudicados, es intolerable bajo cualquier punto de vista. O, dicho de otra forma, es intolerable desde el punto de vista de cualquiera (de cualquier otro). Porque lo que nos dice que es intolerable es la Razón y no nuestro interés particular como africanos, asiáticos o europeos. Y eso de razonar solo se puede hacer desde un lugar en el que uno se trate a sí mismo no como blanco o como negro, no como hombre o mujer, no como alto o bajo, madrileño o espartano, etc., sino que, por el contrario, se trate a sí mismo como uno cualquiera, es decir, independientemente de nuestras particularidades (color de piel, sexo, lugar de nacimiento, edad...) e intereses personales (quiero este móvil, este maquillaje, esta ropa...). Es el mismo lugar del que habla la Declaración de los Derechos Humanos (Artículo 2):

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. [...]

Y es desde ese lugar de cualquier otro desde donde podemos decir que el mundo, tal y como está estructurado hoy, resulta intolerable. Por eso, los que se benefician del actual estado de cosas invierten ingentes cantidades de dinero, recursos y personas en ocultar una terrible verdad: que los países pobres están siendo expoliados por los países ricos y que no existe eso que llaman “países en vías de desarrollo”. No pueden existir ya que, como vemos, se trata de un desarrollo que es materialmente imposible de universalizar: para que Burundi se ponga a la misma altura que EE.UU., puesto que contamos con solo un planeta y sus recursos son limitados, sería necesario que EE.UU. se pusiese a la altura de Burundi. El límite material del planeta así lo exige: para que exista un país como EE.UU., es absolutamente imprescindible que existan varios Burundi. Es decir, que el concepto de “país en vías de desarrollo” no es más que una ficción de quien ha alcanzado un posición privilegiada y quiere mantenerla: es como si Europa o EE.UU. le dijese al resto del mundo “vosotros avanzad que ya llegaréis donde estoy yo” sabiendo que es imposible, que es un camino que no tiene final, un sendero por el que no paras de avanzar pero sin llegar nunca a la meta. La única manera de justificar esta situación (que existan una Europa y un EE.UU. con ese nivel de consumo, con ese estilo de vida), es, por tanto, defender que los “países desarrollados” tenemos algún tipo de “derecho” (más bien privilegio) sobre el resto del mundo, ya sea divino, racial o histórico (destino manifiesto, superioridad de la raza aria, elegidos por Dios...).

Por otra parte, resulta muy significativo que el único país del mundo que tiene un desarrollo aceptable en términos humanitarios y medioambientales y, por tanto, universalizable, no sea un país capitalista. No es casualidad: es uno de los pocos lugares del mundo donde las decisiones se toman desde la política, no se regalan al hambre insaciable de la economía. Cuba tiene la capacidad de decidir ser un país con un sistema sostenible y de alto desarrollo humano porque lo común (la política) prima sobre lo privado (la economía), cosa que no ocurre con las sociedades del mal llamado primer mundo, totalmente sometidas a las leyes del mercado, es decir, a las leyes del interés particular y el beneficio a toda costa. Pensemos, por ejemplo, en la necesidad que tiene nuestra economía de producir más coches: cada mañana, en el atasco, envueltos en nubes de dióxido de carbono, escuchamos en la radio que es una buena noticia que se vendan más coches. Es decir, lo que en términos humanos y medioambientales es un problema, para la economía (y la política) de nuestro país es una solución: producir más implica más trabajo y más dinero.

Por tanto, ¿qué lecciones nos aporta el caso cubano? ¿Qué podemos extraer y aprender de la anomalía que representan respecto al normal funcionamiento del mundo? La primera ya la hemos mencionado: si gobierna el interés particular sobre el interés general no hay nada que hacer, siempre habrá alguien interesado en obtener mayores beneficios aunque sea obligando a otras poblaciones a pagar el precio del hambre. La ONU estima que con los recursos, terrenos y técnicas actuales podríamos dar de comer al doble de la población mundial. Sin embargo, mientras, aproximadamente un tercio de la población pasa hambre y muere por inanición o por las enfermedades derivadas de una mala alimentación. Dicho de otra forma: mientras en España lanzamos al mar tomates, lechugas y naranjas para que suban los precios de estos productos, unos pocos kilómetros al sur el hambre adopta la forma de una epidemia.

Pero el caso cubano nos dice más: no se trata de una cuestión de recursos. Ser sostenibles no es más caro (o no debería serlo), ni es una opción que solo los países “desarrollados” pueden elegir. No nos interesa ahora el debate de si Cuba es comunista o socialista, estatalista, estalinista o anti-imperialista, lo que nos interesa es que, sea lo que sea en el fondo, es un país pobre que ha atravesado dos durísimos procesos de colonización: primero el español y luego el estadounidense. Es un país que, al alejarse de las leyes del mercado capitalista, sufre enormes dificultades para obtener recursos del exterior porque su moneda no vale nada fuera, todo les sale muy caro. Si a esto le sumamos el bloqueo ilegal que practica EE.UU. sobre la isla, tendremos que reconocer que Cuba no ha llegado a donde está por disponer de todas las facilidades en lo que a recursos se refiere, al contrario. La lección que tenemos que extraer es que ser sostenible no es el privilegio de los que tienen mucho, sino el deber de todos: no es una cuestión de recursos sino de voluntad política. La clave, nos dice Cuba, está en decidir ser sostenibles y no en si se puede o no. Podemos hacerlo, podemos combinar un elevado IDH con el respeto al medio ambiente y al resto de seres humanos. Cuba está gritando “¡sí se puede!” y, al hacerlo, está descubriendo nuestras vergüenzas. Si ser sostenibles fuese imposible no habría nada más que pensar, pero si podemos hacerlo entones debemos hacerlo. Deja de ser una opción como otra cualquiera y se convierte en un imperativo que hay que cumplir: debemos, tenemos que desarrollar un estilo de vida sostenible.

Aquí conviene quizá abrir un paréntesis para evitar malentendidos: de ninguna manera se está apuntando que el comunismo o el socialismo son, per se, la solución a este problema. Al respecto no hay más que recordar las grandes barbaridades humanitarias y ecológicas que cometió la URSS. La clave, por tanto, no es el comunismo, sino que la política, el reino de lo común, lo que nos afecta a todos y todas, gobierne sobre la economía, el imperio de los intereses particulares. Ahora bien, esto no es suficiente, hace falta algo más...

Hoy en día en Cuba tienen un sistema político en el cual el poder ejecutivo ha absorbido demasiado poder. De una forma o de otra, es capaz de decidir muchas cosas al margen de la voluntad de la mayoría de los cubanos. Por eso podemos decir que el sistema político-económico cubano tiene algo que enseñarnos, pero no estamos hablando de un modelo a imitar: basta que el gobierno cubano decida comenzar a ser insostenible para que Cuba deje de ser sostenible sin que los ciudadanos puedan evitarlo. Por eso resulta de vital importancia no solo poner en sus sitio intereses generales e intereses particulares, sino garantizar que la decisión final sobre estas cuestiones depende de la propia población y no de la voluntad de un gobierno. Es decir, la solución no puede ir al margen de la democracia.

La ONU estima que han muerto entre 6 y 8 millones de personas para extraer el coltán que necesitan nuestros móviles y ordenadores para funcionar. La consecuencia directa de esto es que cada vez que compramos un móvil o un ordenador, nos obligan a participar en un genocidio. Sin embargo, la totalidad de las personas a las que se les pregunta al respecto niegan que tengan ningún interés en participar en una masacre para tener un móvil nuevo. Es más, la respuesta es siempre la opuesta: “si pudiese haría lo contrario, evitar que se produzcan masacres para que yo tenga un móvil”. Por eso es absolutamente necesaria la democracia, no solo a nivel político, también a nivel económico: necesitamos disponer de la capacidad para decir “no” a las empresas y gobiernos que se lucran con la muerte de los seres humanos. La democracia nos hace responsables de nuestros actos y nadie en el mundo quiere ser el responsable de una masacre: si decidimos nosotros y nosotras, la ciudadanía, las probabilidades de que estos casos se repitan son prácticamente nulas.

Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Porque aunque consiguiésemos que nuestro país respetase el medio ambiente sin por ello dejar caer el IDH, ¿quién nos garantizaría que los demás harán lo mismo? Si Cuba continúa siendo el único país que cumple con el criterio de sostenibilidad, ¿acaso no sufrirá exactamente las mismas calamidades que si no lo estuviese cumpliendo? Puesto que la naturaleza y las condiciones que permiten la vida son cuestiones globales, resulta evidente que la respuesta debe ser también de carácter global. Es decir, necesitaríamos algún tipo de organización política internacional que sea capaz de imponer (porque algunos no querrán aceptarlo) normas de comportamiento racionales, de obligado cumplimiento para todos los países, y que se encargue de sancionar a los infractores. Porque es evidente que si nosotros consiguiésemos el desarrollo sostenible pero el resto de países se negase a perseguirlo, tarde o temprano tendríamos que enfrentarnos igual al deterioro medioambiental.

Ciertamente, ya existe una organización similar a lo descrito, pero con unas deficiencias importantísimas, fundamentales. La Organización de Naciones Unidas (ONU) pretende ser esa organización política internacional capaz de agrupar a los distintos países del mundo para consensuar decisiones. Sin embargo, la ONU no tiene capacidad para sancionar a ningún país por desobedecer alguno de sus mandatos, mucho menos obligar a hacer nada. Es decir, la ONU no tiene poder coactivo: siempre que alguien desobedece, necesita que algún país concreto se encargue de hacer efectiva su decisión, normalmente alguna de las superpotencias y sus aliados, por lo que depende de la voluntad de estas y no de la ONU que se cumpla el derecho internacional.

La otra cuestión fundamental, el otro motivo por el cual la ONU no está logrando ser parte de la solución, es por su modo de funcionar, por como están estructuradas las instancias donde se toman las decisiones, especialmente dos (las más importantes): la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. La Asamblea General de la ONU es el lugar donde se reúnen los representantes de los distintos países pertenecientes a la organización. Cada país tiene un voto. Ahora bien, las decisiones que toma la Asamblea General no son vinculantes de ninguna manera: para el derecho internacional se trata de meras declaraciones o recomendaciones, ruegos o sugerencias, no tiene capacidad legislativa, ni ejecutiva, ni judicial. El órgano que toma las decisiones en la ONU es el Consejo de Seguridad. Teóricamente, todo lo que decida el Consejo de Seguridad (CS) debe ser aceptado y cumplido por los países que pertenecen a la ONU. De lo contrario, el CS tiene el derecho de tomar medidas para que sus decisiones se cumplan (advertencias, sanciones económicas, incluso autorizar el uso de la fuerza).

Ahora bien, ¿quién forma parte del CS y bajo qué condiciones? Son 15 los países miembros, pero solo 5 de ellos son miembros permanentes, los 10 restantes ocupan un puesto temporalmente (dos años). Los 5 miembros permanentes son China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Hay más: los cinco miembros permanentes, no los demás, tienen derecho de veto, es decir, que si a uno de esos cinco países no le gusta lo que va a decidir la mayoría del CS, puede bloquear unilateralmente la decisión e impedir que salga adelante. Esto significa que estos cinco países pueden decidir si sale adelante una medida o no en función de sus intereses, independientemente de que se trate de decisiones que afectan a todo el globo.

¿Qué podemos esperar, por tanto, si los miembros no permanentes del CS proponen serias medidas (por ejemplo) contra la contaminación? Probablemente alguno de los cinco permanentes (si no todos) usarían su derecho de veto para impedir que esta medida se aprobase. De lo contrario tendrían que replantearse todo su modo de vida y renunciar a sus privilegios materiales.

En consecuencia, si queremos solucionar este problema antes de que sea tarde vamos a tener que cambiar por completo nuestros sistemas económicos y políticos para someterlos al control ciudadano; también tendremos que crear algún tipo de organización internacional con capacidad para ponerle freno a la vorágine destructiva y despilfarradora que es el sistema político-económico de hoy; y tendremos que garantizar de alguna manera que esta nueva organización responda ante la ciudadanía y no ante los gobiernos. Somos testigos de cómo quienes manejan las riendas de la economía del máximo beneficio tienen intereses distintos a los que tiene un ser humano cualquiera, incluso contrarios, y también somos testigos de cómo la clase política baila a su son por miedo a llevarles la contraria. Tomemos, pues, las riendas de nuestro destino.

Podemos, luego debemos.

Violencias

Tenemos que entender que montar una barricada o lanzar una piedra no se puede comparar, en lo que a violencia se refiere, con la modificación de una ley, por ejemplo, o la introducción de un nuevo artículo en la constitución. Es difícil asumirlo, porque los que van eliminando derechos a golpe de ley no se tapan la cara con un pasamontañas, sino con un cargo de autoridad presuntamente legítimo; no llevan capucha, sino corbata; no visten ropas de calle, sino trajes de Armani; no corren perseguidos por la policía, sino que son recibidos por compañeros de partido que les aplauden; no les disparan ni les detienen, se premian a sí mismos con sueldos desorbitados y privilegios de todo tipo; sus amigos no son pueblo ni ciudadanos, sino que son inversores y lobbys; etcétera. La estética, la costumbre y los prejuicios (“si la policía les dispara es porque algo gordo habrán hecho”) juegan de su parte.

Además ocurre lo siguiente: es imposible no percibir la violencia cuando vemos fuego en mitad del asfalto, o a una persona rompiendo un escaparate, lanzando una piedra o pateando un policía. Es algo intuitivo, entra por los ojos y las orejas, incluso por la nariz si estás lo suficientemente cerca. Es la propia sensibilidad la que nos dice que estamos presenciando un acto violento. Sin embargo, hay otro tipo de violencia que solo puede verse a través de la razón: la violencia estructural. A diferencia de la violencia física, tan llamativa, esta pasa desapercibida porque escapa a los sentidos: uno nunca ve a una ley matando gente, o a un artículo de la constitución lanzando piedras, ni vemos gente atravesada por el logotipo de una empresa de zapatillas. La violencia estructural funciona a priori, antes de que se haga necesario aplicar la violencia física. Por ejemplo: no hará falta pegar y detener universitarios si solo pueden serlo aquellos que sean afines al régimen. Tan solo cambiando la ley de educación, uno puede deshacerse de un plumazo de todos aquellos que pueden tener algo en contra de la plutocracia que nos (mal)gobierna: si la universidad es el hogar de quien pueda pagarla y no de quien quiera estudiar, se multiplican las probabilidades de que se trate de miembros de las clases privilegiadas que tienen gran interés en mantener el actual régimen.

¿Qué pasa con la gente que se queda fuera? Nada, porque nadie les ha apuntado con una pistola para que no estudien. Si no tienen dinero para pagarse la carrera y el máster será porque no han trabajado lo suficiente, porque no se lo merecen. En cualquier caso, según medios de comunicación y gobierno eso no sería violencia, porque nadie obliga a nadie a hacer algo (o no hacerlo) por la fuerza. Sin embargo, eso es exactamente la violencia estructural. Cambiando un punto aquí y una coma allá, miles de personas hoy, millones mañana, se quedan sin estudios, sin trabajo, sin pensión, sin sanidad... y ven reducida su libertad a un chiste de mal gusto.

Si la ciudadanía no hace nada ante estos hechos, para el régimen no hay problema. A eso lo llaman “solución”, “salida de la crisis” o “paz social”. Pero si la ciudadanía se organiza, protesta, exige, suma fuerzas y pone en jaque el escudo de legitimidad bajo el que se ampara un gobierno que no ha dudado en violar al completo su programa electoral, entonces, dicen, tenemos un problema. Es decir, que para ellos el problema es el efecto de las medidas que toman y nunca su quehacer corrupto y antidemocrático.

¿Cómo se soluciona este “problema”? Cambiando de políticas nunca, porque “no hay alternativa”. Así que lo más recomendable es el silencio. Negación y nadificación de la protesta. Si no es suficiente, entonces se pasa a la difamación, ridiculización y a la manipulación a través de sus medios de comunicación, que son prácticamente todos (otra muestra de violencia estructural: la ley dice que todos pueden expresarse libremente, pero gracias a la estructura económica, solo unos pocos pueden). Sí aún así el tozudo vulgo se empeña en mostrar en público su descontento y encima va ganando apoyos, habrá que aplicar la violencia física, pero ojo, la “legítima”. A mayor grado de violencia empleado por las UIP, más justificada parece su carga, ya que el prejuicio popular de las películas (y de la ley) nos inclina a pensar que la policía son los buenos y los que gritan y van mal vestidos son los malos. Golpes, patadas, porrazos, disparos, gases, vejaciones, multas desorbitadas, juicios impagables, palizas en la calle y en comisaría, detenciones arbitrarias... Todo vale para protegernos de los que ejercen la violencia con piedras, todo vale para proteger a quien ejerce la violencia estructural (y a quien se beneficia de ella).

Por todo esto y más, es imperativo, un Deber con mayúsculas, que asumamos que tenemos derecho a ejercer la violencia física contra un cuerpo de salvajes cuya profesión consiste precisamente en aplicar violencia ciega y arbitraria. Si la policía nos ataca cumpliendo unas órdenes que claramente violan los Derechos Humanos, tenemos que defendernos y, si es posible, ganar batallas y aprender tanto de victorias como de derrotas. Este régimen no es legítimo, ninguno lo es cuando destruye derechos para engordar los privilegios de unos pocos. No existe el régimen legítimo que dispara a sus ciudadanos porque estos defienden lo de todos. Tenemos el Deber, por tanto, no de negar lo que esputan las televisiones, radios y periodicuchos que han asumido el rol de espadachín del plutócrata, sino de hacer ver que también esos medios están practicando una forma de violencia que oculta otras formas de violencia y señalan a una muy específica (la que no ejercen ellos mismos) como la fuente de todo mal.

El 22M no acabó violentamente por culpa de una minoría con el rostro cubierto. Empezó violentamente porque el motivo de las marchas era precisamente la violencia estructural que estamos sufriendo, tanto económica como política. El acontecimiento ya estaba envuelto en violencia, fue forjado por la violencia. Si además acabó a pedradas es porque tenemos un gobierno sordo y ciego que prefiere utilizar su ejército pretoriano antes que la razón, un gobierno que entiende que la democracia y el Estado son algo así como un enorme cortijo particular que deben defender por la fuerza. Tenemos que ser capaces de transmitir que la violencia más cruel, que afecta a más personas, que destroza más vidas, es la que lleva a los desahucios, los ERE, la puerta giratoria del Congreso, las privatizaciones, la eliminación del derecho a la salud y a la educación, la derogación de facto de la democracia: las elecciones ya no son ni una alternativa entre dos partidos, solo hay un camino, solo se aprueba (de una manera o de otra) lo que se ha decidido ya de antemano en otros lugares (banco central de turno, FMI, troika, etc.).

Por eso Debemos entender y transmitir que la violencia desplegada por parte los manifestantes del 22M o la huelga educativa es incomparable con la violencia que esos manifestantes están sufriendo diariamente. El paro es violento, el exilio es violento, la precariedad es violencia, el sistema de clases que llaman democracia es violencia. Y no hay nada más hermoso, justo y necesario que oponerse a ello, aunque implique utilizar piedras y vallas como legítima, insisto, legítima defensa. A una tiranía ni se la respeta ni se la obedece, se la destruye. Así nacen las democracias, la paz y la justicia. Que recen para que no nos volvamos tan violentos como ellos, para que sigamos respondiendo a sus agresiones con pedradas y no con despidos, bancos, policías, medios de comunicación, precariedad y gobiernos tiránicos. Que recen, porque si el único lenguaje que entienden es el de la violencia, si para lo demás son sordos y ciegos, más les vale que exista un dios que les proteja: vamos a imponer los Derechos Humanos, por las buenas o por las malas.