En 1936, unos cuantos militares se levantaron contra el gobierno de la República. Intentaron dar un golpe de Estado que debido a la tenacidad, sacrificio y coraje de un pueblo que no estaba dispuesto a renunciar a su dignidad, se acabó convirtiendo en una guerra civil. Uno de los lemas del bando que pronto se bautizó a sí mismo como los "nacionales", fue "¡Salvemos la patria!". El país estaba en peligro: los "comunistas" (palabra que perdió el sentido original para acabar abarcando a toda la izquierda, desde socialdemócratas hasta anarcosindicalistas, convirtiéndose en sinónimo de "enemigo") amenazaban con "romper España". En defensa de una nación se inició una cruenta guerra seguida de 40 años de represión y reeducación política. Se acusaba a la izquierda en general de pretender abolir la nación y en defensa de esta se levantaron los militares.
Pero aquellos fascistas ultranacionalistas se equivocaban. No es la izquierda anticapitalista la que ha supuesto un grave peligro para la patria, pese a su carácter internacionalista. Es precisamente la derecha capitalista la que se benefició del franquismo y la que se ha encargado de convertir en carne la pesadilla del nacionalismo: han destruido la patria. Hoy, para el 90% de la población, la patria no existe más allá de la aduana, las leyes de extranjería y el equipo de fútbol. Es la situación en la que se encuentra prácticamente el mundo entero tras décadas de reformas y ajustes patrocinados por el FMI y el Banco Mundial. Millones de personas tratan de abandonar sus hogares y viajar miles de kilómetros para obtener un sueldo miserable. Para miles de personas no hay más patria que el campo de concentración dedicado a "indocumentados" o el desierto donde se les abandona tras expulsarles. Si ayer Zizek nos advertía de que corríamos el riesgo de convertir al mundo entero en Repúblicas Bananeras a merced de grandes multinacionales, hoy podemos decir que pecaba de optimista.
Hace unos días Zapatero viajaba a China y Japón en visita oficial. El objetivo del presidente español, al contrario de lo que se pueda pensar, no era representar a su pueblo en el extranjero, sino "vender la Marca España", según sus propias palabras. El Instituto Elcano nos explica qué es eso de la "Marca España":
"La iniciativa del Proyecto Marca España responde a la necesidad de coordinar las distintas actuaciones públicas y privadas sobre la marca España, de transmitir a las empresas e instituciones la importancia de tener una buena imagen de país, y de informarles sobre cómo comunicar y 'vender' la nueva realidad de España. [...] El objetivo común consiste en no dispersar esfuerzos y mantener la coherencia en los mensajes para construir una nueva imagen de España que no sólo mejore la proyección económica del país, sino que transmita la nueva realidad política, social y cultural de España, con sus características de modernidad, creación artística, dinamismo y potencia económica y cultural. Este objetivo es de vital importancia en estos momentos, ya que la imagen de España, aunque está evolucionando positivamente, es en su mayor parte confusa, estereotipada e insuficiente y no ofrece fortaleza competitiva."
En otras palabras: además de someter la realidad política, social y cultural de España a la voluntad de los mercados internacionales, lo cual no es nada nuevo, lo que se pretende es sustituir el nombre "España" por la marca "España". Esta cuestión parece mínima, pero está íntimamente relacionada con la primera. Si una persona pretende apoderarse de algo, nos recordaba Santiago Alba Rico ("Marcas o nombres"), lo normal es que lo "bautice", le ponga nombre para apropiarse de ello, como hacía Colón con las tierras que "descubría", o como hace un granjero con sus tres vacas. Pero los nombres juegan un papel peligroso si lo que se pretende es el domino absoluto: lo mejor para estos casos es dejar sin nombre lo que se pretende dominar. Se puede sustituir por un número, por ejemplo, como ocurre con los presos en las cárceles. O se puede marcar el objeto o sujeto dominado. Una marca, por ejemplo, puede ser el labio destrozado de una mujer, la forma en que su marido deja constancia de que es su posesión. Siguiendo el ejemplo del granjero, si en lugar de vivir en base a tres vacas se dedicase a la ganadería industrial, no le interesaría nombrar a sus vacas una por una, sino marcarlas con un símbolo que las distinguiese como suyas.
Este es uno de los peligros del capitalismo: las grandes multinacionales no venden productos, lo que venden son marcas. Estas marcas, que se presentan como el medio para alcanzar el estilo de vida que esas mismas empresas nos hacen desear, acaban marcando a los consumidores que se las pueden permitir. Cuando un portero de la discoteca de moda mira al sujeto que está intentando entrar, no está buscando lunares o deformidades que le den pie a expulsarle. Lo que busca es la marca que porta el sujeto, que lo despersonaliza, que le quita el nombre, y así comprobar si ese espectro es de fiar. No es la cara del sujeto ni la cantidad de gomina que lleve en el pelo lo que explora inquisitivamente el portero, sino la marca que determina hasta qué punto el sujeto que pretende entrar ha dejado de ser persona para convertirse en parte del rebaño sin bautizar, sin nombre pero orgulloso portador de una marca que es símbolo de su ausencia, de su alienación. La marca le da al portero una ligera idea del nivel de renta y de los círculos sociales en los que se mueve el sujeto que intenta entrar en la discoteca. Si lo que ve coincide con el objetivo de la empresa, el marcado pasará. Es el mismo proceso que se practicaba en la Alemania nazi, con una diferencia: allí el que portaba la estrella, la marca del judío, no podía entrar en casi ningún establecimiento, ni a comprar pan. Hoy se nos exige estar marcados para poder continuar y sólo unos cuantos pueden permitirse "marcarse" con aquellas marcas que abren más puertas.
La idea es, por tanto, convertir al país entero en una marca, en un producto destinado al mercado. Hoy por hoy, en lo que alguna vez fue o pudo ser España, no llegamos ni al nivel de República Bananera, somos la imagen de un producto que ni si quiera es nuestro porque está destinado a ser comercializado. Por eso es comprensible que, si Zapatero viaja a China y Japón para vendernos, no escuchemos en los medios de comunicación capitalistas ni una sola crítica al régimen chino o japonés (y por supuesto tampoco hacia Zapatero por viajar con tales intenciones a Asia). Se trata de mercados demasiado suculentos como para ensuciar con la sombra de la dignidad la marca con la que se pretende obtener cuantiosos beneficios. Paradójicamente, en varios de estos medios comentaban de pasada el hecho de que faltaban críticas, al menos sobre las violaciones de los derechos humanos (de las que no se olvidaron, por ejemplo, en los juegos olímpicos), como si no estuviese precisamente en su mano que estas críticas tengan un espacio en las noticias u otro programa. Es otro claro ejemplo de cómo se articulan tanto el sector privado como el público para satisfacer al mercado. Y esa es las idea final de la marca España: una coordinación absoluta para vender el ex-país por pedacitos.
Pero Zapatero aun nos tenía otra sorpresa preparada: hace escasos días acudía servil a Wall Street a explicarles a aquellas personas que caminan por encima de la ley, seres superiores según Butragueño, por qué los durísimos ajustes que el PSOE está impulsando en España, con la bendición de la Unión Europea y el FMI, son beneficiosos para ellos más que para los españoles. Según el propio Zapatero, su presencia en la capital de la especulación tenía una fácil explicación: "he venido a vender país", decía. Recordaba a aquella cumbre iberoamericana en la que tanto a Zapatero como a su majestad les faltó tiempo para defender la actividad de las empresas ¿españolas? como Repsol o Endesa, tristemente famosas para los movimientos sociales de la región. La izquierda anticapitalista nunca podrá romper España porque no hay ningún país que romper, sólo quedan marcas y las empresas que las comercializan: el orden mundial caníbal. España no existe.
domingo, 26 de septiembre de 2010
Democracia, ¿en todas partes, en ninguna parte? (Immanuel Wallerstein)
La palabra democracia es muy popular en estos días. Hoy, virtualmente no hay país en el mundo cuyo gobierno no reivindique ser el gobierno de una democracia. Pero al mismo tiempo, virtualmente no hay país del mundo hoy del que otros –dentro del país y en otros países– no denuncien al gobierno por ser antidemocrático.
Parece haber muy poco acuerdo acerca de lo que queremos decir cuando decimos que un país es democrático. El problema es muy claro en la misma etimología del término. Democracia viene de dos raíces griegas –demos, o pueblo, y kratia, dominio, la autoridad para decidir-. Pero ¿qué queremos decir con dominio? ¿Y qué queremos decir con pueblo?
Lucien Febvre nos mostró que siempre es importante mirar la historia de una palabra. La palabra democracia no fue siempre tan popular universalmente. La palabra arribó a su uso común político moderno durante la primera mitad del siglo 19, sobre todo en Europa occidental. En ese entonces, tenía las tonalidades que hoy tiene el terrorismo.
La idea de que el pueblo pudiera de hecho mandar era considerada por las personas respetables como una pesadilla política, soñada por radicales irresponsables. De hecho, el objetivo principal de las personas respetables era asegurarse de que no sería la mayoría de la gente quien tuviera la autoridad de decidir. La autoridad tenía que dejarse en manos de personas que tenían intereses en conservar el mundo como era, o como debería ser. Éstas eran personas con propiedades y sabiduría, que eran consideradas competentes para tomar decisiones.
Tras las revoluciones de 1848, en la cual el pueblo se levantó en revoluciones sociales y nacionales, los hombres con propiedades y competencia se fueron atemorizando. Respondieron primero con la represión, y luego con concesiones calculadas. Las concesiones eran admitir a gente, lentamente y paso a paso, a que votaran. Pensaron que el voto podría satisfacer las demandas del pueblo y en efecto lo cooptaría a que mantuviera el sistema existente.
Durante los siguientes 150 años, esta concesión (y otras) funcionaron hasta cierto punto. El radicalismo fue acallado. Y después de 1945, la propia palabra, democracia, fue cooptada. Ahora todos alegan estar a favor de la democracia, que es donde estamos hoy.
El problema, sin embargo, es que no todo el mundo está convencido de que todos vivimos en países verdaderamente democráticos, en los cuales la gente –todo el pueblo– sean quienes en verdad mandan, es decir, toman las decisiones.
Una vez que se escoge a los representantes, con mucha frecuencia no cumplen las demandas de la mayoría, u oprimen a importantes minorías. La gente reacciona con frecuencia, protestando, con huelgas, con levantamientos violentos. ¿Es democrático que se ignoren las manifestaciones? ¿O lo democrático es que el gobierno se pliegue y se someta a la voluntad del pueblo?
¿Y quiénes son el pueblo? ¿Son la mayoría numérica? ¿O hay grupos principales cuyos derechos deben garantizarse? ¿Deben grupos importantes contar con una autonomía relativa? ¿Y qué clase de compromisos entre la mayoría y las minorías importantes constituyen resultados democráticos?
Finalmente, no debemos olvidar los modos en que la retórica en torno a la democracia se utiliza como instrumento geopolítico. Regularmente, denunciar a otro país de antidemocráticos se usa como justificación para entrometerse en países políticamente más débiles. Tales intromisiones no necesariamente tienen por resultado que lleguen al poder gobiernos más democráticos; son sólo diferentes o tal vez con política exteriores diferentes.
Quizá debamos pensar que la democracia es una reivindicación y una aspiración que no se ha concretado aún. Algunos países parecen ser más antidemocráticos que otros. Pero, ¿acaso hay países que puedan demostrar ser más democráticos que otros?
Immanuel Wallerstein
Traducción: Ramón Vera Herrera
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/09/25/index.php?section=opinion&article=024a1mun
Parece haber muy poco acuerdo acerca de lo que queremos decir cuando decimos que un país es democrático. El problema es muy claro en la misma etimología del término. Democracia viene de dos raíces griegas –demos, o pueblo, y kratia, dominio, la autoridad para decidir-. Pero ¿qué queremos decir con dominio? ¿Y qué queremos decir con pueblo?
Lucien Febvre nos mostró que siempre es importante mirar la historia de una palabra. La palabra democracia no fue siempre tan popular universalmente. La palabra arribó a su uso común político moderno durante la primera mitad del siglo 19, sobre todo en Europa occidental. En ese entonces, tenía las tonalidades que hoy tiene el terrorismo.
La idea de que el pueblo pudiera de hecho mandar era considerada por las personas respetables como una pesadilla política, soñada por radicales irresponsables. De hecho, el objetivo principal de las personas respetables era asegurarse de que no sería la mayoría de la gente quien tuviera la autoridad de decidir. La autoridad tenía que dejarse en manos de personas que tenían intereses en conservar el mundo como era, o como debería ser. Éstas eran personas con propiedades y sabiduría, que eran consideradas competentes para tomar decisiones.
Tras las revoluciones de 1848, en la cual el pueblo se levantó en revoluciones sociales y nacionales, los hombres con propiedades y competencia se fueron atemorizando. Respondieron primero con la represión, y luego con concesiones calculadas. Las concesiones eran admitir a gente, lentamente y paso a paso, a que votaran. Pensaron que el voto podría satisfacer las demandas del pueblo y en efecto lo cooptaría a que mantuviera el sistema existente.
Durante los siguientes 150 años, esta concesión (y otras) funcionaron hasta cierto punto. El radicalismo fue acallado. Y después de 1945, la propia palabra, democracia, fue cooptada. Ahora todos alegan estar a favor de la democracia, que es donde estamos hoy.
El problema, sin embargo, es que no todo el mundo está convencido de que todos vivimos en países verdaderamente democráticos, en los cuales la gente –todo el pueblo– sean quienes en verdad mandan, es decir, toman las decisiones.
Una vez que se escoge a los representantes, con mucha frecuencia no cumplen las demandas de la mayoría, u oprimen a importantes minorías. La gente reacciona con frecuencia, protestando, con huelgas, con levantamientos violentos. ¿Es democrático que se ignoren las manifestaciones? ¿O lo democrático es que el gobierno se pliegue y se someta a la voluntad del pueblo?
¿Y quiénes son el pueblo? ¿Son la mayoría numérica? ¿O hay grupos principales cuyos derechos deben garantizarse? ¿Deben grupos importantes contar con una autonomía relativa? ¿Y qué clase de compromisos entre la mayoría y las minorías importantes constituyen resultados democráticos?
Finalmente, no debemos olvidar los modos en que la retórica en torno a la democracia se utiliza como instrumento geopolítico. Regularmente, denunciar a otro país de antidemocráticos se usa como justificación para entrometerse en países políticamente más débiles. Tales intromisiones no necesariamente tienen por resultado que lleguen al poder gobiernos más democráticos; son sólo diferentes o tal vez con política exteriores diferentes.
Quizá debamos pensar que la democracia es una reivindicación y una aspiración que no se ha concretado aún. Algunos países parecen ser más antidemocráticos que otros. Pero, ¿acaso hay países que puedan demostrar ser más democráticos que otros?
Immanuel Wallerstein
Traducción: Ramón Vera Herrera
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/09/25/index.php?section=opinion&article=024a1mun
viernes, 3 de septiembre de 2010
La furia española (Marcos Roitman)
El franquismo creó un relato mítico del cual se valió para justificar el alzamiento contra la Segunda República. Los españoles, se dirá, están imbuidos de una sustancia que les hace inmunes al desaliento. Las grandes gestas de su historia sólo se pueden explicar recurriendo a dicho relato. Por consiguiente, el comienzo de la reconquista por don Pelayo, en el año 718, tendrá continuidad en la figura de don Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como Cid Campeador, cuyo triunfo en Valencia (1094) lo convierte en gran señor de la lucha contra los moros. De su persona se extrae un compendio de virtudes, las cuales pasarán a formar parte de la historia explicada a los niños durante la dictadura. Fuerte, leal, justo y valiente, prudente y templado, guerrero y culto. Así, el mito cobra fuerza. Más tarde, la reconquista, tras ocho siglos, llega a su fin con el triunfo de los reyes católicos al tomar Granada, último fortín musulmán. Desde ese momento, España, como Estado, tiene una misión que cumplir y los españoles una razón para vivir. La conquista de América le dará esa necesaria cuota de mesianismo. La espada y la cruz. Es el destino que alumbra el nacimiento de una identidad suprahistórica. El propio Francisco Franco se encargará de reforzar el mito de la furia. Bajo el seudónimo de Jaime de Andrade, escribe un guión adaptado para el cine, donde se refleja el espíritu valiente, abnegado que identifica al español de virtudes católicas. Su título es expresivo: Raza.
Los esfuerzos no caerían en tierra baldía. La furia se transformó en una cruzada santa contra el comunismo internacional y sus sempiternos aliados, la masonería y los judíos. El destino obligaba a realizar otra gesta. Evitar la ruptura de España. Tras el fin de la guerra civil, Franco se convirtió en caudillo de España por la gracia de Dios. El golpe de Estado de 1936 se puso al mismo nivel que las acciones emprendidas por Pelayo, el Cid y los reyes católicos. Franco era la unidad de destino en lo universal de la raza española. Tenía poderes sobrenaturales. España podía sentirse orgullosa y segura. Ni las condenas internacionales, ni el aislamiento, eran obstáculos para mantener el camino de muerte y represión trazado por el régimen fascista. Como dirían sus acólitos: después de los reyes católicos, Francisco Franco. Bajo su égida, los españoles retomaron la senda de la espiritualidad. España se convertía en una grande y libre. No existían medias tintas.
Esta interpretación grotesca pero efectiva, encontró un campo abonado para crecer en las lides deportivas. Los triunfos de los atletas españoles en la esfera internacional caerán bajo el paraguas del tesón, la raza y la furia española. El ejemplo más claro de esta manipulación lo encarna Federico Bahamontes, conocido con el mote del Águila de Toledo. En 1959 se convirtió en el primer español capaz de ganar la carrera ciclista, por etapas, más dura y completa del circuito, el Tour de Francia. A su regreso, fue recibido por el caudillo y las calles de Madrid y todo el país se llenaron de gente para festejar el triunfo de la raza y la furia española sintetizadas en Bahamontes. Sin embargo, en los 40 años de dictadura, hubo pocas alegrías. Los atletas españoles participantes en las olimpiadas o en los campeonatos del mundo de futbol, baloncesto, etcétera, se teñían de frustración. Para explicar las derrotas se comenzó a urdir un argumento cuyo eje era el fatalismo y la mala suerte. La furia seguía actuando, pero los elementos jugaban en contra. Siempre había una justificación y se encontraba en factores aleatorios. A falta de triunfos de las selecciones y atletas que representaban a España, se buscó un sustituto. Los clubes de futbol ocuparon el lugar. El Real Madrid se convirtió en la marca España. Sus triunfos en Europa fueron un buen sucedáneo. Así, la furia se rencarnó en las seis copas de Europa ganadas durante la llamada generación ye-ye de los años 60. Igualmente, sus éxitos serían vitoreados en las calles y sus futbolistas y dirigentes recibidos por el caudillo. No fueron los únicos. En deportes individuales, también emergieron figuras esporádicas capaces de ser la viva encarnación de la raza y la furia. Las excepciones también existen. Paquito Fernández Ochoa en esquí, Orantes y Santana en tenis, y Angel Nieto en motociclismo. El mito se nutría de cualquier expresión existente en la estructura social. El orden de la vida social sea el religioso, económico, político, familiar o militar. En la canción, el arte, la pintura, el cine. Los triunfos se vivían como parte de la furia y la raza española. Como es natural, comunistas y opositores al régimen fascista serían despojados de tan dignos atributos, pasando a ser enemigos de la patria.
Hoy, este concepto bastardo de la furia española, aparentemente dormido, se alza para explicar el triunfo de la selección de futbol en el mundial de Sudáfrica. Es el factótum que une. El presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es el primero en recuperarlo para explicar el éxito: la furia se ha transformado en una entrega apasionada e inteligente que acompaña un estilo hermoso. Esta selección nos muestra bastante de lo que debe ser nuestro país... Un colectivo sin complejos dispuestos a superar y a dejar atrás, y casi en el olvido, los fatalismo del pasado. Pero, Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, no se queda atrás: Han demostrado que la furia española es mucho más eficaz cuando va acompañada por la paciencia, la perseverancia y el control.
Con estas declaraciones, una ola de nacionalismo ramplón invade las calles. El mito de la furia española goza de buena salud y se reacomoda en la España monárquica y constitucional. Los ideólogos del franquismo pueden estar satisfechos, más allá de sus iniciales connotaciones fascistas, el mundo comparte la caracterización propuesta por el nacionalcatolicismo, los españoles se caracterizan por su raza y la furia contenida en ella. El fascismo gana una batalla más en la guerra por la palabra.
Marcos Roitman
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/07/18/index.php?section=opinion&article=022a1mun
Los esfuerzos no caerían en tierra baldía. La furia se transformó en una cruzada santa contra el comunismo internacional y sus sempiternos aliados, la masonería y los judíos. El destino obligaba a realizar otra gesta. Evitar la ruptura de España. Tras el fin de la guerra civil, Franco se convirtió en caudillo de España por la gracia de Dios. El golpe de Estado de 1936 se puso al mismo nivel que las acciones emprendidas por Pelayo, el Cid y los reyes católicos. Franco era la unidad de destino en lo universal de la raza española. Tenía poderes sobrenaturales. España podía sentirse orgullosa y segura. Ni las condenas internacionales, ni el aislamiento, eran obstáculos para mantener el camino de muerte y represión trazado por el régimen fascista. Como dirían sus acólitos: después de los reyes católicos, Francisco Franco. Bajo su égida, los españoles retomaron la senda de la espiritualidad. España se convertía en una grande y libre. No existían medias tintas.
Esta interpretación grotesca pero efectiva, encontró un campo abonado para crecer en las lides deportivas. Los triunfos de los atletas españoles en la esfera internacional caerán bajo el paraguas del tesón, la raza y la furia española. El ejemplo más claro de esta manipulación lo encarna Federico Bahamontes, conocido con el mote del Águila de Toledo. En 1959 se convirtió en el primer español capaz de ganar la carrera ciclista, por etapas, más dura y completa del circuito, el Tour de Francia. A su regreso, fue recibido por el caudillo y las calles de Madrid y todo el país se llenaron de gente para festejar el triunfo de la raza y la furia española sintetizadas en Bahamontes. Sin embargo, en los 40 años de dictadura, hubo pocas alegrías. Los atletas españoles participantes en las olimpiadas o en los campeonatos del mundo de futbol, baloncesto, etcétera, se teñían de frustración. Para explicar las derrotas se comenzó a urdir un argumento cuyo eje era el fatalismo y la mala suerte. La furia seguía actuando, pero los elementos jugaban en contra. Siempre había una justificación y se encontraba en factores aleatorios. A falta de triunfos de las selecciones y atletas que representaban a España, se buscó un sustituto. Los clubes de futbol ocuparon el lugar. El Real Madrid se convirtió en la marca España. Sus triunfos en Europa fueron un buen sucedáneo. Así, la furia se rencarnó en las seis copas de Europa ganadas durante la llamada generación ye-ye de los años 60. Igualmente, sus éxitos serían vitoreados en las calles y sus futbolistas y dirigentes recibidos por el caudillo. No fueron los únicos. En deportes individuales, también emergieron figuras esporádicas capaces de ser la viva encarnación de la raza y la furia. Las excepciones también existen. Paquito Fernández Ochoa en esquí, Orantes y Santana en tenis, y Angel Nieto en motociclismo. El mito se nutría de cualquier expresión existente en la estructura social. El orden de la vida social sea el religioso, económico, político, familiar o militar. En la canción, el arte, la pintura, el cine. Los triunfos se vivían como parte de la furia y la raza española. Como es natural, comunistas y opositores al régimen fascista serían despojados de tan dignos atributos, pasando a ser enemigos de la patria.
Hoy, este concepto bastardo de la furia española, aparentemente dormido, se alza para explicar el triunfo de la selección de futbol en el mundial de Sudáfrica. Es el factótum que une. El presidente de gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es el primero en recuperarlo para explicar el éxito: la furia se ha transformado en una entrega apasionada e inteligente que acompaña un estilo hermoso. Esta selección nos muestra bastante de lo que debe ser nuestro país... Un colectivo sin complejos dispuestos a superar y a dejar atrás, y casi en el olvido, los fatalismo del pasado. Pero, Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, no se queda atrás: Han demostrado que la furia española es mucho más eficaz cuando va acompañada por la paciencia, la perseverancia y el control.
Con estas declaraciones, una ola de nacionalismo ramplón invade las calles. El mito de la furia española goza de buena salud y se reacomoda en la España monárquica y constitucional. Los ideólogos del franquismo pueden estar satisfechos, más allá de sus iniciales connotaciones fascistas, el mundo comparte la caracterización propuesta por el nacionalcatolicismo, los españoles se caracterizan por su raza y la furia contenida en ella. El fascismo gana una batalla más en la guerra por la palabra.
Marcos Roitman
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2010/07/18/index.php?section=opinion&article=022a1mun
lunes, 23 de agosto de 2010
España no es Corea del Norte (Santiago Alba Rico)
He aquí lo que dice el programa del PSOE: “Justicia e igualdad ante la ley os ofrecemos. Paz y amor entre los españoles. Libertad y fraternidad exentas de tiranía. Trabajo para todos. Justicia social, llevada a cabo sin enconos ni violencias, y una equitativa y progresiva distribución de la riqueza sin destruir ni poner en peligro la economía española”.
Es un programa con el que es difícil no estar de acuerdo, salvo porque -reparo ahora en el error- no se trata del programa del PSOE sino de un discurso de Mariano Rajoy, máximo dirigente del PP, ante miles de enfervorizados simpatizantes que en las próximas elecciones lo auparán a la presidencia del gobierno.
Pero no, un momento. He vuelto a equivocarme. Las líneas arriba citadas no pertenecen al programa del PSOE ni a un discurso de Rajoy; forman parte del manifiesto firmado en Sta. Cruz de Tenerife a las 5.15 horas del día 18 de julio de 1936 por... Francisco Franco. Horas después, a lomos de estos principios, el generalísimo desencadenaba una guerra civil que se cobraría la vida de un millón de españoles, a la que seguirían fusilamientos, torturas, encarcelamientos y represalias durante cuarenta años de dictadura.
Entiéndaseme: que Zapatero, Rajoy y Franco utilicen los mismos conceptos -justicia social, igualdad, libertad, paz, todos ellos patrimonio de la izquierda- no disuelve las diferencias de hecho que los separan. No son iguales, pero esta coincidencia ilumina dos fenómenos, uno bueno y otro malo, sin los cuales no es posible entender la gestión política del capitalismo. El bueno es que a todos nos gusta ser justos y razonables. Que haya que mentir en nombre de la verdad, guerrear en nombre de la paz, matar en nombre de la civilización e ilegalizar partidos en nombre de la democracia, significa que la izquierda ha conseguido imponer sus valores como fuente natural de legitimidad: se puede gobernar contra el pueblo, pero no sin él. Incluso Nerón tuvo que renunciar a jactarse de su incendio; incluso Franco tuvo que tomar prestado -como Zapatero y Rajoy- su lenguaje al enemigo.
El malo es que la fuente de legitimidad y la fuente de decisión son líneas asíntotas y que, a fuerza de nombrar la paz, la democracia, la igualdad, la libertad -mientras se miente, se hace la guerra y se silencia a aquéllos a los que se roban las palabras-, esos mismos valores de alcance universal sufren un universal desprestigio. La hipocresía no rinde homenaje a la virtud; la declara simplemente útil; es decir, innoble. Pero la hipocresía de los políticos -el lenguaje “políticamente correcto”, acuñado por los pueblos- indica que aún no se ha tocado fondo. Franco empezó a matar en nombre de la muerte, y no de la vida, en cuanto encontró suficiente resistencia y suficiente apoyo. El fascismo sólo es posible cuando deja de gustarnos ser justos y razonables; cuando -valga decir- la fuente de legitimidad y la fuente de decisión encuentran un punto de intersección en la barbarie.
Franco, Rajoy y Zapatero tienen distintos conceptos de la igualdad y de la libertad. No es su lenguaje izquierdista lo que los funde en un mismo molde. Lo que verdaderamente los une es la única frase de la cita franquista que ningún izquierdista puede rubricar: “una equitativa y progresiva distribución de la riqueza sin destruir ni poner en peligro la economía”, terrible, insultante, macabro oxímoron donde el término “economía”, que significa justamente, o debería significar, “una equitativa distribución de la riqueza”, pasa a definir en exclusiva los beneficios de los bancos, las financieras y las empresas. Esa frase podría ser de Friedman, de Strauss-Kahn, de Díaz Ferrán, de Solbes; nunca de Chomsky o de Galeano. Hay muchas formas, lo sabemos, de gestionar el capitalismo: con partidos o sin partidos, con revistas pornográficas o sin ellas, con reyes, con campos de concentración, con campos de fútbol, con Movimiento o con “movida”. Nadie puede decir que “con Franco vivíamos mejor”, pero sí que lo que hermana al dictador, a Rajoy y a Zapatero -y desacredita la llamada “transición”- es su toma de partido por los ricos; es decir, el capitalismo.
El pasado 17 de marzo Corea del Norte fusiló a Park Nam-gi, ex director de Finanzas del Partido de los Trabajadores, por “haber llevado el país a la ruina” como responsable del fracaso de la reforma monetaria. El pasado mes de junio, también por haber llevado el país a la ruina, el gobierno de España premió una vez más a sus banqueros y empresarios con una “reforma laboral” que protege y aumenta sus beneficios. ¿Fusilarlos o recompensarlos? Fusilarlos. No, seguro que hay una manera más justa de hacer justicia. Recompensarlos. No, seguro que hay una manera menos ofensiva de ser injustos.
Santiago Alba Rico
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=109777
Es un programa con el que es difícil no estar de acuerdo, salvo porque -reparo ahora en el error- no se trata del programa del PSOE sino de un discurso de Mariano Rajoy, máximo dirigente del PP, ante miles de enfervorizados simpatizantes que en las próximas elecciones lo auparán a la presidencia del gobierno.
Pero no, un momento. He vuelto a equivocarme. Las líneas arriba citadas no pertenecen al programa del PSOE ni a un discurso de Rajoy; forman parte del manifiesto firmado en Sta. Cruz de Tenerife a las 5.15 horas del día 18 de julio de 1936 por... Francisco Franco. Horas después, a lomos de estos principios, el generalísimo desencadenaba una guerra civil que se cobraría la vida de un millón de españoles, a la que seguirían fusilamientos, torturas, encarcelamientos y represalias durante cuarenta años de dictadura.
Entiéndaseme: que Zapatero, Rajoy y Franco utilicen los mismos conceptos -justicia social, igualdad, libertad, paz, todos ellos patrimonio de la izquierda- no disuelve las diferencias de hecho que los separan. No son iguales, pero esta coincidencia ilumina dos fenómenos, uno bueno y otro malo, sin los cuales no es posible entender la gestión política del capitalismo. El bueno es que a todos nos gusta ser justos y razonables. Que haya que mentir en nombre de la verdad, guerrear en nombre de la paz, matar en nombre de la civilización e ilegalizar partidos en nombre de la democracia, significa que la izquierda ha conseguido imponer sus valores como fuente natural de legitimidad: se puede gobernar contra el pueblo, pero no sin él. Incluso Nerón tuvo que renunciar a jactarse de su incendio; incluso Franco tuvo que tomar prestado -como Zapatero y Rajoy- su lenguaje al enemigo.
El malo es que la fuente de legitimidad y la fuente de decisión son líneas asíntotas y que, a fuerza de nombrar la paz, la democracia, la igualdad, la libertad -mientras se miente, se hace la guerra y se silencia a aquéllos a los que se roban las palabras-, esos mismos valores de alcance universal sufren un universal desprestigio. La hipocresía no rinde homenaje a la virtud; la declara simplemente útil; es decir, innoble. Pero la hipocresía de los políticos -el lenguaje “políticamente correcto”, acuñado por los pueblos- indica que aún no se ha tocado fondo. Franco empezó a matar en nombre de la muerte, y no de la vida, en cuanto encontró suficiente resistencia y suficiente apoyo. El fascismo sólo es posible cuando deja de gustarnos ser justos y razonables; cuando -valga decir- la fuente de legitimidad y la fuente de decisión encuentran un punto de intersección en la barbarie.
Franco, Rajoy y Zapatero tienen distintos conceptos de la igualdad y de la libertad. No es su lenguaje izquierdista lo que los funde en un mismo molde. Lo que verdaderamente los une es la única frase de la cita franquista que ningún izquierdista puede rubricar: “una equitativa y progresiva distribución de la riqueza sin destruir ni poner en peligro la economía”, terrible, insultante, macabro oxímoron donde el término “economía”, que significa justamente, o debería significar, “una equitativa distribución de la riqueza”, pasa a definir en exclusiva los beneficios de los bancos, las financieras y las empresas. Esa frase podría ser de Friedman, de Strauss-Kahn, de Díaz Ferrán, de Solbes; nunca de Chomsky o de Galeano. Hay muchas formas, lo sabemos, de gestionar el capitalismo: con partidos o sin partidos, con revistas pornográficas o sin ellas, con reyes, con campos de concentración, con campos de fútbol, con Movimiento o con “movida”. Nadie puede decir que “con Franco vivíamos mejor”, pero sí que lo que hermana al dictador, a Rajoy y a Zapatero -y desacredita la llamada “transición”- es su toma de partido por los ricos; es decir, el capitalismo.
El pasado 17 de marzo Corea del Norte fusiló a Park Nam-gi, ex director de Finanzas del Partido de los Trabajadores, por “haber llevado el país a la ruina” como responsable del fracaso de la reforma monetaria. El pasado mes de junio, también por haber llevado el país a la ruina, el gobierno de España premió una vez más a sus banqueros y empresarios con una “reforma laboral” que protege y aumenta sus beneficios. ¿Fusilarlos o recompensarlos? Fusilarlos. No, seguro que hay una manera más justa de hacer justicia. Recompensarlos. No, seguro que hay una manera menos ofensiva de ser injustos.
Santiago Alba Rico
Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=109777
Cuba y el número de "presos políticos" (Salim Lamrani)
La cuestión del número de «presos políticos» en Cuba está sometida a polémica. Para el gobierno cubano no hay presos políticos en Cuba, sino personas condenadas por delitos inscritos en el código penal, particularmente el hecho de recibir financiación de una potencia extranjera. En su informe 2010, Amnistía Internacional (AI) habla de «55 presos de opinión» (1), de los cuales 20 fueron liberados en julio de 2010, otros 6 el 15 de agosto de 2010, luego de la mediación de la Iglesia Católica y de España, y otros dos antes (2). Entonces, según AI, quedan actualmente 27 «presos políticos» en Cuba. Finalmente la oposición cubana y más precisamente Elizardo Sánchez, de la Comisión de Derechos Humanos y por la Reconciliación Nacional (CDHRN), señalan la cifra de 147 presos políticos, menos los 6 recientemente liberados, o sea 141 (3). Los medios occidentales privilegian esta última lista.
Primero conviene aclarar un aspecto de esta cuestión antes de evocar el tema del número exacto de «presos políticos» en la Isla: la existencia o no de la financiación de la oposición cubana por parte de Estados Unidos.
Esta política, clandestina entre 1959 y 1991, ahora es pública y muchas fuentes lo confirman. En efecto, Washington reconoce esta realidad en varios documentos y declaraciones oficiales. La ley Torricelli de 1992, y más particularmente la sección 1705 estipula que «Estados Unidos proporcionará asistencia a las organizaciones no gubernamentales adecuadas para apoyar a individuos y organizaciones que promueven un cambio democrático no violento en Cuba» (4). La ley Helms-Burton de 1996 prevé, en la sección 109, que «el presidente [de Estados Unidos] está autorizado para proporcionar asistencia y ofrecer todo tipo de apoyo a individuos y organizaciones no gubernamentales independientes para unir los esfuerzos con vistas a construir una democracia en Cuba» (5). El primer informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre prevé la elaboración de un «sólido programa de apoyo que favorezca la sociedad civil cubana» (6). Entre las medidas previstas se destina una financiación, por importe de 36 millones de dólares, al «apoyo de la oposición democrática y al fortalecimiento de la sociedad civil emergente». El segundo informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre prevé un presupuesto de 31 millones de dólares para financiar, todavía más, a la oposición interna (7). El plan prevé también «entrenar y equipar a periodistas independientes de la prensa escrita, radiofónica y televisiva en Cuba» (8).
La representación diplomática estadounidense en La Habana, la Sección de Intereses Norteamericanos (SINA) lo confirma en un comunicado: «La política estadounidense, desde hace mucho tiempo, es proporcionar asistencia humanitaria al pueblo cubano, específicamente a familias de presos políticos. También permitimos que lo hagan las organizaciones privadas» (9).
Laura Pollán, del grupo disidente «las Damas de Blanco» admite recibir dinero de Estados Unidos (10): «Aceptamos la ayuda, el apoyo, desde la ultraderecha hasta la izquierda, sin condiciones» (11). El opositor Vladimiro Roca confiesa que la disidencia cubana está subvencionada por Washington alegando que la ayuda financiera recibida es «total y completamente lícita». Para el disidente René Gómez, el apoyo económico por parte de Estados Unidos «no es una cosa que haya que ocultar o de la que tengamos que avergonzarnos» (12). Del mismo modo, el opositor Elizardo Sánchez confirma la existencia de una financiación por parte de Estados Unidos: «La clave no está en quién envía la ayuda, sino en qué se hace con la ayuda» (13).
La prensa occidental admite esta realidad. Agence France-Presse informa de que «los disidentes, por su parte, reivindicaron y asumieron esas ayudas económicas» (14). La agencia española EFE , alude a los «opositores pagados por Estados Unidos» (15). En cuanto a la agencia de prensa británica Reuters, «el gobierno estadounidense proporciona abiertamente un apoyo financiero federal para las actividades de los disidentes, lo que Cuba considera un acto ilegal» (16). La agencia de prensa estadounidense The Associated Press afirma que la política de fabricar y financiar a una oposición interna no es nueva: «Desde hace años, el gobierno de Estados Unidos gasta millones de dólares para apoyar a la oposición cubana» (17). Precisa: «Una parte del financiamiento proviene directamente del gobierno de Estados Unidos, cuyas leyes promueven el derrocamiento del gobierno cubano. La Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID), que supervisa el apoyo financiero del gobierno para una ‘transición democrática’ en Cuba, ha dedicado más de 33 millones de dólares para la sociedad civil para el presente año fiscal» (18).
Wayne S. Smith es un ex diplomático que fue jefe de la SINA en La Habana de 1979 a 1982. Según él, es completamente «ilegal e imprudente mandar dinero a los disidentes cubanos» (19). Agregó que «nadie debería dar dinero a los disidentes y menos todavía con el objetivo de derrocar al gobierno cubano» pues «cuando Estados Unidos declara que su objetivo es derrocar al gobierno cubano y después afirma que uno de los medios para lograrlo es proporcionar fondos a los disidentes cubanos, éstos se encuentran de facto en la posición de agentes pagados por una potencia extranjera para derrocar a su propio gobierno» (20).
Recordemos ahora la posición de Amnistía Internacional. La organización habla de 27 «presos políticos» en Cuba en fecha del 15 de agosto de 2010. Ahora bien, reconoce al mismo tiempo que estas persones fueron condenadas «por haber recibido fondos o materiales del gobierno estadounidense para realizar actividades que las autoridades consideran subversivas y perjudiciales para Cuba» (21). Así, la organización entra en contradicción pues el derecho internacional considera ilegal la financiación de una oposición interna en otra nación soberana. Todos los países del mundo disponen de un arsenal jurídico que establece como delitos tales conductas. La legislación estadounidense y las europeas, entre otras, sancionan fuertemente el hecho de ser estipendiado por una potencia extranjera.
La lista elaborada por Elizardo Sánchez es más larga e incluye a todo tipo de individuos. Entre los 141 nombres, otros 10 fueron liberados por razones de salud, lo que hace un total de 131 personas. Respecto a esas diez personas, Sánchez explica que los mantiene en su lista porque pueden ser encarceladas en el futuro. Otros cuatro individuos cumplieron su pena y salieron de prisión. Entonces quedan 127 individuos. Otras 27 personas deben ser liberadas antes del mes de octubre, según el acuerdo firmado entre La Habana, España y la Iglesia Católica.
De los 100 individuos que quedan, cerca de la mitad fueron condenados por crímenes violentos. Algunos realizaron incursiones armadas en Cuba y al menos dos de ellos ,Humberto Eladio Real Suárez y Ernesto Cruz León, son responsables de la muerte de varios civiles en 1994 y 1997 respectivamente (22).
Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano, subrayó esas contradicciones: «Curiosamente, los críticos nuestros hablan de una lista (...) ¿Por qué no dicen que están pidiendo la libertad del que asesinó a Fabio di Celmo?» (23).
Associated Press (AP) también enfatizó el carácter dudoso de la lista de Sánchez y señala que «varios de ellos no deberían normalmente ser considerados como presos políticos». «Un estudio más minucioso permite ver la presencia de terroristas, secuestradores y agentes extranjeros». AP señala que entre las 100 personas, «cerca de la mitad fueron condenadas por terrorismo, secuestros y otros crímenes violentos, y cuatro de ellos son antiguos militares o agentes de los servicios de inteligencia condenados por espionaje o por revelar secretos de Estado» (24).
Por su parte, Amnistía Internacional afirma que no puede considerar a los miembros de la lista de Sánchez como «presos de conciencia» pues incluye «a gente juzgada por terrorismo, espionaje así como a quienes intentaron e incluso lograron hacer estallar hoteles», indica la organización. «Por supuesto no pediremos su liberación y no los calificaremos de presos de conciencia» (25).
Miguel Moratinos, el Ministro de Asuntos Exteriores español, que desempeño un papel clave en el acuerdo sobre la liberación de 52 presos, también ha puesto en tela de juicio la lista de Sánchez y ha subrayado su carácter aleatorio: «No digan que hay que liberar a 300, porque no hay 300. La propia lista de la Comisión de derechos humanos de Cuba, una semana antes de ir yo, decía que había 202; cuando llegué yo a Cuba, el día antes dijo que había 167» (26).
Después de la liberación de las otras 27 personas incluidas en el acuerdo de junio de 2010, sólo quedara un «preso político» en Cuba, Rolando Jiménez Pozada, según Amnistía Internacional. Associated Press apunta por su parte que en realidad éste está «encarcelado por desobediencia y por revelar secretos de Estado» (27).
Curiosamente, la lista elaborada por Sánchez, que es la menos fiable y que es denunciada por todas partes en razón de la inclusión de individuos condenados por graves actos de terrorismo, es privilegiada por la prensa occidental.
El gobierno cubano ha hecho un gesto notable al proceder a la liberación de los presos considerados como «políticos» por Estados Unidos y algunas organizaciones como Amnistía Internacional. El principal obstáculo para la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana –desde el punto de vista del gobierno de Obama– ya no existe. Por lo tanto corresponde a la Casa Blanca hacer un gesto de reciprocidad y poner fin a las sanciones económicas anacrónicas e ineficaces contra el pueblo cubano.
Notas
1 Amnesty International , «Rapport 2010. La situation des droits humains dans le monde», mayo de 2010. http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_AZ_FR.pdf (sitio consultado el 7 de junio de 2010), pp. 87-88.
2 EFE , «Damas piden a España acoger a más presos políticos», 25 de julio de 2010; Carlos Batista, «Disidencia deplora ‘destierro’ de ex presos», El Nuevo Herald , 15 de agosto de 2010.
3 EFE , «Damas piden a España acoger a más presos políticos», 25 de julio de 2010
4 Cuban Democracy Act , Título XVII, Sección 1705, 1992.
5 Helms-Burton Act , Título I, Sección 109, 1996.
6 Colin L. Powell, Commission for Assistance to a Free Cuba , (Washington: United States Department of State, mayo de 2004). www.state.gov/documents/organization/32334.pdf (sitio consultado el 7 de mayo de 2004), pp. 16, 22.
7 Condolezza Rice & Carlos Gutierrez, Commission for Assistance to a Free Cuba , (Washington: United States Department of State, julio de 2006). www.cafc.gov/documents/organization/68166.pdf (sitio consultado el 12 de julio de 2006), p. 20.
8 Condolezza Rice & Carlos Gutierrez, Commission for Assistance to a Free Cuba , (Washington: United States Department of State, juillet 2006). www.cafc.gov/documents/organization/68166.pdf (sitio consultado el 12 de julio de 2006), p. 22.
9 The Associated Press/El Nuevo Herald , «Cuba: EEUU debe tomar ‘medidas’ contra diplomáticos », 19 de mayo de 2008.
10 The Associated Press , «Cuban Dissident Confirms She Received Cash From Private US Anti-Castro Group», 20 de mayo de 2008.
11 El Nuevo Herald , «Disidente cubana teme que pueda ser encarcelada», 21 de mayo de 2008.
12 Patrick Bèle, «Cuba accuse Washington de payer les dissidents», Le Figaro , 21 de mayo de 2008.
13 Agence France-Presse , «Prensa estatal cubana hace inusual entrevista callejera a disidentes», 22 de mayo de 2008.
14 Agence France-Presse, «Financement de la dissidence: Cuba ‘somme’ Washington de s’expliquer», 22 de mayo de 2008.
15 EFE , «Un diputado cubano propone nuevos castigos a opositores pagados por EE UU», 28 de mayo de 2008.
16 Jeff Franks, «Top U.S. Diplomat Ferried Cash to Dissident: Cuba», Reuters , 19 de mayo de 2008.
17 Ben Feller, «Bush Touts Cuban Life After Castro», Associated Press , 24 de octubre de 2007
18 Will Weissert, «Activistas cubanos dependen del financiamiento extranjero», The Associated Press , 15 de agosto de 2008.
19 Radio Habana Cuba , «Former Chief of US Interests Section in Havana Wayne Smith Says Sending Money to Mercenaries in Cuba is Illegal», 21 de mayo de 2008.
20 Wayne S. Smith, «New Cuba Commission Report: Formula for Continued Failure», Center for International Policy , 10 de julio de 2006.
21 Amnesty International , «Cuba. Cinq années de trop, le nouveau gouvernement doit libérer les dissidents emprisonnés», 18 de marzo de 2008. http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-releases/cuba-five-years-too-many-new-government-must-release-jailed-dissidents-2 (sitio consultado el 23 de abril de 2008).
22 Juan O. Tamayo, «¿Cuántos presos políticos hay en la isla?», El Nuevo Herald , 22 de julio de 2010
23 José Luis Fraga, «Alarcón: presos liberados pueden quedarse en Cuba y podrían ser más de 52», Agence France-Presse , 20 de julio de 2010.
24 Paul Haven, «Number of Political Prisoners in Cuba Still Murky», The Associated Press , 23 de julio de 2010.
25 Ibid.
26 EFE , «España pide a UE renovar relación con Cuba», 27 de julio de 2010.
27 Paul Haven, «Number of Political Prisoners in Cuba Still Murky», op. cit.
Salim Lamrani
Fuente: http://rebelion.org/noticia.php?id=111491
Primero conviene aclarar un aspecto de esta cuestión antes de evocar el tema del número exacto de «presos políticos» en la Isla: la existencia o no de la financiación de la oposición cubana por parte de Estados Unidos.
Esta política, clandestina entre 1959 y 1991, ahora es pública y muchas fuentes lo confirman. En efecto, Washington reconoce esta realidad en varios documentos y declaraciones oficiales. La ley Torricelli de 1992, y más particularmente la sección 1705 estipula que «Estados Unidos proporcionará asistencia a las organizaciones no gubernamentales adecuadas para apoyar a individuos y organizaciones que promueven un cambio democrático no violento en Cuba» (4). La ley Helms-Burton de 1996 prevé, en la sección 109, que «el presidente [de Estados Unidos] está autorizado para proporcionar asistencia y ofrecer todo tipo de apoyo a individuos y organizaciones no gubernamentales independientes para unir los esfuerzos con vistas a construir una democracia en Cuba» (5). El primer informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre prevé la elaboración de un «sólido programa de apoyo que favorezca la sociedad civil cubana» (6). Entre las medidas previstas se destina una financiación, por importe de 36 millones de dólares, al «apoyo de la oposición democrática y al fortalecimiento de la sociedad civil emergente». El segundo informe de la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre prevé un presupuesto de 31 millones de dólares para financiar, todavía más, a la oposición interna (7). El plan prevé también «entrenar y equipar a periodistas independientes de la prensa escrita, radiofónica y televisiva en Cuba» (8).
La representación diplomática estadounidense en La Habana, la Sección de Intereses Norteamericanos (SINA) lo confirma en un comunicado: «La política estadounidense, desde hace mucho tiempo, es proporcionar asistencia humanitaria al pueblo cubano, específicamente a familias de presos políticos. También permitimos que lo hagan las organizaciones privadas» (9).
Laura Pollán, del grupo disidente «las Damas de Blanco» admite recibir dinero de Estados Unidos (10): «Aceptamos la ayuda, el apoyo, desde la ultraderecha hasta la izquierda, sin condiciones» (11). El opositor Vladimiro Roca confiesa que la disidencia cubana está subvencionada por Washington alegando que la ayuda financiera recibida es «total y completamente lícita». Para el disidente René Gómez, el apoyo económico por parte de Estados Unidos «no es una cosa que haya que ocultar o de la que tengamos que avergonzarnos» (12). Del mismo modo, el opositor Elizardo Sánchez confirma la existencia de una financiación por parte de Estados Unidos: «La clave no está en quién envía la ayuda, sino en qué se hace con la ayuda» (13).
La prensa occidental admite esta realidad. Agence France-Presse informa de que «los disidentes, por su parte, reivindicaron y asumieron esas ayudas económicas» (14). La agencia española EFE , alude a los «opositores pagados por Estados Unidos» (15). En cuanto a la agencia de prensa británica Reuters, «el gobierno estadounidense proporciona abiertamente un apoyo financiero federal para las actividades de los disidentes, lo que Cuba considera un acto ilegal» (16). La agencia de prensa estadounidense The Associated Press afirma que la política de fabricar y financiar a una oposición interna no es nueva: «Desde hace años, el gobierno de Estados Unidos gasta millones de dólares para apoyar a la oposición cubana» (17). Precisa: «Una parte del financiamiento proviene directamente del gobierno de Estados Unidos, cuyas leyes promueven el derrocamiento del gobierno cubano. La Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID), que supervisa el apoyo financiero del gobierno para una ‘transición democrática’ en Cuba, ha dedicado más de 33 millones de dólares para la sociedad civil para el presente año fiscal» (18).
Wayne S. Smith es un ex diplomático que fue jefe de la SINA en La Habana de 1979 a 1982. Según él, es completamente «ilegal e imprudente mandar dinero a los disidentes cubanos» (19). Agregó que «nadie debería dar dinero a los disidentes y menos todavía con el objetivo de derrocar al gobierno cubano» pues «cuando Estados Unidos declara que su objetivo es derrocar al gobierno cubano y después afirma que uno de los medios para lograrlo es proporcionar fondos a los disidentes cubanos, éstos se encuentran de facto en la posición de agentes pagados por una potencia extranjera para derrocar a su propio gobierno» (20).
Recordemos ahora la posición de Amnistía Internacional. La organización habla de 27 «presos políticos» en Cuba en fecha del 15 de agosto de 2010. Ahora bien, reconoce al mismo tiempo que estas persones fueron condenadas «por haber recibido fondos o materiales del gobierno estadounidense para realizar actividades que las autoridades consideran subversivas y perjudiciales para Cuba» (21). Así, la organización entra en contradicción pues el derecho internacional considera ilegal la financiación de una oposición interna en otra nación soberana. Todos los países del mundo disponen de un arsenal jurídico que establece como delitos tales conductas. La legislación estadounidense y las europeas, entre otras, sancionan fuertemente el hecho de ser estipendiado por una potencia extranjera.
La lista elaborada por Elizardo Sánchez es más larga e incluye a todo tipo de individuos. Entre los 141 nombres, otros 10 fueron liberados por razones de salud, lo que hace un total de 131 personas. Respecto a esas diez personas, Sánchez explica que los mantiene en su lista porque pueden ser encarceladas en el futuro. Otros cuatro individuos cumplieron su pena y salieron de prisión. Entonces quedan 127 individuos. Otras 27 personas deben ser liberadas antes del mes de octubre, según el acuerdo firmado entre La Habana, España y la Iglesia Católica.
De los 100 individuos que quedan, cerca de la mitad fueron condenados por crímenes violentos. Algunos realizaron incursiones armadas en Cuba y al menos dos de ellos ,Humberto Eladio Real Suárez y Ernesto Cruz León, son responsables de la muerte de varios civiles en 1994 y 1997 respectivamente (22).
Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento cubano, subrayó esas contradicciones: «Curiosamente, los críticos nuestros hablan de una lista (...) ¿Por qué no dicen que están pidiendo la libertad del que asesinó a Fabio di Celmo?» (23).
Associated Press (AP) también enfatizó el carácter dudoso de la lista de Sánchez y señala que «varios de ellos no deberían normalmente ser considerados como presos políticos». «Un estudio más minucioso permite ver la presencia de terroristas, secuestradores y agentes extranjeros». AP señala que entre las 100 personas, «cerca de la mitad fueron condenadas por terrorismo, secuestros y otros crímenes violentos, y cuatro de ellos son antiguos militares o agentes de los servicios de inteligencia condenados por espionaje o por revelar secretos de Estado» (24).
Por su parte, Amnistía Internacional afirma que no puede considerar a los miembros de la lista de Sánchez como «presos de conciencia» pues incluye «a gente juzgada por terrorismo, espionaje así como a quienes intentaron e incluso lograron hacer estallar hoteles», indica la organización. «Por supuesto no pediremos su liberación y no los calificaremos de presos de conciencia» (25).
Miguel Moratinos, el Ministro de Asuntos Exteriores español, que desempeño un papel clave en el acuerdo sobre la liberación de 52 presos, también ha puesto en tela de juicio la lista de Sánchez y ha subrayado su carácter aleatorio: «No digan que hay que liberar a 300, porque no hay 300. La propia lista de la Comisión de derechos humanos de Cuba, una semana antes de ir yo, decía que había 202; cuando llegué yo a Cuba, el día antes dijo que había 167» (26).
Después de la liberación de las otras 27 personas incluidas en el acuerdo de junio de 2010, sólo quedara un «preso político» en Cuba, Rolando Jiménez Pozada, según Amnistía Internacional. Associated Press apunta por su parte que en realidad éste está «encarcelado por desobediencia y por revelar secretos de Estado» (27).
Curiosamente, la lista elaborada por Sánchez, que es la menos fiable y que es denunciada por todas partes en razón de la inclusión de individuos condenados por graves actos de terrorismo, es privilegiada por la prensa occidental.
El gobierno cubano ha hecho un gesto notable al proceder a la liberación de los presos considerados como «políticos» por Estados Unidos y algunas organizaciones como Amnistía Internacional. El principal obstáculo para la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana –desde el punto de vista del gobierno de Obama– ya no existe. Por lo tanto corresponde a la Casa Blanca hacer un gesto de reciprocidad y poner fin a las sanciones económicas anacrónicas e ineficaces contra el pueblo cubano.
Notas
1 Amnesty International , «Rapport 2010. La situation des droits humains dans le monde», mayo de 2010. http://thereport.amnesty.org/sites/default/files/AIR2010_AZ_FR.pdf (sitio consultado el 7 de junio de 2010), pp. 87-88.
2 EFE , «Damas piden a España acoger a más presos políticos», 25 de julio de 2010; Carlos Batista, «Disidencia deplora ‘destierro’ de ex presos», El Nuevo Herald , 15 de agosto de 2010.
3 EFE , «Damas piden a España acoger a más presos políticos», 25 de julio de 2010
4 Cuban Democracy Act , Título XVII, Sección 1705, 1992.
5 Helms-Burton Act , Título I, Sección 109, 1996.
6 Colin L. Powell, Commission for Assistance to a Free Cuba , (Washington: United States Department of State, mayo de 2004). www.state.gov/documents/organization/32334.pdf (sitio consultado el 7 de mayo de 2004), pp. 16, 22.
7 Condolezza Rice & Carlos Gutierrez, Commission for Assistance to a Free Cuba , (Washington: United States Department of State, julio de 2006). www.cafc.gov/documents/organization/68166.pdf (sitio consultado el 12 de julio de 2006), p. 20.
8 Condolezza Rice & Carlos Gutierrez, Commission for Assistance to a Free Cuba , (Washington: United States Department of State, juillet 2006). www.cafc.gov/documents/organization/68166.pdf (sitio consultado el 12 de julio de 2006), p. 22.
9 The Associated Press/El Nuevo Herald , «Cuba: EEUU debe tomar ‘medidas’ contra diplomáticos », 19 de mayo de 2008.
10 The Associated Press , «Cuban Dissident Confirms She Received Cash From Private US Anti-Castro Group», 20 de mayo de 2008.
11 El Nuevo Herald , «Disidente cubana teme que pueda ser encarcelada», 21 de mayo de 2008.
12 Patrick Bèle, «Cuba accuse Washington de payer les dissidents», Le Figaro , 21 de mayo de 2008.
13 Agence France-Presse , «Prensa estatal cubana hace inusual entrevista callejera a disidentes», 22 de mayo de 2008.
14 Agence France-Presse, «Financement de la dissidence: Cuba ‘somme’ Washington de s’expliquer», 22 de mayo de 2008.
15 EFE , «Un diputado cubano propone nuevos castigos a opositores pagados por EE UU», 28 de mayo de 2008.
16 Jeff Franks, «Top U.S. Diplomat Ferried Cash to Dissident: Cuba», Reuters , 19 de mayo de 2008.
17 Ben Feller, «Bush Touts Cuban Life After Castro», Associated Press , 24 de octubre de 2007
18 Will Weissert, «Activistas cubanos dependen del financiamiento extranjero», The Associated Press , 15 de agosto de 2008.
19 Radio Habana Cuba , «Former Chief of US Interests Section in Havana Wayne Smith Says Sending Money to Mercenaries in Cuba is Illegal», 21 de mayo de 2008.
20 Wayne S. Smith, «New Cuba Commission Report: Formula for Continued Failure», Center for International Policy , 10 de julio de 2006.
21 Amnesty International , «Cuba. Cinq années de trop, le nouveau gouvernement doit libérer les dissidents emprisonnés», 18 de marzo de 2008. http://www.amnesty.org/fr/for-media/press-releases/cuba-five-years-too-many-new-government-must-release-jailed-dissidents-2 (sitio consultado el 23 de abril de 2008).
22 Juan O. Tamayo, «¿Cuántos presos políticos hay en la isla?», El Nuevo Herald , 22 de julio de 2010
23 José Luis Fraga, «Alarcón: presos liberados pueden quedarse en Cuba y podrían ser más de 52», Agence France-Presse , 20 de julio de 2010.
24 Paul Haven, «Number of Political Prisoners in Cuba Still Murky», The Associated Press , 23 de julio de 2010.
25 Ibid.
26 EFE , «España pide a UE renovar relación con Cuba», 27 de julio de 2010.
27 Paul Haven, «Number of Political Prisoners in Cuba Still Murky», op. cit.
Salim Lamrani
Fuente: http://rebelion.org/noticia.php?id=111491
domingo, 4 de julio de 2010
Datos y caprichos (Santiago Alba Rico)
Lo contrario de un “dato” es un “capricho”. Dato –participio latino de “dare”- es todo aquello que no hemos elegido, lo que se nos impone desde fuera y desde el principio, lo que nos viene dado. Hay “datos” que son verdaderas donaciones, donativos, dones, gracias recibidas por cuyo advenimiento sólo podemos –precisamente- dar las gracias: la lluvia repentina que salva la cosecha o el beso inmerecido de la amada. Y hay también “datos” que se experimentan más bien como límites o maldiciones y frente a los cuales los seres humanos apenas si pueden protegerse: el huracán Ike, la irreversibilidad del tiempo, la finitud de la vida. En conjunto, podemos decir que el hecho de que, junto a decisiones y caprichos, haya habido siempre “datos” –límites recibidos o donados desde el exterior- forma parte de la condición humana y hasta de lo mejor de ella: con las cosas dadas , con las cosas “caídas del cielo”, con las cosas que que no hemos elegido, se hacen también las grandes pasiones y las grandes novelas.
Uno de los aspectos intrínsecamente liberadores o libertarios del capitalismo es su permanente rebelión contra los “datos”; es decir, su negativa prometeica a aceptar nada “dado”, sobre todo si viene dado por la Naturaleza. Si en Chile hay glaciares formados contra nuestra voluntad hace miles de años, la Barrick Gold los dinamita y disuelve en pocos meses con cianuro de sodio. Si en el Amazonas crecieron durante centurias grandes selvas sin nuestro permiso, Cargill y Bunge se encargan de hacerlas desaparecer a razón de tres kilómetros cuadrados por hora. Si la evolución biológica diversificó sin nuestra intervención, a lo largo de millones de años, una riquísima flora y una variadísima fauna, Monsanto, Shell, Boeing -entre otros- están colaborando ahora en la tarea de desembarazar al planeta de 16.000 especies animales y vegetales en los próximos treinta años.
Esta rebelión capitalista contra los “datos” ha impuesto, a nivel subjetivo, un concepto de la superación personal asociada, no a la ética o al trabajo colectivo, sino al record: las ganancias necesariamente crecientes de las multinacionales son el modelo de los deportistas de élite, pero también de los más pedestres consumidores: Joey Chestnut es el hombre que más hot-dogs puede comer en 12 minutos (66), Tudor Rosca el que más veces puede masturbarse en 24 horas (36), Cindy Jackson la que más operaciones de cirugía estética se ha dejado hacer (47). En términos humanos, el “dato” por excelencia es el cuerpo, con su inevitable efecto colateral: la muerte. A lo largo de los últimos milenios de civilización, los humanos han recibido un cuerpo individual, una especie de soporte dúctil sobre el que distintas fuerzas escribían sus cifras y mensajes. Una de esas fuerzas era la cultura, la otra el tiempo. Tendedero de ropa y roca erosionada, en la cara de un humano la sociedad colgaba sus adornos y sus símbolos; en la cara de un ser humano se acababa haciendo piadosamente visible la vejez. El capitalismo rebelde no reconoce ni siquiera la existencia del Tiempo. España, por ejemplo, es el primer país de Europa en operaciones de cirugía estética, sólo por detrás de EEUU y Brasil a nivel mundial. Con 400.000 intervenciones al año, 900 al día, los españoles gastan 300 millones de euros en frenar u ocultar los estragos del tiempo o en adaptar sus pechos y sus orejas a patrones publicitarios. El 10% de los operados son menores de edad y ningún otro país opera a tantos jóvenes entre 18 y 21 años. Por lo demás, un día cualquiera tomado al azar el 25% de las occidentales está siguiendo una dieta; el 50% está terminándola, rompiéndola o comenzándola; y el 75% se sienten desgraciadas; es decir, gordas. La industria dietética mueve al año 30.000 millones de euros; la cosmética, 20.000 millones. O lo que es lo mismo: el equivalente a 400.000 guarderías y medio millón de clínicas infantiles.
¿Y todo esto por qué? Un artículo del diario español El País (“bisturí para todos”) lo explicaba ingenuamente y sin tapujos: “para no perder oportunidades laborales a causa de unas ojeras”. Es decir, el capitalismo siempre rebelde contra los “datos” construye ciudadanos sumisos al mercado que deben comportarse al igual que las otras mercancías: deben aparecer siempre nuevas, flamantes, sin rastros de deterioro o decadencia si quieren conservar su valor económico. El coste ecológico de esta negación de los límites es de sobra conocido, pero se atiende menos a sus consecuencias sociales y psicológicas. La misma renovación acelerada de las mercancías que derrite glaciares y derriba bosques, impone subjetivamente el desprecio por la enfermedad y la vejez, el terror criminal a la muerte, el rechazo de los pobres y los inmigrantes (tan corporales todavía) y el delirio despilfarrador de una inmortalidad ilusoria y egoísta.
El capitalismo libertario ha convertido todos los “datos” en “caprichos”: podemos ya escoger el sexo de nuestros hijos lo mismo que el modelo de nuestro coche; el tamaño de nuestra nariz y nuestra marca de cereales; una cara nueva y un teléfono nuevo. Pero ¿somos nosotros los que elegimos?
En todo caso, lo único que no podemos decidir, lo único que sigue siendo un “dato” es el capitalismo mismo y su mercado como marcos naturales de toda decisión. Lo único que se acepta como irremediable (don y maldición según los casos) es el capitalismo y sus personificaciones: el hambre, la pobreza, la enfermedad, la desaparición de las especies y los glaciares, el paro, el trabajo precario, las víctimas del Katrina, las víctimas del Pentágono, la ignorancia suicida de los consumidores.
Pero no nos equivoquemos: el hambre, la pobreza, la desaparición de las especies y los glaciares, el paro, el trabajo precario, las víctimas del Katrina, las víctimas del Pentágono, la ignorancia suicida de los consumidores no son “datos”: son el “capricho” de unas cuantas multinacionales y unos cuantos gobiernos. Les podemos dar las gracias o podemos maldecirlos. Podemos –mejor aún- rebelarnos contra ellos.
Santiago Alba Rico.
Fuente: http://www.forumdesalternatives.org/ES/print.php?type=A&item_id=5295
Uno de los aspectos intrínsecamente liberadores o libertarios del capitalismo es su permanente rebelión contra los “datos”; es decir, su negativa prometeica a aceptar nada “dado”, sobre todo si viene dado por la Naturaleza. Si en Chile hay glaciares formados contra nuestra voluntad hace miles de años, la Barrick Gold los dinamita y disuelve en pocos meses con cianuro de sodio. Si en el Amazonas crecieron durante centurias grandes selvas sin nuestro permiso, Cargill y Bunge se encargan de hacerlas desaparecer a razón de tres kilómetros cuadrados por hora. Si la evolución biológica diversificó sin nuestra intervención, a lo largo de millones de años, una riquísima flora y una variadísima fauna, Monsanto, Shell, Boeing -entre otros- están colaborando ahora en la tarea de desembarazar al planeta de 16.000 especies animales y vegetales en los próximos treinta años.
Esta rebelión capitalista contra los “datos” ha impuesto, a nivel subjetivo, un concepto de la superación personal asociada, no a la ética o al trabajo colectivo, sino al record: las ganancias necesariamente crecientes de las multinacionales son el modelo de los deportistas de élite, pero también de los más pedestres consumidores: Joey Chestnut es el hombre que más hot-dogs puede comer en 12 minutos (66), Tudor Rosca el que más veces puede masturbarse en 24 horas (36), Cindy Jackson la que más operaciones de cirugía estética se ha dejado hacer (47). En términos humanos, el “dato” por excelencia es el cuerpo, con su inevitable efecto colateral: la muerte. A lo largo de los últimos milenios de civilización, los humanos han recibido un cuerpo individual, una especie de soporte dúctil sobre el que distintas fuerzas escribían sus cifras y mensajes. Una de esas fuerzas era la cultura, la otra el tiempo. Tendedero de ropa y roca erosionada, en la cara de un humano la sociedad colgaba sus adornos y sus símbolos; en la cara de un ser humano se acababa haciendo piadosamente visible la vejez. El capitalismo rebelde no reconoce ni siquiera la existencia del Tiempo. España, por ejemplo, es el primer país de Europa en operaciones de cirugía estética, sólo por detrás de EEUU y Brasil a nivel mundial. Con 400.000 intervenciones al año, 900 al día, los españoles gastan 300 millones de euros en frenar u ocultar los estragos del tiempo o en adaptar sus pechos y sus orejas a patrones publicitarios. El 10% de los operados son menores de edad y ningún otro país opera a tantos jóvenes entre 18 y 21 años. Por lo demás, un día cualquiera tomado al azar el 25% de las occidentales está siguiendo una dieta; el 50% está terminándola, rompiéndola o comenzándola; y el 75% se sienten desgraciadas; es decir, gordas. La industria dietética mueve al año 30.000 millones de euros; la cosmética, 20.000 millones. O lo que es lo mismo: el equivalente a 400.000 guarderías y medio millón de clínicas infantiles.
¿Y todo esto por qué? Un artículo del diario español El País (“bisturí para todos”) lo explicaba ingenuamente y sin tapujos: “para no perder oportunidades laborales a causa de unas ojeras”. Es decir, el capitalismo siempre rebelde contra los “datos” construye ciudadanos sumisos al mercado que deben comportarse al igual que las otras mercancías: deben aparecer siempre nuevas, flamantes, sin rastros de deterioro o decadencia si quieren conservar su valor económico. El coste ecológico de esta negación de los límites es de sobra conocido, pero se atiende menos a sus consecuencias sociales y psicológicas. La misma renovación acelerada de las mercancías que derrite glaciares y derriba bosques, impone subjetivamente el desprecio por la enfermedad y la vejez, el terror criminal a la muerte, el rechazo de los pobres y los inmigrantes (tan corporales todavía) y el delirio despilfarrador de una inmortalidad ilusoria y egoísta.
El capitalismo libertario ha convertido todos los “datos” en “caprichos”: podemos ya escoger el sexo de nuestros hijos lo mismo que el modelo de nuestro coche; el tamaño de nuestra nariz y nuestra marca de cereales; una cara nueva y un teléfono nuevo. Pero ¿somos nosotros los que elegimos?
En todo caso, lo único que no podemos decidir, lo único que sigue siendo un “dato” es el capitalismo mismo y su mercado como marcos naturales de toda decisión. Lo único que se acepta como irremediable (don y maldición según los casos) es el capitalismo y sus personificaciones: el hambre, la pobreza, la enfermedad, la desaparición de las especies y los glaciares, el paro, el trabajo precario, las víctimas del Katrina, las víctimas del Pentágono, la ignorancia suicida de los consumidores.
Pero no nos equivoquemos: el hambre, la pobreza, la desaparición de las especies y los glaciares, el paro, el trabajo precario, las víctimas del Katrina, las víctimas del Pentágono, la ignorancia suicida de los consumidores no son “datos”: son el “capricho” de unas cuantas multinacionales y unos cuantos gobiernos. Les podemos dar las gracias o podemos maldecirlos. Podemos –mejor aún- rebelarnos contra ellos.
Santiago Alba Rico.
Fuente: http://www.forumdesalternatives.org/ES/print.php?type=A&item_id=5295
viernes, 2 de julio de 2010
Democracia y Estado de Derecho en América Latina
Democracia y Estado de Derecho son dos términos ampliamente utilizados, tanto dentro como fuera del mundo académico. De hecho, se ha venido utilizando tanto un concepto como el otro de forma abusiva con la clara intención de ocultar, bajo el aura de legitimidad que proporcionan, una realidad que ni es legítima ni es admisible racionalmente.
El origen de ambos conceptos podemos encontrarlos en la Grecia clásica, en el mundo de las polis, en concreto en Atenas. La ciudad fue construida alrededor de una plaza pública, en torno a un espacio vacío. En este espacio vacío se reunía la asamblea, donde se juntaban los ciudadanos para dialogar, discutir, obtener consensos y diseñar las leyes para la comunidad. Los atenienses eran ciudadanos en la medida que pisaban este espacio vacío.
Aunque a primera vista no lo parezca, es de suma importancia que este espacio esté efectivamente vacío, es decir, que en el centro de la ciudad, en torno al cual bascula el resto del tejido social, no podamos encontrar ni un templo ni un trono. Ha de ser un lugar sin amos ni siervos (sean celestes o terrenales). Toda persona que pise ese espacio, independientemente de su condición, se convierte en un ciudadano y por tanto en un igual. Pero ninguno de estos tiene derecho a ocupar ese espacio, los ciudadanos tienen que ser capaces de habitarlo sin llegar a llenarlo, sin suplantarlo. Hoy se nos dice que esto es imposible, que lo máximo a lo que podemos aspirar es a que cada cual arrastre su trono y su dios preferido y trate de implantárselo a los demás, pero esto dejaría de llamarse ciudadanía: un ciudadano es aquel que actúa por encima de su condición de hombre o mujer, de pobre o rico, creyente o no creyente, etc., que dialoga racionalmente con los demás para encontrar consensos y desarrollar la gramática de la libertad, las leyes, que se encargarán de encauzar la realidad para ajustarla al derecho, a la razón (VV.AA., 2007).
Pero tener este espacio vacío implica una serie de peligros, tanto para la democracia como para el Estado de Derecho: la tensión que nace entre la voluntad del “demos” (la voluntad de los ciudadanos reunidos en asamblea) y el imperio de la ley y la razón. Personajes como Sócrates o Platón supieron ver desde el principio esta amenaza y se opusieron a la democracia ateniense en tanto consideraban que la omnipotencia del “demos” era una forma de tiranía. En efecto, que el pueblo usurpe en masa el lugar de las leyes, acabando así con el Estado de Derecho, no es muy diferente de que lo haga un rey o un dictador, por lo que en ese sentido democracia y fascismo vienen a ser lo mismo. En todo caso, se trata de un golpe de Estado. Y en ausencia del Estado de Derecho, en ausencia del sometimiento a la razón (representada en este espacio por la ley), la democracia se convierte inevitablemente en un instrumento de los poderosos: la omnipotencia de la mayoría se acaba convirtiendo en la omnipotencia de la minoría que es capaz de persuadir o cooptar a la mayoría, concediéndose el mismo valor a la virtud y al crimen en función del apoyo numérico que reúnan. De esta forma, la democracia puede convertirse en una máscara destinada a dar apariencia de legitimidad a una tiranía. La sofística antaño, la demagogia hoy, son el vehículo de la manipulación, el instrumento mediante el cual las tiranías sobreviven bajo gobiernos ciudadanos.
En una democracia, es legítimo que la mayoría decida, pero siempre que lo haga bajo determinadas condiciones: que se disponga de tiempo para razonar y discutir, que no existan amenazas o chantajes… Es decir, es necesario como requisito previo de una democracia que exista un ordenamiento jurídico, sea cual sea su forma, que ponga a salvo de la discusión democrática ciertos aspectos de la vida, como pueden ser la división de poderes o los derechos procesales. La asamblea o el Parlamento que represente a los ciudadanos debe respetar esos límites, sin dejar de legislar libremente por ello. En este sentido, la división de poderes es clave: somete las decisiones de un poder a los demás y a todos ellos a la ley.
Con la llegada de la Ilustración, el sueño de la democracia y el Estado de Derecho parecía que estaban más cerca que nunca. Por primera vez en la historia, la sociedad pretende vivir en comunidades edificadas por la política y vertebradas también a partir de la política, ya no bastaba con la tradición o la historia. La idea de la Ilustración es otorgarle el protagonismo a la política, construir una república cosmopolita que otorgue el papel central a la acción política de hombres y mujeres, considerados naturalmente iguales en derechos y deberes, razón y lógica, en la capacidad de autogobernarse (Fernández Liria, Alegre Zahonero, 2006). Construir, por tanto, una realidad en Estado de Derecho a partir de la razón y la libertad, del imperio de la ley, rescatar el sueño socrático y platónico. Sin embargo, ¿podemos decir que hoy, como se afirma con rotundidad, América Latina vive en Estado de Derecho?
- EL FRACASO DE LA ILUSTRACIÓN
Desde la Revolución Francesa, las cosas no han parado de ir al revés de lo esperado, pese a que las grandes potencias primero y muchos otros países después se consideran a sí mismas desde hace décadas como plenos Estados de Derecho, democracias modernas. En lugar de una república cosmopolita, nos topamos con una especie de guerra civil generalizada, donde grandes multinacionales privadas, sin ninguna legitimidad política, dominan las decisiones que nos afectan a todos. Nos encontramos con un mundo rico atrincherado tras leyes de extranjería, muros y alambradas que se protege del 80% de la población, que vive en países que llevan más de 50 años “en vías de desarrollo”.
¿Qué ha ocurrido, entonces? ¿Cómo es posible que la primera sociedad que busca constituirse por medios políticos y otorgar carta de ciudadanía a todo hombre y mujer acabe siendo una de las que más lejos está de lograrlo? Muchas personas se han hecho famosas a raíz de estudiar fenómenos como los campos de concentración nazis, tratando de descubrir el reverso tenebroso de la Ilustración, culpando a su programa político, observando la razón como si se tratase de un instrumento imperialista. Toda una pléyade de autores han realizado mil y una piruetas intelectuales para evitar señalar el gran problema con el que se topó la Ilustración desde su inicio: el capitalismo. En efecto, ambos términos son cosas completamente distintas que muchos autores han pretendido presentar como dos partes de un mismo proceso. La tradición marxista también cayó en este error, lo que les ha llevado a uno de sus mayores errores (con las muertes y el sufrimiento que ello implicó): considerar el Estado de Derecho como una mera superestructura del capitalismo, por lo que se pretendió “superarlo” de las formas más extravagantes (sirva como ejemplo los juicios públicos en La Habana al poco del triunfo de la revolución). Una cosa es que el derecho sea un instrumento de las élites poderosas y otra muy distinta es que necesariamente sea eso (VV.AA., 2007).
Lo que ocurrió con la Ilustración es que, al tiempo que se abría de nuevo un espacio para la ciudadanía (con la ejecución del monarca, figura que había usurpado el lugar de la ley) y se vaciaba el centro de la sociedad de tronos y templos, lo que se instalaba en su lugar no fue una asamblea de ciudadanos o representantes de los mismos, sino que en el centro del tejido social se instalaba con fuerza el mercado, el capitalismo. Este sistema económico se impone a través del mercado laboral, obligando a la inmensa mayoría de la población a tratar de sobrevivir en él. Nacía así el proletariado, es decir, personas que carecen de los medios de producción y por tanto se ven obligados, si quieren sobrevivir, a hacerlos a través del mercado de trabajo, donde lo único que tienen para ofrecer es su fuerza de trabajo.
La proletarización de la humanidad fue la condición necesaria para la implantación del capitalismo, en virtud de la cual la humanidad empieza a depender de las propias necesidades del sistema (y de sus formas de satisfacerlas), que rara vez coinciden con las necesidades de las personas (Fernández Liria, Alegre Zahonero, 2006). Sirva como ejemplo que una economía “sana” es perfectamente compatible con el aumento de las desigualdades, el hambre y la pobreza, como demuestra en (el caso latinoamericano) cualquier estudio de la CEPAL. Por tanto, una vez proletarizada, la humanidad no puede desentenderse de la dinámica del capitalismo, que se impone como un destino inescrutable, una realidad que no se puede cambiar y ante la que sólo cabe el “pragmatismo” de la aceptación o...
El fascismo y el nazismo, por ejemplo, lejos de ser la otra cara de la moneda de la Ilustración, fueron los instrumentos de los que se valió el capitalismo para deshacerse del espacio de la ciudadanía (y de los ciudadanos) en un momento en que se corría el grave riesgo de que se optase por otros modelos de producción y organización social distintos al capitalista (Pauwels, 2004). Es un claro ejemplo de la norma general: el capitalismo tolera la condición ciudadana siempre que se utilice para mantener las cosas como están.
Nos encontramos, pues, con un sistema económico que no puede frenar, que necesita el crecimiento y la expansión constantes, que no puede decidir políticamente disminuir la velocidad o detenerse, que respira al margen de la decisión política, que tiene lógicas y dinámicas propias. Un sistema que tolera muy mal cualquier tipo de intervención política, cualquier iniciativa ciudadana (siempre que no sea a su favor). Un sistema que regala la dirección de las sociedades (relegándolas al papel de “menores de edad”) a gigantes privados que antes que obedecer a cualquier Estado, son capaces de chantajearlos, coartarlos o condicionarlos (Fernández Liria, Alegre Zahonero, 2006). Un pequeño ejemplo de la desproporción en cuanto a capacidades económicas: la fortuna de Bill Gates es superior al PIB de Honduras, Nicaragua y Panamá juntos (2005). La Ilustración necesitaba de ciudadanos para elaborar su programa, pero el capitalismo arrojaba proletarios. Hablamos, por tanto, de ciudadanos proletarizados, no de ciudadanos libres: en el centro de la vida social encontramos personas dispuestas a hipotecar su vida para conseguir un trabajo, sin tiempo que dedicar a la vida política, sometidos a los caprichos del sistema económico, en una situación en que la libertad carece de condiciones para ser ejercida.
Es un grave error tratar de limitar el concepto de totalitarismo al campo político. En condiciones capitalistas (un sistema económico), el individuo es transformado en un ser desarraigado que solo cuenta como fuerza de trabajo y/o consumidor. Ningún Estado ha tenido jamás un poder homogeneizador y alienante tan grande como el que ejerce hoy el capitalismo: el proletario no puede hacer otra cosa con su libertad más que plegarse a las exigencias del mercado, porque la alternativa es la miseria, el hambre, la invisibilidad o la muerte. Hemos descubierto que la mayor de las distopías no era “1984”, de George Orwell, sino “El Talón de Hierro”, de Jack London. Cada vez más es el mercado el encargado de ejercer la violencia, tanto objetiva como subjetiva, física o simbólica, necesaria para mantener el statu quo. Resulta más beneficioso (y menos costoso ideológicamente) dejárselo a la mano invisible del mercado (Zizek, 2009). Bajo el capitalismo y especialmente a raíz de las medidas neoliberales de las últimas décadas, las sociedades de América Latina se han convertido en sociedades insólitamente desestructuradas, indiferentes, aunque parece que vuelven a despertar y organizarse en algunos países.
Podemos decir, por tanto, que el discurso de la Ilustración fue una tapadera para los desmanes del capital. Y es así porque la Ilustración fue derrotada desde el comienzo, no tenía nada que hacer bajo las condiciones impuestas por el capitalismo. En consecuencia, podemos afirmar que existe una incompatibilidad de base entre capitalismo y democracia, así como entre capitalismo y Estado de Derecho.
- CAPITALISMO, DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO EN AMÉRICA LATINA
La idea de la democracia y del Estado de Derecho se basa en que, lo menos malo a lo que podemos aspirar para resolver los asuntos de la comunidad, puesto que somos seres humanos y ninguno puede aspirar a la perfección ni a tener toda la razón, es a un marco en el que las leyes puedan ser corregidas legalmente, es decir, que desde la propia legalidad se puedan cambiar o corregir.
Pero en la mayor parte de las democracias de América Latina lo que encontramos es una ausencia de ley que se llama a sí misma ley: encontramos la dictadura del capital, no un marco que permita cambiar las leyes. Podemos asegurar que mientras las poblaciones han votado dentro de los márgenes que les ofrecía el capital, se ha mantenido la apariencia de Estado de Derecho y de democracia, con todos sus ritos liberales. Sin embargo, cuando alguna de las sociedades ha decidido votar una alternativa anticapitalista, o con una pequeña dosis de anticapitalismo, se ha encontrado con que todo el aparato democrático no existía pese a las apariencias, con que el poder económico, más poderoso, prefiere sacrificar la supuesta democracia y el Estado de Derecho a la economía capitalista. No en vano dijo Kissinger, Secretario de Estado de Estados Unidos en 1973, con ocasión del golpe contra Allende: “Si hay que elegir entre sacrificar la economía o la democracia, hay que sacrificar la democracia”.
Es necesario conectar la historia de los movimientos revolucionarios violentos latinoamericanos con la historia de aquellos movimientos revolucionarios que decidieron optar por la vía de corregir legalmente las leyes, respetando las instituciones democráticas. Cada vez que triunfó la izquierda y trató de legislar sobre alguna cuestión de importancia económica (es decir, cada vez que además de ganar, la izquierda ha tratado de cumplir su programa), podemos comprobar cómo aquellos que defendían el orden institucional se vuelven contra él y alientan de alguna forma su destrucción. Demuestran así que existe un poder por encima de la ley, que ocupa su lugar, lo que a su vez demuestra que eso que bajo condiciones capitalistas llamamos ley, no es que sea una mala ley (injusta, contraria a la razón o arbitraria), sino que es una forma ideológica de ocultar la ausencia de ley.
La historia del siglo XX pone de manifiesto que cada vez que un parlamento ha decidido algo que no convenía al capitalismo, las grandes corporaciones se han encargado de derribarlo mediante guerras, bloqueos económicos, golpes de Estado, etc. Sólo ha existido la democracia y el Estado de Derecho mientras los parlamentos se plegaban a determinados intereses. Por tanto, podemos afirmar que la democracia, bajo condiciones capitalistas, es ese periodo entre dos golpes de Estado que dura tanto como dure la voluntad de no legislar sobre ninguna cuestión económica de importancia (Fernández Liria, Alegre Zahonero, 2006). Bajo el capitalismo la política deja de ser una cuestión de la ciudadanía: las grandes corporaciones y algunos de sus Estados clientes ocupan su lugar y dirigen la política de forma dictatorial.
Esto nos da a entender que es positivo tolerar el pluralismo, aceptar que la izquierda anticapitalista exista, se organice, se movilice e incluso trate de ganar las elecciones. Pero lo que de ninguna manera se puede tolerar es que las ganen (y pretendan aplicar su programa): no es una posibilidad política. Si no ha existido nunca el marco para que la izquierda pueda cambiar legalmente las leyes y así someter la economía a la política, no es de extrañar que estallasen multitud de revoluciones, guerrillas, etc.; o acontecimientos como el Caracazo (Venezuela, 1989): el hecho de que la opción de las masas se situase entre aceptar las prohibiciones y limitaciones del programa de ajuste neoliberal que intentaba implantar Carlos Andrés Pérez o cometer un acto violento, ciego y desesperado (incluso poner muertos sobre la mesa) para tratar de forzar un “consenso democrático” que les facilitase su integración política y económica, indica claramente que no existe una verdadera sociedad basada en la libre elección. Lo que nos encontramos es un sistema objetivamente violento que obliga a realizar acciones subjetivamente violentas para reclamar cierta justicia social. La libre elección resulta ser, por tanto, un gesto formal de consentimiento respecto a la opresión y explotación: la elección es libre mientras se escoja la opción adecuada, la opción del mercado (Zizek, 2009).
A lo largo del siglo XIX, bastó con un mínimo proteccionismo para desatar una invasión. Sirva de ejemplo la guerra entre Paraguay y la alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay. Pero la historia del siglo XX no es menos estremecedora, existen abundantes ejemplos:
En Brasil, Joao Goulart ganó las elecciones en 1961. Durante dos años EE.UU bloqueó Brasil y aumentó la ayuda a los militares hasta que llegó el golpe de 1964. Decenas de miles de muertos, desaparecidos y torturados, con la connivencia y la ayuda de la potencia norteamericana, es el saldo que arroja la dictadura instaurada hasta 1985.
En Argentina, entre 1976 y 1983, la dictadura militar produce 30.000 muertos y desaparecidos. La doctrina era, como dijo un general de brigada, “primero vamos a matar a todos los subversivos; después a sus colaboradores; después a los simpatizantes; después a los indiferentes, y por último a los tímidos”.
En Chile, uno de los casos más conocidos de intento de socialismo democrático, el país entero pagó la osadía de enfrentarse a las grandes corporaciones que se repartían el pastel: entre 1973 y 1988, la dictadura de Pinochet hace desaparecer a más de 3000 personas y tortura a decenas de miles. Cuando por fin decidió regalar una democracia vigilada, pronunció una famosa frase que establecía muy claramente cuales eran sus límites: “Estoy dispuesto a aceptar el resultado de las elecciones, con tal de que no gane ninguna opción de izquierdas”.
En Guatemala, Juan José Arévalo, democráticamente elegido en 1944, trató de legalizar los sindicatos, entre otras cosas. La United Fruit Company financió 32 golpes de Estado. En 1951 ganó Arbénz, a lo que siguió una invasión por parte de Estados Unidos que, en palabras de Eisenhower, tuvo que deshacerse “de un gobierno comunista que había asumido el poder”. La historia de Guatemala a partir de entonces es estremecedora: entre 1960 y 1996, 250.000 muertos y desaparecidos, casi todos provocados por el ejército.
Entre 1980 y 2000 se calculan 70.000 muertos y 4.000 desaparecidos en Perú. Un militar de alto rango (el general Luis Cisneros Vizquerra) dijo en 1983: “Para que las fuerzas policiales puedan tener éxito, tienen que comenzar a matar senderistas y no senderistas. Matan a 60 personas y a lo mejor entre ellos hay tres senderistas. Esta es la única forma de ganar la subversión”.
En Colombia ni si quiera encontramos cifras totales del desastre humano, pero se estima que desde las años 80 vienen muriendo unas 20.000 personas al año por causa de la violencia política, por no hablar de las desapariciones, los desplazados internos… El caso de la Unión Patriótica es especialmente sangrante: 5.000 de sus miembros murieron, ejerciendo cargos públicos o como candidatos, en 10 años. Confirma las declaraciones de aquel miembro del ELN: en Colombia “es más fácil y muere menos gente si montas una guerrilla que si montas un sindicato”.
Uruguay entre 1973 y 1985, Haití bajo el yugo de los Duvalier, Nicaragua con los Somoza y luego bajo el asedio del “Contra”… La lista de ejemplos es larguísima, casi inabarcable. Pero por encima de la longitud de dicha lista, lo más estremecedor, casi surrealista, es que a lo largo del siglo XX no existe ni un solo ejemplo de victoria electoral anticapitalista que no haya venido seguida de un golpe de Estado, un bloqueo económico, una invasión militar, terrorismo… Nos topamos, pues, con lo que parece una ley incontrovertible de la democracia bajo condiciones capitalistas: no existe un solo ejemplo de victoria electoral anticapitalista (o mínimamente anticapitalista) que no haya venido seguida de la interrupción, de una forma u otra, del orden democrático, no existe ni una sola excepción que demuestre que el anticapitalismo tenía alguna posibilidad política de vencer que no estuviera destinada a ser corregida por la mano invisible (o visible) del mercado.
El caso de Nicaragua también ilustra perfectamente lo que Santiago Alba Rico ha bautizado como “pedagogía del voto capitalista” (Alba Rico, 2006): en 1990, la victoria de Violeta Chamorro (que se presentó a la opinión pública mundial como una especie de entrada en razón de la población nicaragüense), vino precedida de una matanza ininterrumpida durante diez años (gestada por EE.UU.) y de una campaña que anunciaba que la única forma de acabar con la guerra era optar por las políticas de centro, renunciar a la locura socialista y aceptar el capitalismo salvaje.
- CONCLUSIONES
El ejemplo de un socialismo o un comunismo democráticos resulta intolerable para el capitalismo: destapa la evidencia de que capitalismo y democracia/Estado de Derecho son términos incompatibles, por mucho que los países capitalistas se maquillen como tales. Es como vivir en una doble pesadilla: por un lado los sistemas políticos latinoamericanos viraron en los 80 - 90 (reformas neoliberales) hacia un modelo prácticamente schumpeteriano del que costará mucho escapar, basado en que el único elemento democrático sea la competencia electoral (Nun, 2002); por otro, ni si quiera las élites políticas tienen la sartén por el mango, ni si quiera podemos hablar del gobierno de los políticos en contraposición al gobierno del pueblo.
La historia nos demuestra que una de las posibilidades por las que presuntamente puede optar la ciudadanía está vedada: no existe, por tanto, un verdadero marco legal que permita corregir desde la legalidad las malas leyes (o la ausencia de ley), al menos para la izquierda. La necesaria conclusión que extraemos, en consecuencia, es que no podemos hablar de Estado de Derecho en América Latina, ni tampoco de democracia, puesto que existe un poder que no está sometido a ningún control ciudadano que trasciende tanto el poder político como la ley. De lo que sí podemos hablar, en todo caso, es de ilusión de ciudadanía: consideramos que una realidad está en Estado de Derecho y es democrática cuando sus actores, votando libremente, eligen que las cosas permanezcan como están. Allí donde de todas formas ocurre esto, se puede ir abriendo el abanico de libertades y derechos civiles. Pero esto no significa que si un día esta misma gente decide cambiar las cosas, todo ello se mantenga en pie. En todo caso estamos ante un pedazo de historia lo suficientemente privilegiado como para no tener que reñir con el derecho (Fernández Liria, Alegre Zahonero, 2006). Se trata de una realidad donde el derecho, la capacidad de la ley para transformar la realidad, resulta superflua: hablamos de gobiernos sin poder, de la muerte de la política y su sustitución por la mera administración dentro de los marcos dictados por el capital. Con la globalización da comienzo la “auto-colonización”, donde las grandes multinacionales comienzan a colonizar también sus propios países de origen, convirtiendo así al mundo entero en “Repúblicas Bananeras” (Zizek, 2008).
Mantener los ritos y formalidades de un sistema político que no tiene poder, incluida la división de poderes, no tiene mérito. Hoy por hoy, lo verdaderamente meritorio sería dividir el poder económico, democratizarlo, pero esto supondría la politización de la economía, es decir, lo contrario al capitalismo.
En cierto sentido, podemos afirmar que Cuba, que parece que supo comprender a tiempo que la alternativa era o un Fidel vivo o un Allende muerto, está mucho más cerca de convertirse en una auténtica democracia y un auténtico Estado de Derecho, pese a tener un gobierno autoritario. Porque en un país como Cuba, la economía está sometida, como todo lo demás, a la ley, y resulta mucho más sencillo cambiar una mala ley (las que limitan el pluralismo, las que impiden un relevo de las élites, las que otorgan casi todo el poder al ejecutivo…) que reconquistar el lugar que deben ocupar las leyes, expulsar a quien las suplanta.
La tenaz resistencia cubana, además, parece haber ejercido un efecto demostración de la lucha contra el capitalismo sin el cual difícilmente serían concebibles hoy movimientos como los de Venezuela, Bolivia o Ecuador, que se enfrentan al reto de rescatar el lugar que le corresponde a la ley, de convertir en ciudadanos tanto al rico que intenta suplantar la ley como al pobre antes invisible para el sistema. Se trata de procesos que merecen un especial seguimiento y análisis que vayan más allá del debate (justificado) de si el líder de estos movimientos suplanta a la propia ciudadanía a la que teóricamente representa. Como dijo Laclau (Laclau, 2006), los líderes juegan en estos casos un factor aglutinante necesario para derribar un sistema moribundo y poder así aspirar a un mayor nivel de justicia y libertad en base a un sistema político que recupere las riendas de la dirección del país.
- REFERENCIAS
- Fernández Liria, C., Alegre Zahonero, L. (2006), Comprender Venezuela, Pensar la democracia. El colapso moral de los intelectuales occidentales, Hondarribia: Hiru.
- Nun, J. (2002), Democracia, ¿gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?, Madrid: Siglo XXI de España Editores.
- Pauwels, J. R. (2004), El mito de la guerra buena: Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Hondarribia: Hiru.
- VV.AA. (2007): Fernández Liria, C., Alegre Zahonero, L., Fernández Liria, P., Educación para la ciudadanía. Democracia, capitalismo y Estado de Derecho, Madrid: Akal.
- Zizek, S. (2007), En defensa de la intolerancia. Madrid: Sequitur.
- Zizek, S. (2009), Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Barcelona: Paidós.
El origen de ambos conceptos podemos encontrarlos en la Grecia clásica, en el mundo de las polis, en concreto en Atenas. La ciudad fue construida alrededor de una plaza pública, en torno a un espacio vacío. En este espacio vacío se reunía la asamblea, donde se juntaban los ciudadanos para dialogar, discutir, obtener consensos y diseñar las leyes para la comunidad. Los atenienses eran ciudadanos en la medida que pisaban este espacio vacío.
Aunque a primera vista no lo parezca, es de suma importancia que este espacio esté efectivamente vacío, es decir, que en el centro de la ciudad, en torno al cual bascula el resto del tejido social, no podamos encontrar ni un templo ni un trono. Ha de ser un lugar sin amos ni siervos (sean celestes o terrenales). Toda persona que pise ese espacio, independientemente de su condición, se convierte en un ciudadano y por tanto en un igual. Pero ninguno de estos tiene derecho a ocupar ese espacio, los ciudadanos tienen que ser capaces de habitarlo sin llegar a llenarlo, sin suplantarlo. Hoy se nos dice que esto es imposible, que lo máximo a lo que podemos aspirar es a que cada cual arrastre su trono y su dios preferido y trate de implantárselo a los demás, pero esto dejaría de llamarse ciudadanía: un ciudadano es aquel que actúa por encima de su condición de hombre o mujer, de pobre o rico, creyente o no creyente, etc., que dialoga racionalmente con los demás para encontrar consensos y desarrollar la gramática de la libertad, las leyes, que se encargarán de encauzar la realidad para ajustarla al derecho, a la razón (VV.AA., 2007).
Pero tener este espacio vacío implica una serie de peligros, tanto para la democracia como para el Estado de Derecho: la tensión que nace entre la voluntad del “demos” (la voluntad de los ciudadanos reunidos en asamblea) y el imperio de la ley y la razón. Personajes como Sócrates o Platón supieron ver desde el principio esta amenaza y se opusieron a la democracia ateniense en tanto consideraban que la omnipotencia del “demos” era una forma de tiranía. En efecto, que el pueblo usurpe en masa el lugar de las leyes, acabando así con el Estado de Derecho, no es muy diferente de que lo haga un rey o un dictador, por lo que en ese sentido democracia y fascismo vienen a ser lo mismo. En todo caso, se trata de un golpe de Estado. Y en ausencia del Estado de Derecho, en ausencia del sometimiento a la razón (representada en este espacio por la ley), la democracia se convierte inevitablemente en un instrumento de los poderosos: la omnipotencia de la mayoría se acaba convirtiendo en la omnipotencia de la minoría que es capaz de persuadir o cooptar a la mayoría, concediéndose el mismo valor a la virtud y al crimen en función del apoyo numérico que reúnan. De esta forma, la democracia puede convertirse en una máscara destinada a dar apariencia de legitimidad a una tiranía. La sofística antaño, la demagogia hoy, son el vehículo de la manipulación, el instrumento mediante el cual las tiranías sobreviven bajo gobiernos ciudadanos.
En una democracia, es legítimo que la mayoría decida, pero siempre que lo haga bajo determinadas condiciones: que se disponga de tiempo para razonar y discutir, que no existan amenazas o chantajes… Es decir, es necesario como requisito previo de una democracia que exista un ordenamiento jurídico, sea cual sea su forma, que ponga a salvo de la discusión democrática ciertos aspectos de la vida, como pueden ser la división de poderes o los derechos procesales. La asamblea o el Parlamento que represente a los ciudadanos debe respetar esos límites, sin dejar de legislar libremente por ello. En este sentido, la división de poderes es clave: somete las decisiones de un poder a los demás y a todos ellos a la ley.
Con la llegada de la Ilustración, el sueño de la democracia y el Estado de Derecho parecía que estaban más cerca que nunca. Por primera vez en la historia, la sociedad pretende vivir en comunidades edificadas por la política y vertebradas también a partir de la política, ya no bastaba con la tradición o la historia. La idea de la Ilustración es otorgarle el protagonismo a la política, construir una república cosmopolita que otorgue el papel central a la acción política de hombres y mujeres, considerados naturalmente iguales en derechos y deberes, razón y lógica, en la capacidad de autogobernarse (Fernández Liria, Alegre Zahonero, 2006). Construir, por tanto, una realidad en Estado de Derecho a partir de la razón y la libertad, del imperio de la ley, rescatar el sueño socrático y platónico. Sin embargo, ¿podemos decir que hoy, como se afirma con rotundidad, América Latina vive en Estado de Derecho?
- EL FRACASO DE LA ILUSTRACIÓN
Desde la Revolución Francesa, las cosas no han parado de ir al revés de lo esperado, pese a que las grandes potencias primero y muchos otros países después se consideran a sí mismas desde hace décadas como plenos Estados de Derecho, democracias modernas. En lugar de una república cosmopolita, nos topamos con una especie de guerra civil generalizada, donde grandes multinacionales privadas, sin ninguna legitimidad política, dominan las decisiones que nos afectan a todos. Nos encontramos con un mundo rico atrincherado tras leyes de extranjería, muros y alambradas que se protege del 80% de la población, que vive en países que llevan más de 50 años “en vías de desarrollo”.
¿Qué ha ocurrido, entonces? ¿Cómo es posible que la primera sociedad que busca constituirse por medios políticos y otorgar carta de ciudadanía a todo hombre y mujer acabe siendo una de las que más lejos está de lograrlo? Muchas personas se han hecho famosas a raíz de estudiar fenómenos como los campos de concentración nazis, tratando de descubrir el reverso tenebroso de la Ilustración, culpando a su programa político, observando la razón como si se tratase de un instrumento imperialista. Toda una pléyade de autores han realizado mil y una piruetas intelectuales para evitar señalar el gran problema con el que se topó la Ilustración desde su inicio: el capitalismo. En efecto, ambos términos son cosas completamente distintas que muchos autores han pretendido presentar como dos partes de un mismo proceso. La tradición marxista también cayó en este error, lo que les ha llevado a uno de sus mayores errores (con las muertes y el sufrimiento que ello implicó): considerar el Estado de Derecho como una mera superestructura del capitalismo, por lo que se pretendió “superarlo” de las formas más extravagantes (sirva como ejemplo los juicios públicos en La Habana al poco del triunfo de la revolución). Una cosa es que el derecho sea un instrumento de las élites poderosas y otra muy distinta es que necesariamente sea eso (VV.AA., 2007).
Lo que ocurrió con la Ilustración es que, al tiempo que se abría de nuevo un espacio para la ciudadanía (con la ejecución del monarca, figura que había usurpado el lugar de la ley) y se vaciaba el centro de la sociedad de tronos y templos, lo que se instalaba en su lugar no fue una asamblea de ciudadanos o representantes de los mismos, sino que en el centro del tejido social se instalaba con fuerza el mercado, el capitalismo. Este sistema económico se impone a través del mercado laboral, obligando a la inmensa mayoría de la población a tratar de sobrevivir en él. Nacía así el proletariado, es decir, personas que carecen de los medios de producción y por tanto se ven obligados, si quieren sobrevivir, a hacerlos a través del mercado de trabajo, donde lo único que tienen para ofrecer es su fuerza de trabajo.
La proletarización de la humanidad fue la condición necesaria para la implantación del capitalismo, en virtud de la cual la humanidad empieza a depender de las propias necesidades del sistema (y de sus formas de satisfacerlas), que rara vez coinciden con las necesidades de las personas (Fernández Liria, Alegre Zahonero, 2006). Sirva como ejemplo que una economía “sana” es perfectamente compatible con el aumento de las desigualdades, el hambre y la pobreza, como demuestra en (el caso latinoamericano) cualquier estudio de la CEPAL. Por tanto, una vez proletarizada, la humanidad no puede desentenderse de la dinámica del capitalismo, que se impone como un destino inescrutable, una realidad que no se puede cambiar y ante la que sólo cabe el “pragmatismo” de la aceptación o...
El fascismo y el nazismo, por ejemplo, lejos de ser la otra cara de la moneda de la Ilustración, fueron los instrumentos de los que se valió el capitalismo para deshacerse del espacio de la ciudadanía (y de los ciudadanos) en un momento en que se corría el grave riesgo de que se optase por otros modelos de producción y organización social distintos al capitalista (Pauwels, 2004). Es un claro ejemplo de la norma general: el capitalismo tolera la condición ciudadana siempre que se utilice para mantener las cosas como están.
Nos encontramos, pues, con un sistema económico que no puede frenar, que necesita el crecimiento y la expansión constantes, que no puede decidir políticamente disminuir la velocidad o detenerse, que respira al margen de la decisión política, que tiene lógicas y dinámicas propias. Un sistema que tolera muy mal cualquier tipo de intervención política, cualquier iniciativa ciudadana (siempre que no sea a su favor). Un sistema que regala la dirección de las sociedades (relegándolas al papel de “menores de edad”) a gigantes privados que antes que obedecer a cualquier Estado, son capaces de chantajearlos, coartarlos o condicionarlos (Fernández Liria, Alegre Zahonero, 2006). Un pequeño ejemplo de la desproporción en cuanto a capacidades económicas: la fortuna de Bill Gates es superior al PIB de Honduras, Nicaragua y Panamá juntos (2005). La Ilustración necesitaba de ciudadanos para elaborar su programa, pero el capitalismo arrojaba proletarios. Hablamos, por tanto, de ciudadanos proletarizados, no de ciudadanos libres: en el centro de la vida social encontramos personas dispuestas a hipotecar su vida para conseguir un trabajo, sin tiempo que dedicar a la vida política, sometidos a los caprichos del sistema económico, en una situación en que la libertad carece de condiciones para ser ejercida.
Es un grave error tratar de limitar el concepto de totalitarismo al campo político. En condiciones capitalistas (un sistema económico), el individuo es transformado en un ser desarraigado que solo cuenta como fuerza de trabajo y/o consumidor. Ningún Estado ha tenido jamás un poder homogeneizador y alienante tan grande como el que ejerce hoy el capitalismo: el proletario no puede hacer otra cosa con su libertad más que plegarse a las exigencias del mercado, porque la alternativa es la miseria, el hambre, la invisibilidad o la muerte. Hemos descubierto que la mayor de las distopías no era “1984”, de George Orwell, sino “El Talón de Hierro”, de Jack London. Cada vez más es el mercado el encargado de ejercer la violencia, tanto objetiva como subjetiva, física o simbólica, necesaria para mantener el statu quo. Resulta más beneficioso (y menos costoso ideológicamente) dejárselo a la mano invisible del mercado (Zizek, 2009). Bajo el capitalismo y especialmente a raíz de las medidas neoliberales de las últimas décadas, las sociedades de América Latina se han convertido en sociedades insólitamente desestructuradas, indiferentes, aunque parece que vuelven a despertar y organizarse en algunos países.
Podemos decir, por tanto, que el discurso de la Ilustración fue una tapadera para los desmanes del capital. Y es así porque la Ilustración fue derrotada desde el comienzo, no tenía nada que hacer bajo las condiciones impuestas por el capitalismo. En consecuencia, podemos afirmar que existe una incompatibilidad de base entre capitalismo y democracia, así como entre capitalismo y Estado de Derecho.
- CAPITALISMO, DEMOCRACIA Y ESTADO DE DERECHO EN AMÉRICA LATINA
La idea de la democracia y del Estado de Derecho se basa en que, lo menos malo a lo que podemos aspirar para resolver los asuntos de la comunidad, puesto que somos seres humanos y ninguno puede aspirar a la perfección ni a tener toda la razón, es a un marco en el que las leyes puedan ser corregidas legalmente, es decir, que desde la propia legalidad se puedan cambiar o corregir.
Pero en la mayor parte de las democracias de América Latina lo que encontramos es una ausencia de ley que se llama a sí misma ley: encontramos la dictadura del capital, no un marco que permita cambiar las leyes. Podemos asegurar que mientras las poblaciones han votado dentro de los márgenes que les ofrecía el capital, se ha mantenido la apariencia de Estado de Derecho y de democracia, con todos sus ritos liberales. Sin embargo, cuando alguna de las sociedades ha decidido votar una alternativa anticapitalista, o con una pequeña dosis de anticapitalismo, se ha encontrado con que todo el aparato democrático no existía pese a las apariencias, con que el poder económico, más poderoso, prefiere sacrificar la supuesta democracia y el Estado de Derecho a la economía capitalista. No en vano dijo Kissinger, Secretario de Estado de Estados Unidos en 1973, con ocasión del golpe contra Allende: “Si hay que elegir entre sacrificar la economía o la democracia, hay que sacrificar la democracia”.
Es necesario conectar la historia de los movimientos revolucionarios violentos latinoamericanos con la historia de aquellos movimientos revolucionarios que decidieron optar por la vía de corregir legalmente las leyes, respetando las instituciones democráticas. Cada vez que triunfó la izquierda y trató de legislar sobre alguna cuestión de importancia económica (es decir, cada vez que además de ganar, la izquierda ha tratado de cumplir su programa), podemos comprobar cómo aquellos que defendían el orden institucional se vuelven contra él y alientan de alguna forma su destrucción. Demuestran así que existe un poder por encima de la ley, que ocupa su lugar, lo que a su vez demuestra que eso que bajo condiciones capitalistas llamamos ley, no es que sea una mala ley (injusta, contraria a la razón o arbitraria), sino que es una forma ideológica de ocultar la ausencia de ley.
La historia del siglo XX pone de manifiesto que cada vez que un parlamento ha decidido algo que no convenía al capitalismo, las grandes corporaciones se han encargado de derribarlo mediante guerras, bloqueos económicos, golpes de Estado, etc. Sólo ha existido la democracia y el Estado de Derecho mientras los parlamentos se plegaban a determinados intereses. Por tanto, podemos afirmar que la democracia, bajo condiciones capitalistas, es ese periodo entre dos golpes de Estado que dura tanto como dure la voluntad de no legislar sobre ninguna cuestión económica de importancia (Fernández Liria, Alegre Zahonero, 2006). Bajo el capitalismo la política deja de ser una cuestión de la ciudadanía: las grandes corporaciones y algunos de sus Estados clientes ocupan su lugar y dirigen la política de forma dictatorial.
Esto nos da a entender que es positivo tolerar el pluralismo, aceptar que la izquierda anticapitalista exista, se organice, se movilice e incluso trate de ganar las elecciones. Pero lo que de ninguna manera se puede tolerar es que las ganen (y pretendan aplicar su programa): no es una posibilidad política. Si no ha existido nunca el marco para que la izquierda pueda cambiar legalmente las leyes y así someter la economía a la política, no es de extrañar que estallasen multitud de revoluciones, guerrillas, etc.; o acontecimientos como el Caracazo (Venezuela, 1989): el hecho de que la opción de las masas se situase entre aceptar las prohibiciones y limitaciones del programa de ajuste neoliberal que intentaba implantar Carlos Andrés Pérez o cometer un acto violento, ciego y desesperado (incluso poner muertos sobre la mesa) para tratar de forzar un “consenso democrático” que les facilitase su integración política y económica, indica claramente que no existe una verdadera sociedad basada en la libre elección. Lo que nos encontramos es un sistema objetivamente violento que obliga a realizar acciones subjetivamente violentas para reclamar cierta justicia social. La libre elección resulta ser, por tanto, un gesto formal de consentimiento respecto a la opresión y explotación: la elección es libre mientras se escoja la opción adecuada, la opción del mercado (Zizek, 2009).
A lo largo del siglo XIX, bastó con un mínimo proteccionismo para desatar una invasión. Sirva de ejemplo la guerra entre Paraguay y la alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay. Pero la historia del siglo XX no es menos estremecedora, existen abundantes ejemplos:
En Brasil, Joao Goulart ganó las elecciones en 1961. Durante dos años EE.UU bloqueó Brasil y aumentó la ayuda a los militares hasta que llegó el golpe de 1964. Decenas de miles de muertos, desaparecidos y torturados, con la connivencia y la ayuda de la potencia norteamericana, es el saldo que arroja la dictadura instaurada hasta 1985.
En Argentina, entre 1976 y 1983, la dictadura militar produce 30.000 muertos y desaparecidos. La doctrina era, como dijo un general de brigada, “primero vamos a matar a todos los subversivos; después a sus colaboradores; después a los simpatizantes; después a los indiferentes, y por último a los tímidos”.
En Chile, uno de los casos más conocidos de intento de socialismo democrático, el país entero pagó la osadía de enfrentarse a las grandes corporaciones que se repartían el pastel: entre 1973 y 1988, la dictadura de Pinochet hace desaparecer a más de 3000 personas y tortura a decenas de miles. Cuando por fin decidió regalar una democracia vigilada, pronunció una famosa frase que establecía muy claramente cuales eran sus límites: “Estoy dispuesto a aceptar el resultado de las elecciones, con tal de que no gane ninguna opción de izquierdas”.
En Guatemala, Juan José Arévalo, democráticamente elegido en 1944, trató de legalizar los sindicatos, entre otras cosas. La United Fruit Company financió 32 golpes de Estado. En 1951 ganó Arbénz, a lo que siguió una invasión por parte de Estados Unidos que, en palabras de Eisenhower, tuvo que deshacerse “de un gobierno comunista que había asumido el poder”. La historia de Guatemala a partir de entonces es estremecedora: entre 1960 y 1996, 250.000 muertos y desaparecidos, casi todos provocados por el ejército.
Entre 1980 y 2000 se calculan 70.000 muertos y 4.000 desaparecidos en Perú. Un militar de alto rango (el general Luis Cisneros Vizquerra) dijo en 1983: “Para que las fuerzas policiales puedan tener éxito, tienen que comenzar a matar senderistas y no senderistas. Matan a 60 personas y a lo mejor entre ellos hay tres senderistas. Esta es la única forma de ganar la subversión”.
En Colombia ni si quiera encontramos cifras totales del desastre humano, pero se estima que desde las años 80 vienen muriendo unas 20.000 personas al año por causa de la violencia política, por no hablar de las desapariciones, los desplazados internos… El caso de la Unión Patriótica es especialmente sangrante: 5.000 de sus miembros murieron, ejerciendo cargos públicos o como candidatos, en 10 años. Confirma las declaraciones de aquel miembro del ELN: en Colombia “es más fácil y muere menos gente si montas una guerrilla que si montas un sindicato”.
Uruguay entre 1973 y 1985, Haití bajo el yugo de los Duvalier, Nicaragua con los Somoza y luego bajo el asedio del “Contra”… La lista de ejemplos es larguísima, casi inabarcable. Pero por encima de la longitud de dicha lista, lo más estremecedor, casi surrealista, es que a lo largo del siglo XX no existe ni un solo ejemplo de victoria electoral anticapitalista que no haya venido seguida de un golpe de Estado, un bloqueo económico, una invasión militar, terrorismo… Nos topamos, pues, con lo que parece una ley incontrovertible de la democracia bajo condiciones capitalistas: no existe un solo ejemplo de victoria electoral anticapitalista (o mínimamente anticapitalista) que no haya venido seguida de la interrupción, de una forma u otra, del orden democrático, no existe ni una sola excepción que demuestre que el anticapitalismo tenía alguna posibilidad política de vencer que no estuviera destinada a ser corregida por la mano invisible (o visible) del mercado.
El caso de Nicaragua también ilustra perfectamente lo que Santiago Alba Rico ha bautizado como “pedagogía del voto capitalista” (Alba Rico, 2006): en 1990, la victoria de Violeta Chamorro (que se presentó a la opinión pública mundial como una especie de entrada en razón de la población nicaragüense), vino precedida de una matanza ininterrumpida durante diez años (gestada por EE.UU.) y de una campaña que anunciaba que la única forma de acabar con la guerra era optar por las políticas de centro, renunciar a la locura socialista y aceptar el capitalismo salvaje.
- CONCLUSIONES
El ejemplo de un socialismo o un comunismo democráticos resulta intolerable para el capitalismo: destapa la evidencia de que capitalismo y democracia/Estado de Derecho son términos incompatibles, por mucho que los países capitalistas se maquillen como tales. Es como vivir en una doble pesadilla: por un lado los sistemas políticos latinoamericanos viraron en los 80 - 90 (reformas neoliberales) hacia un modelo prácticamente schumpeteriano del que costará mucho escapar, basado en que el único elemento democrático sea la competencia electoral (Nun, 2002); por otro, ni si quiera las élites políticas tienen la sartén por el mango, ni si quiera podemos hablar del gobierno de los políticos en contraposición al gobierno del pueblo.
La historia nos demuestra que una de las posibilidades por las que presuntamente puede optar la ciudadanía está vedada: no existe, por tanto, un verdadero marco legal que permita corregir desde la legalidad las malas leyes (o la ausencia de ley), al menos para la izquierda. La necesaria conclusión que extraemos, en consecuencia, es que no podemos hablar de Estado de Derecho en América Latina, ni tampoco de democracia, puesto que existe un poder que no está sometido a ningún control ciudadano que trasciende tanto el poder político como la ley. De lo que sí podemos hablar, en todo caso, es de ilusión de ciudadanía: consideramos que una realidad está en Estado de Derecho y es democrática cuando sus actores, votando libremente, eligen que las cosas permanezcan como están. Allí donde de todas formas ocurre esto, se puede ir abriendo el abanico de libertades y derechos civiles. Pero esto no significa que si un día esta misma gente decide cambiar las cosas, todo ello se mantenga en pie. En todo caso estamos ante un pedazo de historia lo suficientemente privilegiado como para no tener que reñir con el derecho (Fernández Liria, Alegre Zahonero, 2006). Se trata de una realidad donde el derecho, la capacidad de la ley para transformar la realidad, resulta superflua: hablamos de gobiernos sin poder, de la muerte de la política y su sustitución por la mera administración dentro de los marcos dictados por el capital. Con la globalización da comienzo la “auto-colonización”, donde las grandes multinacionales comienzan a colonizar también sus propios países de origen, convirtiendo así al mundo entero en “Repúblicas Bananeras” (Zizek, 2008).
Mantener los ritos y formalidades de un sistema político que no tiene poder, incluida la división de poderes, no tiene mérito. Hoy por hoy, lo verdaderamente meritorio sería dividir el poder económico, democratizarlo, pero esto supondría la politización de la economía, es decir, lo contrario al capitalismo.
En cierto sentido, podemos afirmar que Cuba, que parece que supo comprender a tiempo que la alternativa era o un Fidel vivo o un Allende muerto, está mucho más cerca de convertirse en una auténtica democracia y un auténtico Estado de Derecho, pese a tener un gobierno autoritario. Porque en un país como Cuba, la economía está sometida, como todo lo demás, a la ley, y resulta mucho más sencillo cambiar una mala ley (las que limitan el pluralismo, las que impiden un relevo de las élites, las que otorgan casi todo el poder al ejecutivo…) que reconquistar el lugar que deben ocupar las leyes, expulsar a quien las suplanta.
La tenaz resistencia cubana, además, parece haber ejercido un efecto demostración de la lucha contra el capitalismo sin el cual difícilmente serían concebibles hoy movimientos como los de Venezuela, Bolivia o Ecuador, que se enfrentan al reto de rescatar el lugar que le corresponde a la ley, de convertir en ciudadanos tanto al rico que intenta suplantar la ley como al pobre antes invisible para el sistema. Se trata de procesos que merecen un especial seguimiento y análisis que vayan más allá del debate (justificado) de si el líder de estos movimientos suplanta a la propia ciudadanía a la que teóricamente representa. Como dijo Laclau (Laclau, 2006), los líderes juegan en estos casos un factor aglutinante necesario para derribar un sistema moribundo y poder así aspirar a un mayor nivel de justicia y libertad en base a un sistema político que recupere las riendas de la dirección del país.
- REFERENCIAS
- Fernández Liria, C., Alegre Zahonero, L. (2006), Comprender Venezuela, Pensar la democracia. El colapso moral de los intelectuales occidentales, Hondarribia: Hiru.
- Nun, J. (2002), Democracia, ¿gobierno del pueblo o gobierno de los políticos?, Madrid: Siglo XXI de España Editores.
- Pauwels, J. R. (2004), El mito de la guerra buena: Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, Hondarribia: Hiru.
- VV.AA. (2007): Fernández Liria, C., Alegre Zahonero, L., Fernández Liria, P., Educación para la ciudadanía. Democracia, capitalismo y Estado de Derecho, Madrid: Akal.
- Zizek, S. (2007), En defensa de la intolerancia. Madrid: Sequitur.
- Zizek, S. (2009), Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Barcelona: Paidós.
sábado, 19 de junio de 2010
Cuba y la retórica de los derechos humanos (Salim Lamrani)
Una constatación inicial
En Occidente, el nombre de Cuba se asocia inevitablemente a la problemática de los derechos humanos. Los medios europeos y estadounidenses estigmatizan a la mayor isla del Caribe de modo reiterado sobre este tema. Ningún otro país del continente americano se señala tanto con el dedo como la patria de José Martí, que dispone de una cobertura mediática desproporcionada en relación con su tamaño. En efecto, acontecimientos que pasarían desapercibidos en cualquier otra parte de América Latina o del mundo se difunden inmediatamente en la prensa internacional cuando se trata de Cuba.
Así, el suicidio en febrero de 2010 de Orlando Zapata Tamayo, un preso condenado por delitos comunes en Cuba, se mediatizó mucho más que el descubrimiento, en enero de 2010, de una fosa común con 2.000 cadáveres de sindicalistas y militantes de los derechos humanos asesinados por el ejército colombiano. Del mismo modo, las manifestaciones de los opositores cubanos aparecen regularmente en la prensa occidental la cual, al mismo tiempo, censura las exacciones –¡Más de 500 casos de asesinatos y desapariciones!– que comete la junta militar, de Roberto Micheletti primero, y después de Porfirio Lobo, que gobierna actualmente en Honduras después del golpe de Estado de junio de 2009 contra el presidente democráticamente elegido José Manuel Zelaya. (1)
Estados Unidos justifica oficialmente la imposición de las sanciones económicas, en vigor desde julio de 1960 y que afectan a todos los sectores de la sociedad cubana, en particular a los más vulnerables, por las violaciones de los derechos humanos. De 1960 a 1991, Washington explicó que la alianza con la Unión Soviética era la razón de su hostilidad hacia Cuba. Desde el desmoronamiento del bloque del Este las diferentes administraciones, desde Georges H. W. Bush hasta Barack Obama, han utilizado la retórica de los derechos humanos para explicar el estado de sitio anacrónico, el cual lejos de afectar a los dirigentes del país, hace pagar el precio de las divergencias políticas entre las dos naciones a los ancianos, las mujeres y los niños. (2)
Por su parte, la Unión Europea impone una Posición Común –¡La única en el mundo!– desde 1996 al Gobierno cubano, que limita los intercambios bilaterales, por las mismas razones. Esta estigmatización constituye el pilar de la política exterior de Bruselas respecto a La Habana y representa el principal obstáculo para la normalización de las relaciones bilaterales. Entre 2003 y 2008, la Unión Europea también impuso sanciones políticas, diplomáticas y culturales a Cuba por las mismas razones, por lo menos oficialmente. (3)
¿Una estigmatización legítima?
No se trata de afirmar que Cuba sea irreprochable en la cuestión de los derechos humanos y que allí no se comete ninguna violación. En efecto, Cuba está lejos de ser una sociedad perfecta y existen allí algunos atentados a ciertos derechos fundamentales. No obstante, conviene preguntarse por qué semejante estigmatización por parte de los medios occidentales, de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Acaso Cuba presenta una situación especial en cuanto a los derechos humanos? ¿Será peor que la del resto del continente? ¿Washington, Bruselas y la prensa occidental estarán genuinamente preocupados por ello? ¿Acaso tienen autoridad moral suficiente para erigirse en jueces?
Para responder a estas preguntas, el informe de Amnistía Internacional (AI) de 2010 brinda un enf oque interesante. Diez países –cinco del continente americano: Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, y cinco de la Unión Europea: Francia, Alemania, Reino Unido, España y la República Checa (líder del frente de las naciones que se oponen a la normalización de las relaciones con Cuba)- serán sometidos a un análisis comparativo. (4)
Los derechos humanos en Cuba
Según Amnistía Internacional (AI), existen «severas restricciones sobre los derechos civiles y políticos» en Cuba. AI habla de «55 presos de opinión [encarcelados sólo por el hecho de ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión]». (5) En una declaración del 18 de marzo de 2008, AI reconoce no obstante que estas personas fueron condenadas «por haber recibido fondos o materiales del Gobierno estadounidense para realizar actividades que las autoridades consideran subversivas y perjudiciales para Cuba», lo que constituye un delito de orden penal en Cuba y también en cualquier otro país del mundo. (6)
La organización subraya también que «varios [opositores] declararon haber sido golpeados durante su arresto». Graves restricciones pesan todavía sobre la libertad de expresión, según AI, pues «todos los grandes medios e Internet están bajo el control del Estado». Por otra parte, los sitios de los opositores se encuentran bloqueados en Cuba y sólo se pueden consultar desde el exterior. Varios disidentes fueron arrestados y luego liberados. AI denuncia también las maniobras de intimidación contra ellos. Además, «las restricciones del derecho de circular libremente impidieron que periodistas, defensores de los derechos humanos y militantes políticos llevaran a cabo actividades legítimas y pacíficas». Así, la opositora Yoani Sánchez no ha recibido autorización para salir del país para recibir un premio en Estados Unidos. (7)
No obstante, AI recuerda que en mayo de 2009 Cuba «fue elegida al Consejo de Derechos Humanos [ONU] para un nuevo mandato de tres años», ilustrando así que la mayoría de la comunidad internacional no comparte el punto de vista de Bruselas y de Washington respecto a la situación de los derechos humanos en Cuba. (8)
Finalmente AI reconoce que las sanciones económicas que Estados Unidos impone a Cuba tienen «todavía efectos negativos sobre los derechos económicos y sociales de los cubanos. La legislación estadounidense que restringe las exportaciones hacia la isla de productos y de material fabricados o patentados por Estados Unidos siguen entorpeciendo el acceso a los medicamentos y a los equipos médicos». AI agrega que las agencias de las Naciones Unidas presentes en Cuba también «están penalizadas por el embargo». (9)
Así, como ilustra el informe de AI, Cuba no es irreprochable en términos de respeto de los derechos humanos.
Los derechos humanos en el continente americano
Conviene ahora poner en perspectiva la realidad cubana frente a la problemática al respecto del resto del continente.
Estados Unidos
Según AI, 198 personas siguen detenidas ilegalmente en la base naval de Guantánamo, sin cargos, desde hace siete años. Al menos cinco reclusos se suicidaron en la prisión de Guantánamo. Por otra parte, varios prisioneros fueron juzgados por tribunales militares que no ofrecían todas las garantías de un juicio justo. (10)
Además , «varios centenares de personas, entre ellas niños, siguen encarceladas por las fuerzas estadounidenses en la base aérea de Bagram, en Afganistán, sin que tengan la posibilidad de ver a un abogado o de que las presenten ante un juez». (11)
AI también denunció el «programa de detenciones secretas de la CIA» y reveló los «actos de tortura y otras formas de malos tratos infligidos a personas detenidas». Cita dos ejemplos: «Entre las técnicas autorizadas figuran la desnudez forzada, la privación prolongada de sueño y el waterboarding (simulacro de ahogamiento). […] Abu Zubaydah […] fue sometido a esta última técnica más de 80 veces en agosto de 2002, y Khaled Sheikh Mohammed 183 veces en marzo de 2003». Los autores de estos actos no serán perseguidos por la justicia, tal como declararon Barack Obama y el Ministro de Justicia Eric Holder. (12)
AI señala que «la impunidad y la ausencia de vías de recurso persistían para las violaciones de los derechos humanos perpetradas en el marco de lo que el gobierno del presidente Bush llamaba la ‘guerra contra el terror’». La organización añade que «el nuevo Gobierno bloqueó la publicación de cierto número de fotos que mostraban los maltratos infligidos a personas detenidas por Estados Unidos en Afganistán y en Iraq». (13)
AI denuncia también los actos de «tortura y otros malos tratos» que cometieron las fuerzas del orden en el territorio de Estados Unidos contra ciudadanos estadounidenses. «Al menos 47 personas fallecieron después de ser neutralizadas con pistolas Taser, lo que eleva a más de 390 el número total de personas fallecidas en circunstancias análogas desde 2001». AI agrega que «entre las víctimas figuraban tres adolescentes desarmados que habían cometido delitos menores, así como un hombre aparentemente con buena salud a quien los policías de Fort Worth, en Texas, administraron descargas eléctricas durante 49 segundos sin interrupción en mayo de 2009. (14)
La organización internacional señala con el dedo las condiciones de detención en Estados Unidos. Según ella, «miles de presos están confinados en un aislamiento prolongado en prisiones de alta seguridad donde, en muchos casos, las condiciones de vida violan las normas internacionales según las cuales los detenidos deben ser tratados con humanidad». Así, «numerosos presos […] de los cuales muchos sufrían trastornos mentales, estaban confinados en aislamiento desde hacía 10 años o más, 23 horas sobre 24, sin atención médica adecuada y sin que se revisara correctamente su situación». Ésos «no tenían la posibilidad de trabajar, ni de formarse, ni de distraerse y tenían muy pocos contactos con el mundo exterior». (15)
Según AI, « decenas de miles de migrantes, entre ellos demandantes de asilo, estaban regularmente encarcelados, en violación de las normas internacionales. Muchos estaban detenidos en condiciones sumamente duras, prácticamente privados de ejercicio, de acceso a la atención médica y de la posibilidad de conseguir asistencia jurídica». (16)
Por otra parte, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias denunció varios casos de ejecuciones extrajudiciales que las fuerzas del orden cometieron contra migrantes. «El número de muertos en detención es superior a los 74 casos reconocidos por las autoridades desde 2003», señala AI. (17)
AI recuerda las discriminaciones a las mujeres pertenecientes a las minorías en términos de derecho a la salud. Así, «El número de fallecimientos evitables debidos a complicaciones relacionadas con el embarazo sigue siendo elevado; varios cientos de mujeres murieron durante el año. Existen disparidades relacionadas con los ingresos, la raza, el origen étnico o nacional en el acceso a la atención médica para las mujeres embarazadas; la tasa de mortalidad materna es casi cuatro veces mayor entre las afroestadounidenses que entre las mujeres blancas». AI agrega que 52 millones de personas de menos de 65 años no tienen seguro médico, «una cifra en aumento respecto al año anterior». (18)
Según AI, un objetor de conciencia fue condenado a un año de prisión por negarse a servir en Afganistán. La organización denuncia también los juicios injustos contra Leonard Peltier, detenido desde hace 32 años, «A pesar de las dudas en cuanto a la equidad de su condena en 1977». AI también señala que la Corte Suprema Federal se negó a examinar la apelación interpuesta por cinco presos políticos cubanos: Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González y Fernando González, condenados a largas penas de prisión mientras que «el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria [ONU] había concluido, en mayo de 2005, que la detención de estos cinco hombres era arbitraria, pues no se habían beneficiado de un juicio justo». (19)
Por otra parte, la pena de muerte sigue aplicándose en Estados Unidos. Así, 52 personas fueron ejecutadas en 2009. (20)
Brasil
La situación en Brasil también es objeto de un informe. AI menciona «utilización excesiva de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y actos de torturas por parte de la policía». Las fuerzas del orden «siguieron cometiendo violaciones masivas», y «cientos de homicidios no fueron objeto de investigaciones serias y las acciones legales fueron casi inexistentes». Así, «en Río de Janeiro en 2009, la policía mató a 1.048 personas». En Sao Paulo, «esa cifra alcanzó 543, o sea un aumento del 36% respecto a 2008». Por otra parte, «los homicidios imputables a la policía militar aumentaron en un 41%». 21
La organización denuncia también «el aumento del número de milicias –grupos paramilitares armados compuestos en gran parte por agentes de la fuerza pública que actúan fuera de servicio-» que «utilizan su poder sobre la población para sacar ventajas económicas y políticas ilícitas […] y que pusieron en peligro la vida de miles de habitantes y las propias instituciones del Estado». (22)
En Brasil, « las condiciones de detención seguían siendo crueles, inhumanas o degradantes. La tortura se empleaba regularmente en los interrogatorios, con fines de extorsión o para castigar, controlar o humillar», según AI, además del problema de la superpoblación. (23)
Por otra parte, «litigios territoriales ocasionaron este año atentados contra los derechos fundamentales, cometidos tanto por asesinos profesionales al servicio de los latifundistas como por policías». Al menos 20 personas fueron asesinadas en 2009. (24)
Según AI, los derechos de los trabajadores fueron violados y «miles de trabajadores eran mantenidos en condiciones que se asimilan a la esclavitud». El derecho a una vivienda digna no se respeta. Por otra parte, «se siguen cometiendo graves atentados contra los derechos de las poblaciones en el Estado del Mato Grosso do Sul». AI recuerda varios casos de desaparición de militantes indígenas. (25)
Canadá
Según AI, las autoridades canadienses «no han respetado los derechos de los pueblos autóctonos durante la entrega de autorizaciones para la explotación de las minas, selvas, petróleo u otros recursos naturales. El Gobierno sigue afirmando, sin fundamento, que la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Autóctonos no se aplica a Canadá». (26)
La organización denuncia también las discriminaciones contra los indígenas y particularmente los niños. Por otra parte, la explotación por la fuerza del petróleo y el gas que se hallan en las tierras de los Cris del Lubicon ha contribuido a «una mala salud y a una pobreza muy frecuentes entre ellos». (27)
El derecho de las mujeres se viola regularmente en Canadá. Así, «numerosas mujeres, adolescentes y niñas sufren violencias» y «el gobierno canadiense no ha tomado ninguna medida para elaborar un plan de acción nacional completo para luchar contra la violencia y la discriminación». (28)
Canadá también fue cómplice de actos de tortura al entregar a sospechosos a las autoridades afganas en el marco de la lucha contra el terrorismo. (29)
Por otra parte, las fuerzas de policía cometieron un asesinato por medio de una descarga eléctrica con la ayuda de pistolas Taser. (30)
Colombia
En Colombia, la población civil es «víctima de desplazamientos forzados, ataques ciegos, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento forzoso de menores, violencias sexuales contra mujeres y homicidios», cometidos por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y la guerrilla. (31)
AI contabiliza 20.000 casos de desapariciones forzadas y 286.000 casos de personas desplazadas. La organización subraya que «el gobierno se ha negado a apoyar una propuesta de ley que prevé el otorgamiento de reparaciones a las víctimas del conflicto sobre una base no discriminatoria, es decir sin ninguna distinción según el hecho de que los autores de las violaciones sean agentes del Estado o no. El texto fue rechazado por el Congreso en junio». (32)
Por otra parte, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de las Poblaciones Autóctonas calificó la situación de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia como «grave, crítica y profundamente preocupante». AI señala que «al menos 114 hombres, mujeres y niños indígenas fueron asesinados en 2009, una cifra en aumento respecto al año 2008». (33)
El Departamento Administrativo de Seguridad, que opera bajo la autoridad directa del jefe de l Estado, está implicado en «un amplio caso de espionaje ilegal llevado a cabo durante un largo periodo. Entre las víctimas figuraban defensores de los derechos humanos, miembros de la oposición política, jueces y periodistas, a quienes se buscaba restringir, incluso neutralizar la acción. Esas maniobras se habrían efectuado con la estrecha colaboración de grupos paramilitares. Miembros del mundo diplomático y defensores extranjeros de los derechos humanos también fueron objetivos». AI agrega que «algunos militantes espiados por el Departamento Administrativo de Seguridad recibieron amenazas de muerte y fueron objeto de acciones penales por motivos falaces». (34)
En 2009, 80 miembros del Congreso fueron objeto de una «investigación legal por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares». Varios magistrados que participan en la investigación recibieron amenazas de muerte, según AI. (35)
Las fuerzas de seguridad cometieron más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales. «El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias declaró que esos homicidios fueron cometidos por un número importante de elementos del ejército». El ejército sigue colaborando con grupos paramilitares, los cuales son culpables de «masacres». Al menos 8 militantes de los derechos humanos y 39 sindicalistas fueron asesinados en 2009. AI señala que «la impunidad de la cual gozan los autores de violaciones sigue siendo fuente de una profunda preocupación». (36)
México
En México, más de 6 .500 personas fueron asesinadas en actos violentos ligados al narcotráfico. AI señala «violaciones de los derechos humanos cometidas por militares, particularmente ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegales, desapariciones forzadas, actos de tortura y otros malos tratos, así como detenciones arbitrarias». La organización agrega que «víctimas y familiares de víctimas recibieron amenazas después de intentar presentar una denuncia» y deplora «la impunidad de la cual gozan los culpables». (37)
AI afirma que «se señalaron varios casos de violaciones de los derechos humanos –desaparición forzada, uso excesivo de la fuerza, tortura y otros malos tratos y detención arbitraria, entre otros– imputables a agentes de la policía municipal, federal o de los Estados». Además, «las promesas de las autoridades, que se comprometieron a abrir una investigación sobre todas las alegaciones de tortura, no se cumplieron». (38)
Los migrantes también fueron víctimas de las autoridades mexicanas. Padecieron «brutalidades, amenazas, secuestros, violaciones y asesinatos, entre otros, perpetrados esencialmente por grupos de criminales, pero también por algunos funcionarios». AI enfatiza que por otra parte «dos defensores de los derechos fundamentales de los indígenas fueron secuestrados, torturados y asesinados en Ayutla». AI señala también que «a finales de año, Raúl Hernández, preso de opinión y militante de otra organización local de defensa de los derechos de las poblaciones indígenas, se encontraba todavía en cárcel sobre la base de una acusación de asesinato inventada». (39)
En México varios periodistas fueron amenazados, agredidos y secuestrados, según AI, particularmente los que «se interesaban por las cuestiones de seguridad pública y de corrupción». Al menos 12 periodistas fueron asesinados en 2009. Además, «las investigaciones abiertas sobre los asesinatos, los raptos y las amenazas de los cuales los profesionales de la prensa fueron objeto desembocaron muy pocas veces en acciones legales, lo que contribuye a mantener un clima de impunidad». (40)
AI denuncia las discriminaciones y las violencias cometidas contra los pueblos indígenas, expoliados de sus tierras y de sus viviendas por las autoridades, «con el objetivo de explotar los recursos locales». (41)
Las mujeres y niñas constantemente son víctimas de violencias. «Numerosos casos de asesinatos de mujeres, después de secuestrarlas y violarlas, se señalaron en los Estados de Chihuahua y México», apunta AI. Pero, «la impunidad sigue siendo la norma para los asesinatos de mujeres y los demás crímenes violentos de los cuales son víctimas». Por otra parte, 14 de los 31 Estados de México se niegan a aplicar la ley de despenalización del aborto. (42)
Conclusión
El informe de Amnistía Internacional es edificante en varios aspectos. Primero, se descubre que aunque la organización subraya algunas violaciones de los derechos humanos en Cuba, la isla del Caribe se encuentra lejos de ser el chico malo del continente. Esta constatación pone en tela de juicio la estigmatización de los medios occidentales, de Washington y de Bruselas respecto a La Habana.
Así, la prensa occidental engaña a la opinión pública cuando presenta a Cuba como el principal violador de los derechos humanos en el continente americano. Estados Unidos, por su parte, no puede justificar de ningún modo la imposición de las sanciones económicas por la situación de los derechos humanos en la isla y debe eliminarlas. En efecto, no sólo no tiene ninguna autoridad moral para disertar sobre este tema en vista su propia situación, sino que además la mayoría de los países del continente presenta una situación peor que la de Cuba.
En cuanto a la Unión Europea, debe poner fin a la Posición Común , que es discriminatoria y poco creíble por las mismas razones, y normalizar las relaciones con La Habana. Conviene ahora evaluar la autoridad moral de Bruselas sobre esta cuestión.
Notas
En Occidente, el nombre de Cuba se asocia inevitablemente a la problemática de los derechos humanos. Los medios europeos y estadounidenses estigmatizan a la mayor isla del Caribe de modo reiterado sobre este tema. Ningún otro país del continente americano se señala tanto con el dedo como la patria de José Martí, que dispone de una cobertura mediática desproporcionada en relación con su tamaño. En efecto, acontecimientos que pasarían desapercibidos en cualquier otra parte de América Latina o del mundo se difunden inmediatamente en la prensa internacional cuando se trata de Cuba.
Así, el suicidio en febrero de 2010 de Orlando Zapata Tamayo, un preso condenado por delitos comunes en Cuba, se mediatizó mucho más que el descubrimiento, en enero de 2010, de una fosa común con 2.000 cadáveres de sindicalistas y militantes de los derechos humanos asesinados por el ejército colombiano. Del mismo modo, las manifestaciones de los opositores cubanos aparecen regularmente en la prensa occidental la cual, al mismo tiempo, censura las exacciones –¡Más de 500 casos de asesinatos y desapariciones!– que comete la junta militar, de Roberto Micheletti primero, y después de Porfirio Lobo, que gobierna actualmente en Honduras después del golpe de Estado de junio de 2009 contra el presidente democráticamente elegido José Manuel Zelaya. (1)
Estados Unidos justifica oficialmente la imposición de las sanciones económicas, en vigor desde julio de 1960 y que afectan a todos los sectores de la sociedad cubana, en particular a los más vulnerables, por las violaciones de los derechos humanos. De 1960 a 1991, Washington explicó que la alianza con la Unión Soviética era la razón de su hostilidad hacia Cuba. Desde el desmoronamiento del bloque del Este las diferentes administraciones, desde Georges H. W. Bush hasta Barack Obama, han utilizado la retórica de los derechos humanos para explicar el estado de sitio anacrónico, el cual lejos de afectar a los dirigentes del país, hace pagar el precio de las divergencias políticas entre las dos naciones a los ancianos, las mujeres y los niños. (2)
Por su parte, la Unión Europea impone una Posición Común –¡La única en el mundo!– desde 1996 al Gobierno cubano, que limita los intercambios bilaterales, por las mismas razones. Esta estigmatización constituye el pilar de la política exterior de Bruselas respecto a La Habana y representa el principal obstáculo para la normalización de las relaciones bilaterales. Entre 2003 y 2008, la Unión Europea también impuso sanciones políticas, diplomáticas y culturales a Cuba por las mismas razones, por lo menos oficialmente. (3)
¿Una estigmatización legítima?
No se trata de afirmar que Cuba sea irreprochable en la cuestión de los derechos humanos y que allí no se comete ninguna violación. En efecto, Cuba está lejos de ser una sociedad perfecta y existen allí algunos atentados a ciertos derechos fundamentales. No obstante, conviene preguntarse por qué semejante estigmatización por parte de los medios occidentales, de Estados Unidos y de la Unión Europea. ¿Acaso Cuba presenta una situación especial en cuanto a los derechos humanos? ¿Será peor que la del resto del continente? ¿Washington, Bruselas y la prensa occidental estarán genuinamente preocupados por ello? ¿Acaso tienen autoridad moral suficiente para erigirse en jueces?
Para responder a estas preguntas, el informe de Amnistía Internacional (AI) de 2010 brinda un enf oque interesante. Diez países –cinco del continente americano: Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Colombia, y cinco de la Unión Europea: Francia, Alemania, Reino Unido, España y la República Checa (líder del frente de las naciones que se oponen a la normalización de las relaciones con Cuba)- serán sometidos a un análisis comparativo. (4)
Los derechos humanos en Cuba
Según Amnistía Internacional (AI), existen «severas restricciones sobre los derechos civiles y políticos» en Cuba. AI habla de «55 presos de opinión [encarcelados sólo por el hecho de ejercer de manera pacífica su derecho a la libertad de expresión]». (5) En una declaración del 18 de marzo de 2008, AI reconoce no obstante que estas personas fueron condenadas «por haber recibido fondos o materiales del Gobierno estadounidense para realizar actividades que las autoridades consideran subversivas y perjudiciales para Cuba», lo que constituye un delito de orden penal en Cuba y también en cualquier otro país del mundo. (6)
La organización subraya también que «varios [opositores] declararon haber sido golpeados durante su arresto». Graves restricciones pesan todavía sobre la libertad de expresión, según AI, pues «todos los grandes medios e Internet están bajo el control del Estado». Por otra parte, los sitios de los opositores se encuentran bloqueados en Cuba y sólo se pueden consultar desde el exterior. Varios disidentes fueron arrestados y luego liberados. AI denuncia también las maniobras de intimidación contra ellos. Además, «las restricciones del derecho de circular libremente impidieron que periodistas, defensores de los derechos humanos y militantes políticos llevaran a cabo actividades legítimas y pacíficas». Así, la opositora Yoani Sánchez no ha recibido autorización para salir del país para recibir un premio en Estados Unidos. (7)
No obstante, AI recuerda que en mayo de 2009 Cuba «fue elegida al Consejo de Derechos Humanos [ONU] para un nuevo mandato de tres años», ilustrando así que la mayoría de la comunidad internacional no comparte el punto de vista de Bruselas y de Washington respecto a la situación de los derechos humanos en Cuba. (8)
Finalmente AI reconoce que las sanciones económicas que Estados Unidos impone a Cuba tienen «todavía efectos negativos sobre los derechos económicos y sociales de los cubanos. La legislación estadounidense que restringe las exportaciones hacia la isla de productos y de material fabricados o patentados por Estados Unidos siguen entorpeciendo el acceso a los medicamentos y a los equipos médicos». AI agrega que las agencias de las Naciones Unidas presentes en Cuba también «están penalizadas por el embargo». (9)
Así, como ilustra el informe de AI, Cuba no es irreprochable en términos de respeto de los derechos humanos.
Los derechos humanos en el continente americano
Conviene ahora poner en perspectiva la realidad cubana frente a la problemática al respecto del resto del continente.
Estados Unidos
Según AI, 198 personas siguen detenidas ilegalmente en la base naval de Guantánamo, sin cargos, desde hace siete años. Al menos cinco reclusos se suicidaron en la prisión de Guantánamo. Por otra parte, varios prisioneros fueron juzgados por tribunales militares que no ofrecían todas las garantías de un juicio justo. (10)
Además , «varios centenares de personas, entre ellas niños, siguen encarceladas por las fuerzas estadounidenses en la base aérea de Bagram, en Afganistán, sin que tengan la posibilidad de ver a un abogado o de que las presenten ante un juez». (11)
AI también denunció el «programa de detenciones secretas de la CIA» y reveló los «actos de tortura y otras formas de malos tratos infligidos a personas detenidas». Cita dos ejemplos: «Entre las técnicas autorizadas figuran la desnudez forzada, la privación prolongada de sueño y el waterboarding (simulacro de ahogamiento). […] Abu Zubaydah […] fue sometido a esta última técnica más de 80 veces en agosto de 2002, y Khaled Sheikh Mohammed 183 veces en marzo de 2003». Los autores de estos actos no serán perseguidos por la justicia, tal como declararon Barack Obama y el Ministro de Justicia Eric Holder. (12)
AI señala que «la impunidad y la ausencia de vías de recurso persistían para las violaciones de los derechos humanos perpetradas en el marco de lo que el gobierno del presidente Bush llamaba la ‘guerra contra el terror’». La organización añade que «el nuevo Gobierno bloqueó la publicación de cierto número de fotos que mostraban los maltratos infligidos a personas detenidas por Estados Unidos en Afganistán y en Iraq». (13)
AI denuncia también los actos de «tortura y otros malos tratos» que cometieron las fuerzas del orden en el territorio de Estados Unidos contra ciudadanos estadounidenses. «Al menos 47 personas fallecieron después de ser neutralizadas con pistolas Taser, lo que eleva a más de 390 el número total de personas fallecidas en circunstancias análogas desde 2001». AI agrega que «entre las víctimas figuraban tres adolescentes desarmados que habían cometido delitos menores, así como un hombre aparentemente con buena salud a quien los policías de Fort Worth, en Texas, administraron descargas eléctricas durante 49 segundos sin interrupción en mayo de 2009. (14)
La organización internacional señala con el dedo las condiciones de detención en Estados Unidos. Según ella, «miles de presos están confinados en un aislamiento prolongado en prisiones de alta seguridad donde, en muchos casos, las condiciones de vida violan las normas internacionales según las cuales los detenidos deben ser tratados con humanidad». Así, «numerosos presos […] de los cuales muchos sufrían trastornos mentales, estaban confinados en aislamiento desde hacía 10 años o más, 23 horas sobre 24, sin atención médica adecuada y sin que se revisara correctamente su situación». Ésos «no tenían la posibilidad de trabajar, ni de formarse, ni de distraerse y tenían muy pocos contactos con el mundo exterior». (15)
Según AI, « decenas de miles de migrantes, entre ellos demandantes de asilo, estaban regularmente encarcelados, en violación de las normas internacionales. Muchos estaban detenidos en condiciones sumamente duras, prácticamente privados de ejercicio, de acceso a la atención médica y de la posibilidad de conseguir asistencia jurídica». (16)
Por otra parte, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias denunció varios casos de ejecuciones extrajudiciales que las fuerzas del orden cometieron contra migrantes. «El número de muertos en detención es superior a los 74 casos reconocidos por las autoridades desde 2003», señala AI. (17)
AI recuerda las discriminaciones a las mujeres pertenecientes a las minorías en términos de derecho a la salud. Así, «El número de fallecimientos evitables debidos a complicaciones relacionadas con el embarazo sigue siendo elevado; varios cientos de mujeres murieron durante el año. Existen disparidades relacionadas con los ingresos, la raza, el origen étnico o nacional en el acceso a la atención médica para las mujeres embarazadas; la tasa de mortalidad materna es casi cuatro veces mayor entre las afroestadounidenses que entre las mujeres blancas». AI agrega que 52 millones de personas de menos de 65 años no tienen seguro médico, «una cifra en aumento respecto al año anterior». (18)
Según AI, un objetor de conciencia fue condenado a un año de prisión por negarse a servir en Afganistán. La organización denuncia también los juicios injustos contra Leonard Peltier, detenido desde hace 32 años, «A pesar de las dudas en cuanto a la equidad de su condena en 1977». AI también señala que la Corte Suprema Federal se negó a examinar la apelación interpuesta por cinco presos políticos cubanos: Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González y Fernando González, condenados a largas penas de prisión mientras que «el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria [ONU] había concluido, en mayo de 2005, que la detención de estos cinco hombres era arbitraria, pues no se habían beneficiado de un juicio justo». (19)
Por otra parte, la pena de muerte sigue aplicándose en Estados Unidos. Así, 52 personas fueron ejecutadas en 2009. (20)
Brasil
La situación en Brasil también es objeto de un informe. AI menciona «utilización excesiva de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y actos de torturas por parte de la policía». Las fuerzas del orden «siguieron cometiendo violaciones masivas», y «cientos de homicidios no fueron objeto de investigaciones serias y las acciones legales fueron casi inexistentes». Así, «en Río de Janeiro en 2009, la policía mató a 1.048 personas». En Sao Paulo, «esa cifra alcanzó 543, o sea un aumento del 36% respecto a 2008». Por otra parte, «los homicidios imputables a la policía militar aumentaron en un 41%». 21
La organización denuncia también «el aumento del número de milicias –grupos paramilitares armados compuestos en gran parte por agentes de la fuerza pública que actúan fuera de servicio-» que «utilizan su poder sobre la población para sacar ventajas económicas y políticas ilícitas […] y que pusieron en peligro la vida de miles de habitantes y las propias instituciones del Estado». (22)
En Brasil, « las condiciones de detención seguían siendo crueles, inhumanas o degradantes. La tortura se empleaba regularmente en los interrogatorios, con fines de extorsión o para castigar, controlar o humillar», según AI, además del problema de la superpoblación. (23)
Por otra parte, «litigios territoriales ocasionaron este año atentados contra los derechos fundamentales, cometidos tanto por asesinos profesionales al servicio de los latifundistas como por policías». Al menos 20 personas fueron asesinadas en 2009. (24)
Según AI, los derechos de los trabajadores fueron violados y «miles de trabajadores eran mantenidos en condiciones que se asimilan a la esclavitud». El derecho a una vivienda digna no se respeta. Por otra parte, «se siguen cometiendo graves atentados contra los derechos de las poblaciones en el Estado del Mato Grosso do Sul». AI recuerda varios casos de desaparición de militantes indígenas. (25)
Canadá
Según AI, las autoridades canadienses «no han respetado los derechos de los pueblos autóctonos durante la entrega de autorizaciones para la explotación de las minas, selvas, petróleo u otros recursos naturales. El Gobierno sigue afirmando, sin fundamento, que la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Autóctonos no se aplica a Canadá». (26)
La organización denuncia también las discriminaciones contra los indígenas y particularmente los niños. Por otra parte, la explotación por la fuerza del petróleo y el gas que se hallan en las tierras de los Cris del Lubicon ha contribuido a «una mala salud y a una pobreza muy frecuentes entre ellos». (27)
El derecho de las mujeres se viola regularmente en Canadá. Así, «numerosas mujeres, adolescentes y niñas sufren violencias» y «el gobierno canadiense no ha tomado ninguna medida para elaborar un plan de acción nacional completo para luchar contra la violencia y la discriminación». (28)
Canadá también fue cómplice de actos de tortura al entregar a sospechosos a las autoridades afganas en el marco de la lucha contra el terrorismo. (29)
Por otra parte, las fuerzas de policía cometieron un asesinato por medio de una descarga eléctrica con la ayuda de pistolas Taser. (30)
Colombia
En Colombia, la población civil es «víctima de desplazamientos forzados, ataques ciegos, secuestros, desapariciones forzadas, reclutamiento forzoso de menores, violencias sexuales contra mujeres y homicidios», cometidos por las fuerzas de seguridad, los paramilitares y la guerrilla. (31)
AI contabiliza 20.000 casos de desapariciones forzadas y 286.000 casos de personas desplazadas. La organización subraya que «el gobierno se ha negado a apoyar una propuesta de ley que prevé el otorgamiento de reparaciones a las víctimas del conflicto sobre una base no discriminatoria, es decir sin ninguna distinción según el hecho de que los autores de las violaciones sean agentes del Estado o no. El texto fue rechazado por el Congreso en junio». (32)
Por otra parte, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de las Poblaciones Autóctonas calificó la situación de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia como «grave, crítica y profundamente preocupante». AI señala que «al menos 114 hombres, mujeres y niños indígenas fueron asesinados en 2009, una cifra en aumento respecto al año 2008». (33)
El Departamento Administrativo de Seguridad, que opera bajo la autoridad directa del jefe de l Estado, está implicado en «un amplio caso de espionaje ilegal llevado a cabo durante un largo periodo. Entre las víctimas figuraban defensores de los derechos humanos, miembros de la oposición política, jueces y periodistas, a quienes se buscaba restringir, incluso neutralizar la acción. Esas maniobras se habrían efectuado con la estrecha colaboración de grupos paramilitares. Miembros del mundo diplomático y defensores extranjeros de los derechos humanos también fueron objetivos». AI agrega que «algunos militantes espiados por el Departamento Administrativo de Seguridad recibieron amenazas de muerte y fueron objeto de acciones penales por motivos falaces». (34)
En 2009, 80 miembros del Congreso fueron objeto de una «investigación legal por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares». Varios magistrados que participan en la investigación recibieron amenazas de muerte, según AI. (35)
Las fuerzas de seguridad cometieron más de 2.000 ejecuciones extrajudiciales. «El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias declaró que esos homicidios fueron cometidos por un número importante de elementos del ejército». El ejército sigue colaborando con grupos paramilitares, los cuales son culpables de «masacres». Al menos 8 militantes de los derechos humanos y 39 sindicalistas fueron asesinados en 2009. AI señala que «la impunidad de la cual gozan los autores de violaciones sigue siendo fuente de una profunda preocupación». (36)
México
En México, más de 6 .500 personas fueron asesinadas en actos violentos ligados al narcotráfico. AI señala «violaciones de los derechos humanos cometidas por militares, particularmente ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegales, desapariciones forzadas, actos de tortura y otros malos tratos, así como detenciones arbitrarias». La organización agrega que «víctimas y familiares de víctimas recibieron amenazas después de intentar presentar una denuncia» y deplora «la impunidad de la cual gozan los culpables». (37)
AI afirma que «se señalaron varios casos de violaciones de los derechos humanos –desaparición forzada, uso excesivo de la fuerza, tortura y otros malos tratos y detención arbitraria, entre otros– imputables a agentes de la policía municipal, federal o de los Estados». Además, «las promesas de las autoridades, que se comprometieron a abrir una investigación sobre todas las alegaciones de tortura, no se cumplieron». (38)
Los migrantes también fueron víctimas de las autoridades mexicanas. Padecieron «brutalidades, amenazas, secuestros, violaciones y asesinatos, entre otros, perpetrados esencialmente por grupos de criminales, pero también por algunos funcionarios». AI enfatiza que por otra parte «dos defensores de los derechos fundamentales de los indígenas fueron secuestrados, torturados y asesinados en Ayutla». AI señala también que «a finales de año, Raúl Hernández, preso de opinión y militante de otra organización local de defensa de los derechos de las poblaciones indígenas, se encontraba todavía en cárcel sobre la base de una acusación de asesinato inventada». (39)
En México varios periodistas fueron amenazados, agredidos y secuestrados, según AI, particularmente los que «se interesaban por las cuestiones de seguridad pública y de corrupción». Al menos 12 periodistas fueron asesinados en 2009. Además, «las investigaciones abiertas sobre los asesinatos, los raptos y las amenazas de los cuales los profesionales de la prensa fueron objeto desembocaron muy pocas veces en acciones legales, lo que contribuye a mantener un clima de impunidad». (40)
AI denuncia las discriminaciones y las violencias cometidas contra los pueblos indígenas, expoliados de sus tierras y de sus viviendas por las autoridades, «con el objetivo de explotar los recursos locales». (41)
Las mujeres y niñas constantemente son víctimas de violencias. «Numerosos casos de asesinatos de mujeres, después de secuestrarlas y violarlas, se señalaron en los Estados de Chihuahua y México», apunta AI. Pero, «la impunidad sigue siendo la norma para los asesinatos de mujeres y los demás crímenes violentos de los cuales son víctimas». Por otra parte, 14 de los 31 Estados de México se niegan a aplicar la ley de despenalización del aborto. (42)
Conclusión
El informe de Amnistía Internacional es edificante en varios aspectos. Primero, se descubre que aunque la organización subraya algunas violaciones de los derechos humanos en Cuba, la isla del Caribe se encuentra lejos de ser el chico malo del continente. Esta constatación pone en tela de juicio la estigmatización de los medios occidentales, de Washington y de Bruselas respecto a La Habana.
Así, la prensa occidental engaña a la opinión pública cuando presenta a Cuba como el principal violador de los derechos humanos en el continente americano. Estados Unidos, por su parte, no puede justificar de ningún modo la imposición de las sanciones económicas por la situación de los derechos humanos en la isla y debe eliminarlas. En efecto, no sólo no tiene ninguna autoridad moral para disertar sobre este tema en vista su propia situación, sino que además la mayoría de los países del continente presenta una situación peor que la de Cuba.
En cuanto a la Unión Europea, debe poner fin a la Posición Común , que es discriminatoria y poco creíble por las mismas razones, y normalizar las relaciones con La Habana. Conviene ahora evaluar la autoridad moral de Bruselas sobre esta cuestión.
Salim Lamrani.
Notas
(1) Salim Lamrani, « Cuba, los medios occidentales y el suicidio de Orlando Zapata Tamayo », Rebelión , 2 de marzo de 2010.
(2) Salim Lamrani, Cuba. Ce que les médias ne vous diront jamais (París: Editions Estrella, 2009), pp. 121-134.
(3) Ibid. , pp. 21-36.
(4) Amnistía Internacional, « Informe 2010. La situación de los derechos humanos en el mundo», mayo de 2010. (Sitio consultado el 7 de junio de 2010).
(5) Ibid. , pp. 87-88.
(6) Amnesty International , « Cuba. Cinco años de más. El nuevo Gobierno debe liberar a los disidentes presos », 18 de marzo de 2008. (sitio consultado el 23 de abril de 2008).
(7) Amnistía Internacional, « Informe 2010. La situación de los derechos humanos en el mundo », mayo de 2010, op. cit. 87-88.
(8) -(9) Id.
(10) Ibid. , pp. 105-109
(11) - (20) Id.
(21) Ibid. , pp. 48-52.
(22) - (25) Id.
(26) Ibid. , pp. 62-63.
(27) - (30) Id.
(31) Ibid. , pp. 72-76
(32) - (36) Id.
(37) Ibid. , pp. 210-14.
(38) - (42) Id.
(2) Salim Lamrani, Cuba. Ce que les médias ne vous diront jamais (París: Editions Estrella, 2009), pp. 121-134.
(3) Ibid. , pp. 21-36.
(4) Amnistía Internacional, « Informe 2010. La situación de los derechos humanos en el mundo», mayo de 2010. (Sitio consultado el 7 de junio de 2010).
(5) Ibid. , pp. 87-88.
(6) Amnesty International , « Cuba. Cinco años de más. El nuevo Gobierno debe liberar a los disidentes presos », 18 de marzo de 2008. (sitio consultado el 23 de abril de 2008).
(7) Amnistía Internacional, « Informe 2010. La situación de los derechos humanos en el mundo », mayo de 2010, op. cit. 87-88.
(8) -(9) Id.
(10) Ibid. , pp. 105-109
(11) - (20) Id.
(21) Ibid. , pp. 48-52.
(22) - (25) Id.
(26) Ibid. , pp. 62-63.
(27) - (30) Id.
(31) Ibid. , pp. 72-76
(32) - (36) Id.
(37) Ibid. , pp. 210-14.
(38) - (42) Id.
miércoles, 16 de junio de 2010
La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana (Ernesto Laclau)
La ruptura populista ocurre cuando tiene lugar una dicotomización del espacio social por la cual los actores se ven a sí mismos como partícipes de uno u otro de dos campos enfrentados. Implica la equivalencia entre las demandas insatisfechas, la cristalización de todas ellas en torno de ciertos símbolos comunes y la emergencia de un líder. Esto no anticipa nada acerca de los contenidos ideológicos del viraje populista. En el caso venezolano, la transición hacia una sociedad más justa requería el desplazamiento de la elite, para lo cual era necesario construir un nuevo actor colectivo –cuyo símbolo es el bolivarianismo y cuyo emergente es Hugo Chávez– a través de una ruptura populista.
¿Cuándo se produce una ruptura populista? La condición ineludible es que haya tenido lugar una dicotomización del espacio social, que los actores se vean a sí mismos como partícipes de uno u otro de dos campos enfrentados. Construir al pueblo como actor colectivo significa apelar a «los de abajo», en una oposición frontal con el régimen existente. Esto implica que, de una forma u otra, los canales institucionales existentes para la vehiculización de las demandas sociales han perdido su eficacia y legitimidad, y que la nueva configuración hegemónica –el nuevo «bloque histórico», para usar la expresión gramsciana– supondrá un cambio de régimen y una reestructuración del espacio público.
Esto no anticipa, desde luego, nada acerca de los contenidos ideológicos del viraje populista. Ideologías de la más diversa índole –desde el comunismo hasta el fascismo– pueden adoptar un sesgo populista. En todos los casos estará presente, sin embargo, una dimensión de ruptura con el estado de cosas actual que puede ser más o menos profunda, según las coyunturas específicas. Dos autores franceses, Yves Meny e Ives Surel1, han sostenido, desde este punto de vista, que no hay política que no tenga algún matiz populista. El corolario es que, desde mi punto de vista, la categoría de populismo no implica necesariamente una evaluación peyorativa, lo que no significa, desde luego, que todo populismo sea, por definición, bueno. Si los contenidos políticos más diversos son susceptibles de una articulación populista, nuestro apoyo o no a un movimiento populista concreto dependerá de nuestra evaluación de esos contenidos y no tan solo de la forma populista de su discurso.
En mis trabajos sobre el tema he introducido la distinción entre la lógica social de la diferencia y la de la equivalencia. Por la primera entiendo una lógica eminentemente institucionalista, en la que las demandas sociales son individualmente respondidas y absorbidas por el sistema. La prevalencia exclusiva de esta lógica institucional conduciría a la muerte de la política y a su reemplazo por la mera administración. La fórmula de Saint-Simon –«del gobierno de los hombres a la administración de las cosas»– es la expresión cabal de esta utopía de una sociedad reconciliada y sin antagonismos, y no es sorprendente que Marx la haya adoptado para describir la sociedad sin clases que sucedería a la extinción del Estado.
En el caso de la lógica de la equivalencia las cosas ocurren de modo diferente, y la base de su prevalencia debe encontrarse en la presencia de demandas que permanecen insatisfechas y entre las que comienza a establecerse una relación de solidaridad. Si grupos de gente cuyas demandas de vivienda, por ejemplo, no son satisfechas advierten que otras demandas de transporte, empleo, seguridad, suministro de bienes públicos esenciales, no son tampoco satisfechas, en tal caso comienza a establecerse entre ellas una relación de equivalencia. Todas ellas empiezan entonces a ser vistas como eslabones de una identidad popular común que está dada por la falla de su satisfacción individual, administrativa, dentro del sistema institucional existente. Esta pluralidad de demandas comienza entonces a plasmarse en símbolos comunes y, en un cierto momento, algunos líderes comienzan a interpelar a estas masas frustradas por fuera del sistema vigente y contra él. Éste es el momento en que el populismo emerge, asociando entre sí estas tres dimensiones: la equivalencia entre las demandas insatisfechas, la cristalización de todas ellas en torno de ciertos símbolos comunes y la emergencia de un líder cuya palabra encarna este proceso de identificación popular.
Como puede verse, el populismo es una cuestión de grado, de la proporción en que las lógicas equivalenciales prevalecen sobre las diferenciales. Pero la prevalencia de una u otra nunca puede ser total. Nunca habrá una lógica popular dicotómica que disuelva en un ciento por ciento el aparato institucional de la sociedad. Y tampoco habrá un sistema institucional que funcione como un mecanismo de relojería tan perfecto que no dé lugar a antagonismos y a relaciones equivalenciales entre demandas heterogéneas. Todo análisis político debe comenzar por determinar la dispersión de hecho de las demandas, tanto en el campo de la sociedad civil como en el espacio público. No es casual que uno de los blancos de la crítica de los defensores del statu quo haya sido siempre el populismo, dado que lo que ellos más temen es la politización de las demandas sociales. Su ideal es el de una esfera pública enteramente dominada por la tecnocracia.
Es dentro de esta perspectiva que debe considerarse la situación latinoamericana actual. Nuestros países han heredado dos experiencias traumáticas e interrelacionadas: las dictaduras militares y la virtual destrucción de las economías del continente por el neoliberalismo, cuyo epítome han sido los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI). Digo que están interrelacionadas porque, sin dictaduras militares, habrían sido imposibles políticas tales como las reformas de los Chicago boys en Chile o la gestión suicida de José Alfredo Martínez de Hoz en Argentina (el adjetivo «suicida» ha sido utilizado por un autor inglés, Duncan Green2, para referirse a la eliminación por parte de la dictadura argentina de las tarifas y los controles de las importaciones, al mismo tiempo que se mantenía un peso sobrevaluado; el resultado fue que el país resultó inundado por productos importados baratos que condujeron a una caída desastrosa de la producción industrial local).
Las consecuencias de esta doble crisis son claras: una crisis de las instituciones como canales de vehiculización de las demandas sociales, y una proliferación de estas últimas en movimientos horizontales de protesta que no se integraban verticalmente al sistema político. El movimiento piquetero en Argentina, el movimiento de los Sin Tierra en Brasil, el zapatismo en México (al menos en sus fases iniciales) son expresiones claras de esta tendencia, pero fenómenos comparables pueden encontrarse en prácticamente todos los países latinoamericanos. Vemos aquí la plena operación de la distinción entre «equivalencia » y «diferencia» a la que antes me he referido. La canalización puramente individual de las demandas sociales por parte de las instituciones está siendo reemplazada por un proceso de movilización y politización creciente de la sociedad civil. Éste es el real desafío en lo que concierne al futuro democrático de las sociedades latinoamericanas: crear Estados viables, que solo pueden serlo si el momento vertical y el momento horizontal de la política logran un cierto punto de integración y de equilibrio.
Es conocido el proceso a través del cual, durante la década del 90, la represión social y la desinstitucionalización fueron condiciones de la implementación de las políticas de ajuste. Piénsese en el abuso de los «decretos de necesidad y urgencia» por parte de Carlos Menem; en el estado de sitio seguido por una violenta represión sindical en Bolivia en 1985; en el uso de la legislación antiterrorista para los mismos fines en Colombia; en la disolución del Congreso peruano por Alberto Fujimori; o en la violenta represión por parte de Carlos Andrés Pérez de las movilizaciones populares subsiguientes a la suba astronómica del precio de la gasolina en 1989. El fracaso del proyecto neoliberal a fines de los 90 y la necesidad de elaborar políticas más pragmáticas, que combinaran los mecanismos de mercado con grados mayores de regulación estatal y de participación social, condujeron a regímenes más representativos y a lo que se ha dado en llamar un giro general hacia la centroizquierda. Es decir que la viabilidad de estos nuevos regímenes requería un cambio en la forma del Estado que articulara de un modo también nuevo las dos dimensiones que hemos señalado.
Es aquí donde encontramos una serie de variantes regionales cuya comparación pone más claramente a la luz la especificidad de la experiencia venezolana. En los casos de Chile y de Uruguay, la dimensión institucionalista ha predominado sobre el momento de ruptura en la transición de la dictadura a la democracia, por lo que pocos elementos populistas pueden encontrarse en estas experiencias; en tanto que en el caso venezolano el momento de ruptura es decisivo. Argentina y Brasil están en una posición intermedia. En Chile, la transición a la democracia fue un proceso relativamente pacífico y paulatino, dominado por el lema de la reconciliación; en tanto que en Uruguay no hubo ninguna acción pública contra los represores, tal como la llevada a cabo por Néstor Kirchner en Argentina.
En el caso venezolano, la transición hacia una sociedad más justa y democrática requería el desplazamiento y la ruptura radical con una elite corrupta y desprestigiada, sin canales de comunicación política con la vasta mayoría de la población. Es decir que cualquier avance demandaba un cambio de régimen. Pero para lograrlo, era necesario construir un nuevo actor colectivo de carácter popular. Es decir que, en nuestra terminología, no había posibilidad alguna de cambio sin una ruptura populista. Ya hemos señalado los rasgos definitorios de esta última, todos los cuales están presentes en el caso chavista: una movilización equivalencial de masas; la constitución de un pueblo; símbolos ideológicos alrededor de los cuales se plasme esta identidad colectiva (el bolivarismo); y, finalmente, la centralidad del líder como factor aglutinante. Éste es el factor que más polémicas despierta en el sentido de las presuntas tendencias en Chávez a la manipulación de masas y a la demagogia. Y, sin embargo, los que razonan de este modo no cuestionan la centralidad del líder en todos los casos. ¿Habría sido concebible la transición a la Quinta República en Francia sin la centralidad del liderazgo de Charles de Gaulle? Es característico de todos nuestros reaccionarios, de izquierda o de derecha, que denuncien la dictadura en Mario pero la defiendan en Sila.
Lo que sí constituye una legítima cuestión es si no hay una tensión entre el momento de la participación popular y el momento del líder, si el predominio de este último no puede llevar a la limitación de aquélla. Es verdad que todo populismo está expuesto a este peligro, pero no hay ninguna ley de bronce que determine que sucumbir a él es el destino manifiesto del populismo.
En África, por ejemplo, después de la descolonización, hemos asistido a la degeneración burocrática del populismo en el caso de Mugabe, pero también hemos visto un populismo democrático y altamente participativo en el gobierno de Nyerere. Ahora bien, en la experiencia venezolana no hay indicios que nos permitan sospechar que una tendencia a la burocratización habrá de prevalecer. Por el contrario, a lo que asistimos es a una movilización y autoorganización de sectores previamente excluidos, que ha ampliado considerablemente las dimensiones de la esfera pública. Si hay un peligro para la democracia latinoamericana, viene del neoliberalismo y no del populismo.
Es por eso que es tan importante la consolidación del Mercosur y el rechazo definitivo al proyecto del ALCA, que habría significado la subordinación de nuestros países a los dictados de la política económica estadounidense (que no hesita en practicar, contra todas las recetas neoliberales, un proteccionismo abierto cuando se trata de defender sus intereses). Las perspectivas políticoeconómicas de América Latina son hoy más promisorias que en mucho tiempo, y Venezuela está jugando en relación con ellas –junto con otros regímenes progresistas del continente– un papel fundamental.
Ernesto Laclau
Fuente: “Revista de la CEPAL”, Agosto de 2006, Santiago de Chile, No 89. En la web: http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/El%20populismo%20y%20la%20centroizquierda%20latinoamericana.pdf
¿Cuándo se produce una ruptura populista? La condición ineludible es que haya tenido lugar una dicotomización del espacio social, que los actores se vean a sí mismos como partícipes de uno u otro de dos campos enfrentados. Construir al pueblo como actor colectivo significa apelar a «los de abajo», en una oposición frontal con el régimen existente. Esto implica que, de una forma u otra, los canales institucionales existentes para la vehiculización de las demandas sociales han perdido su eficacia y legitimidad, y que la nueva configuración hegemónica –el nuevo «bloque histórico», para usar la expresión gramsciana– supondrá un cambio de régimen y una reestructuración del espacio público.
Esto no anticipa, desde luego, nada acerca de los contenidos ideológicos del viraje populista. Ideologías de la más diversa índole –desde el comunismo hasta el fascismo– pueden adoptar un sesgo populista. En todos los casos estará presente, sin embargo, una dimensión de ruptura con el estado de cosas actual que puede ser más o menos profunda, según las coyunturas específicas. Dos autores franceses, Yves Meny e Ives Surel1, han sostenido, desde este punto de vista, que no hay política que no tenga algún matiz populista. El corolario es que, desde mi punto de vista, la categoría de populismo no implica necesariamente una evaluación peyorativa, lo que no significa, desde luego, que todo populismo sea, por definición, bueno. Si los contenidos políticos más diversos son susceptibles de una articulación populista, nuestro apoyo o no a un movimiento populista concreto dependerá de nuestra evaluación de esos contenidos y no tan solo de la forma populista de su discurso.
En mis trabajos sobre el tema he introducido la distinción entre la lógica social de la diferencia y la de la equivalencia. Por la primera entiendo una lógica eminentemente institucionalista, en la que las demandas sociales son individualmente respondidas y absorbidas por el sistema. La prevalencia exclusiva de esta lógica institucional conduciría a la muerte de la política y a su reemplazo por la mera administración. La fórmula de Saint-Simon –«del gobierno de los hombres a la administración de las cosas»– es la expresión cabal de esta utopía de una sociedad reconciliada y sin antagonismos, y no es sorprendente que Marx la haya adoptado para describir la sociedad sin clases que sucedería a la extinción del Estado.
En el caso de la lógica de la equivalencia las cosas ocurren de modo diferente, y la base de su prevalencia debe encontrarse en la presencia de demandas que permanecen insatisfechas y entre las que comienza a establecerse una relación de solidaridad. Si grupos de gente cuyas demandas de vivienda, por ejemplo, no son satisfechas advierten que otras demandas de transporte, empleo, seguridad, suministro de bienes públicos esenciales, no son tampoco satisfechas, en tal caso comienza a establecerse entre ellas una relación de equivalencia. Todas ellas empiezan entonces a ser vistas como eslabones de una identidad popular común que está dada por la falla de su satisfacción individual, administrativa, dentro del sistema institucional existente. Esta pluralidad de demandas comienza entonces a plasmarse en símbolos comunes y, en un cierto momento, algunos líderes comienzan a interpelar a estas masas frustradas por fuera del sistema vigente y contra él. Éste es el momento en que el populismo emerge, asociando entre sí estas tres dimensiones: la equivalencia entre las demandas insatisfechas, la cristalización de todas ellas en torno de ciertos símbolos comunes y la emergencia de un líder cuya palabra encarna este proceso de identificación popular.
Como puede verse, el populismo es una cuestión de grado, de la proporción en que las lógicas equivalenciales prevalecen sobre las diferenciales. Pero la prevalencia de una u otra nunca puede ser total. Nunca habrá una lógica popular dicotómica que disuelva en un ciento por ciento el aparato institucional de la sociedad. Y tampoco habrá un sistema institucional que funcione como un mecanismo de relojería tan perfecto que no dé lugar a antagonismos y a relaciones equivalenciales entre demandas heterogéneas. Todo análisis político debe comenzar por determinar la dispersión de hecho de las demandas, tanto en el campo de la sociedad civil como en el espacio público. No es casual que uno de los blancos de la crítica de los defensores del statu quo haya sido siempre el populismo, dado que lo que ellos más temen es la politización de las demandas sociales. Su ideal es el de una esfera pública enteramente dominada por la tecnocracia.
Es dentro de esta perspectiva que debe considerarse la situación latinoamericana actual. Nuestros países han heredado dos experiencias traumáticas e interrelacionadas: las dictaduras militares y la virtual destrucción de las economías del continente por el neoliberalismo, cuyo epítome han sido los programas de ajuste del Fondo Monetario Internacional (FMI). Digo que están interrelacionadas porque, sin dictaduras militares, habrían sido imposibles políticas tales como las reformas de los Chicago boys en Chile o la gestión suicida de José Alfredo Martínez de Hoz en Argentina (el adjetivo «suicida» ha sido utilizado por un autor inglés, Duncan Green2, para referirse a la eliminación por parte de la dictadura argentina de las tarifas y los controles de las importaciones, al mismo tiempo que se mantenía un peso sobrevaluado; el resultado fue que el país resultó inundado por productos importados baratos que condujeron a una caída desastrosa de la producción industrial local).
Las consecuencias de esta doble crisis son claras: una crisis de las instituciones como canales de vehiculización de las demandas sociales, y una proliferación de estas últimas en movimientos horizontales de protesta que no se integraban verticalmente al sistema político. El movimiento piquetero en Argentina, el movimiento de los Sin Tierra en Brasil, el zapatismo en México (al menos en sus fases iniciales) son expresiones claras de esta tendencia, pero fenómenos comparables pueden encontrarse en prácticamente todos los países latinoamericanos. Vemos aquí la plena operación de la distinción entre «equivalencia » y «diferencia» a la que antes me he referido. La canalización puramente individual de las demandas sociales por parte de las instituciones está siendo reemplazada por un proceso de movilización y politización creciente de la sociedad civil. Éste es el real desafío en lo que concierne al futuro democrático de las sociedades latinoamericanas: crear Estados viables, que solo pueden serlo si el momento vertical y el momento horizontal de la política logran un cierto punto de integración y de equilibrio.
Es conocido el proceso a través del cual, durante la década del 90, la represión social y la desinstitucionalización fueron condiciones de la implementación de las políticas de ajuste. Piénsese en el abuso de los «decretos de necesidad y urgencia» por parte de Carlos Menem; en el estado de sitio seguido por una violenta represión sindical en Bolivia en 1985; en el uso de la legislación antiterrorista para los mismos fines en Colombia; en la disolución del Congreso peruano por Alberto Fujimori; o en la violenta represión por parte de Carlos Andrés Pérez de las movilizaciones populares subsiguientes a la suba astronómica del precio de la gasolina en 1989. El fracaso del proyecto neoliberal a fines de los 90 y la necesidad de elaborar políticas más pragmáticas, que combinaran los mecanismos de mercado con grados mayores de regulación estatal y de participación social, condujeron a regímenes más representativos y a lo que se ha dado en llamar un giro general hacia la centroizquierda. Es decir que la viabilidad de estos nuevos regímenes requería un cambio en la forma del Estado que articulara de un modo también nuevo las dos dimensiones que hemos señalado.
Es aquí donde encontramos una serie de variantes regionales cuya comparación pone más claramente a la luz la especificidad de la experiencia venezolana. En los casos de Chile y de Uruguay, la dimensión institucionalista ha predominado sobre el momento de ruptura en la transición de la dictadura a la democracia, por lo que pocos elementos populistas pueden encontrarse en estas experiencias; en tanto que en el caso venezolano el momento de ruptura es decisivo. Argentina y Brasil están en una posición intermedia. En Chile, la transición a la democracia fue un proceso relativamente pacífico y paulatino, dominado por el lema de la reconciliación; en tanto que en Uruguay no hubo ninguna acción pública contra los represores, tal como la llevada a cabo por Néstor Kirchner en Argentina.
En el caso venezolano, la transición hacia una sociedad más justa y democrática requería el desplazamiento y la ruptura radical con una elite corrupta y desprestigiada, sin canales de comunicación política con la vasta mayoría de la población. Es decir que cualquier avance demandaba un cambio de régimen. Pero para lograrlo, era necesario construir un nuevo actor colectivo de carácter popular. Es decir que, en nuestra terminología, no había posibilidad alguna de cambio sin una ruptura populista. Ya hemos señalado los rasgos definitorios de esta última, todos los cuales están presentes en el caso chavista: una movilización equivalencial de masas; la constitución de un pueblo; símbolos ideológicos alrededor de los cuales se plasme esta identidad colectiva (el bolivarismo); y, finalmente, la centralidad del líder como factor aglutinante. Éste es el factor que más polémicas despierta en el sentido de las presuntas tendencias en Chávez a la manipulación de masas y a la demagogia. Y, sin embargo, los que razonan de este modo no cuestionan la centralidad del líder en todos los casos. ¿Habría sido concebible la transición a la Quinta República en Francia sin la centralidad del liderazgo de Charles de Gaulle? Es característico de todos nuestros reaccionarios, de izquierda o de derecha, que denuncien la dictadura en Mario pero la defiendan en Sila.
Lo que sí constituye una legítima cuestión es si no hay una tensión entre el momento de la participación popular y el momento del líder, si el predominio de este último no puede llevar a la limitación de aquélla. Es verdad que todo populismo está expuesto a este peligro, pero no hay ninguna ley de bronce que determine que sucumbir a él es el destino manifiesto del populismo.
En África, por ejemplo, después de la descolonización, hemos asistido a la degeneración burocrática del populismo en el caso de Mugabe, pero también hemos visto un populismo democrático y altamente participativo en el gobierno de Nyerere. Ahora bien, en la experiencia venezolana no hay indicios que nos permitan sospechar que una tendencia a la burocratización habrá de prevalecer. Por el contrario, a lo que asistimos es a una movilización y autoorganización de sectores previamente excluidos, que ha ampliado considerablemente las dimensiones de la esfera pública. Si hay un peligro para la democracia latinoamericana, viene del neoliberalismo y no del populismo.
Es por eso que es tan importante la consolidación del Mercosur y el rechazo definitivo al proyecto del ALCA, que habría significado la subordinación de nuestros países a los dictados de la política económica estadounidense (que no hesita en practicar, contra todas las recetas neoliberales, un proteccionismo abierto cuando se trata de defender sus intereses). Las perspectivas políticoeconómicas de América Latina son hoy más promisorias que en mucho tiempo, y Venezuela está jugando en relación con ellas –junto con otros regímenes progresistas del continente– un papel fundamental.
Ernesto Laclau
Fuente: “Revista de la CEPAL”, Agosto de 2006, Santiago de Chile, No 89. En la web: http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/El%20populismo%20y%20la%20centroizquierda%20latinoamericana.pdf
Suscribirse a:
Entradas (Atom)