Música y ciencias sociales (II): ¿debemos obedecer? La Polla Records, "Delincuencia".

Cargaos la delincuencia 

es una plaga social.

Una raza despreciable 

una raza a exterminar. 

Banqueros: unos ladrones sin palancas y de día.

Políticos estafadores juegan a vivir de ti. 

Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento, 

las religiones calmantes y las pandas de uniforme.

La droga publicitaria 

delito premeditado 

y la estafa inmobiliaria 

Delincuencia, delincuencia es la vuestra, 

¡asquerosos!

Delincuencia,  

vosotros hacéis la ley. 

Explotadores profesionales, 

delincuencia es todo aquello 

que os puede quitar el chollo. 

http://www.youtube.com/watch?v=TYt4RGMlq4w 

En el anterior artículo giramos en torno a la pregunta ¿por qué obedecemos? Hoy trataremos de reflexionar con acierto y virtud sobre otra importantísima pregunta para la ciencia política: ¿debemos obedecer? Para tratar de responder, recordemos a Sócrates. Gran pensador, vivió en la zona de Atenas en el siglo V a.C. Autor de la conocida frase “solo sé que no sé nada”, vivió alrededor de 70 años. Sin embargo, su muerte no se produjo de forma natural: Sócrates fue ejecutado. Así lo decidió la asamblea ateniense, máximo órgano de decisión en la Atenas de aquella época. Oficialmente se le ejecutó por introducir dioses falsos y pervertir a la juventud, aunque, como de costumbre, la realidad es algo más complicada y oscura. Por lo visto muchos ciudadanos atenienses se habían hartado del viejo Sócrates, personaje molesto donde los haya, porque no paraba de hacer preguntas molestas cuyo efecto final era demostrar ante el público que la mayoría de las personas hablan sin saber de lo que hablan. Cuando preguntaba insistentemente qué es un zapato a un zapatero, le llamaban loco. Pero cuando preguntaba qué era la virtud o la justicia a las eminencias públicas que se llenaban la boca con esas palabras, le consideraban un peligro. Especialmente la escuela de los sofistas, cuya máxima era “el hombre es la medida de todas las cosas”, es decir, que consideraban que no existe ninguna verdad absoluta y que todo depende de la óptica con que se mire... y de lo capacitado que estés para convencer de tu perspectiva a los demás. Fueron estos los que acusaron Sócrates y convencieron a la asamblea de ciudadanos para declararle culpable y condenarle a muerte.

No obstante, Sócrates tenía amigos dentro de Atenas y, al parecer, consiguieron urdir un plan de fuga, pero él lo rechazó. Pensaba que huir era otra forma más dura de morir: escapar de Atenas era adentrarse en el mundo sin ley, en territorio bárbaro, en el reinado de la fuerza, la violencia, los prejuicios, escapar de la polis significaba someterse a la ley del más fuerte. ¿Qué posibilidades tiene un viejo allí fuera? Pero había otra cuestión y no de menor relevancia: Sócrates consideraba que si había una ley, tenía que obedecerla. Era algo ante lo que no cabe elección alguna, las leyes están para respetarlas, no podemos empezar a violarlas solo porque consideremos que no nos favorecen o que están confundidas. Desobedecer las leyes cuando nos conviene, pensaba Sócrates, es el principio del reinado del caos: nada nos protegerá, por ejemplo, de los que pueden hacernos daño porque son más grandes o más fuertes, necesariamente acabaremos obedeciendo las órdenes de quien es capaz de imponérnoslas, lo que no tiene otro nombre que tiranía. Así que Sócrates, en lugar de huir para salvar la vida, decidió cumplir las leyes atenienses y murió ejecutado.

La actitud de Sócrates nos podría parecer hoy día una cuestión de demencia senil o de brutal depresión, pero debemos tratar de medir sus acciones teniendo en cuenta el contexto político-sociológico de la época. En Atenas, a diferencia de nuestros sistemas actuales, quien debía tomar las decisiones políticas, las decisiones que afectan al conjunto de la polis, era la ciudadanía. Cierto es que la ciudadanía la formaba un pequeño porcentaje de los habitantes de Atenas, porque mujeres, esclavos, extranjeros y la mayor parte de comerciantes y trabajadores manuales estaban excluidos de esa categoría, es decir, no eran ciudadanos, por lo que no tenían ni voz ni voto en la asamblea, no podían ocupar cargos públicos, no tenían derechos propiamente políticos. De hecho, tendremos que esperar hasta la Revolución Francesa (cuya máxima expresión, además de Robespierre, fueron Haití y las mujeres como De Gouges) para que el concepto de ciudadanía se entienda como algo universal, es decir, como algo que existe con independencia del color de piel, estatura, sexo, credo... pero eso es otro tema. Volviendo al caso en cuestión: Sócrates era ciudadano de Atenas. Esto significa que podía tomar parte en las discusiones de la asamblea y, por tanto, tenía la misma capacidad legal que los demás para discutir sobre las leyes.

Sócrates entendía que si se le condenaba a muerte en base a una mala ley (al margen de que las acusaciones fuesen falsas o de que en el juicio la protagonista fue la demagogia hasta el punto que personas que le consideraban inocente votaron luego a favor de castigarle con la muerte), su deber como ciudadano era, en caso de no estar de acuerdo, intentar cambiarla. Sócrates decía que la batalla era previa, que huir no tenía sentido porque lo que tendría que haber hecho era eliminar o cambiar esa ley en la asamblea, asunto del que no se preocupó en su momento.

Hoy, sin embargo, no ocurre exactamente lo mismo: la ciudadanía no toma directamente las decisiones, sino que lo hacen sus representantes. Y estos, en el caso del Estado español, no responden ante la ciudadanía salvo cada cuatro años y envueltos en redes de mentiras, contubernios clientelares y campañas de marketing. Entre elección y elección, diputados, senadores y miembros del gobierno responden ante una idea que no hay quien defina, al menos en este país: la nación. En otras palabras, cuando un partido obtiene escaños en el parlamento, deja de estar (si alguna vez lo estuvo) atado a las decisiones de sus votantes y, legalmente, puede incumplir todo su programa y dedicarse a hacer lo contrario de lo que prometía cuando trataba de captar votos. Nuestra situación, por tanto, parece diferir bastante de la de Sócrates en tanto no son los ciudadanos quienes toman directamente las decisiones, pero siguen existiendo similitudes.

Cargaos la delincuencia 

es una plaga social.

Una raza despreciable 

una raza a exterminar.

Evaristo odia la delincuencia, como Sócrates. No le gusta nada que haya determinadas personas que, por los motivos que sean, se crean con derecho a pisotear las normas que tenemos que obedecer el común de los mortales. Ahora bien, nótese que Evaristo no ha dicho “carguémonos” la delincuencia, sino que ha utilizado la segunda persona del plural: “cargaos [vosotros] la delincuencia”. Tiene muy claro que no es él (ni cualquier otro ciudadano) el que tiene la capacidad de decidir. Evaristo les habla a los y las representantes, les pide que acaben con la delincuencia, pero lo hace utilizando un lenguaje muy particular: “plaga”, “raza”, “exterminar”. Es el lenguaje del fascismo, el lenguaje que deshumaniza y convierte en animal (plaga), que cristaliza prejuicios sociales adscribiéndolos a una categoría social supuestamente natural (raza) y que considera que todo aquello que se sitúa fuera de los límites es imposible de asimilar y por tanto solo cabe su desaparición (exterminio). Lo que está haciendo Evaristo es utilizar el lenguaje de los que mandaban y, en buena medida, mandan. Está dándoles la razón, hablando como si fuese uno más de la selecta casta de mandatarios. Ahora bien, ¿entienden lo mismo al decir “delincuencia” la casta política y La Polla?

Banqueros: unos ladrones sin palancas y de día.

Políticos estafadores juegan a vivir de ti. 

Fabricantes de armamento, eso es jeta de cemento, 

las religiones calmantes y las pandas de uniforme.

Como seres humanos, todos somos capaces de entender que si nos damos unas normas de convivencia y lo hacemos de común acuerdo, todo acto que atente contra esas normas atenta también contra la convivencia, por no hablar de justicia, de derecho... Es normal, por tanto, que tanto comunistas como fascistas, liberales y socialistas, neoliberales y socialdemócratas, todos, estén de acuerdo en condenar todo acto que transgreda las leyes. Sin embargo, la lucha política es en un principio la lucha por el significado: todos estos grupos que en principio coinciden en algo, van a luchar necesaria y encarnizadamente por definir a nivel social qué es eso de “delincuencia”.  Evaristo por un lado y PSOE, PP, PNV, CIU, ERC, UpyD, etc. por otro, no coinciden a la hora de señalar quién es el delincuente. Para la casta política y sus oligarcas económicos delincuente es, por ejemplo, el que roba a punta de navaja lo que no es suyo. Sin embargo, si nos paramos a ver quién puebla las cárceles y por qué, nos daremos cuenta de que es infinitamente más probable ver a un pobre entre rejas que a un rico, de que el propio término “robar” implica un posicionamiento político. No es una cuestión de que los pobres roben por necesidad mientras que el rico no lo necesita. Cuando Evaristo se refiere a los banquero como ladrones “sin palancas” y que roban de día, está señalando algo que a estas alturas es más que evidente: una persona puede acabar en la cárcel por robar una gallina, pero si el robo es de cientos de millones y en lugar de a una persona se roba a la sociedad entera, basta con pedir perdón públicamente de vez en cuando, cuando te pillan. Llegado el caso, se sacrifica a uno de los peones para escudarse en la teoría de la manzana podrida (véase Bárcenas, Roldán, Vera y Barrionuevo...), pero el hecho innegable es que existe un sesgo de clase, tanto en las apreciaciones subjetivas como en las leyes, que convierten el tejido de la justicia en una tela de araña que solo atrapa a los bichos pequeñitos, a los que no tienen suficiente fuerza (capital) para defenderse, mientras que los moscardones, los grandes ladrones, los que visten con traje y corbata, campan a sus anchas.

La droga publicitaria 

delito premeditado 

y la estafa inmobiliaria.

Visto así, no podemos negar que tenemos un problema serio. Pero me temo que es peor de lo que parece: la cuestión no es solo que la ley falle, esto es, que hay agujeros que permiten a los que la violan desde arriba escapar impunemente; la cuestión principal es, para Evaristo, que los que violan las leyes son, además, los que hacen las leyes. Los que han hecho las leyes publicitarias y las leyes que convierten un derecho como la vivienda en un mercado más, son los delincuentes. La estafa inmobiliaria no es el triste resultado de los cabos sueltos que han dejado una panda de incompetentes que se hacen llamar gobernantes, la estafa inmobiliaria es un diseño, una construcción dedicada al expolio que se ha hecho posible gracias al marco legal que promovieron los principales interesados (banca, grandes constructoras, sector financiero y partidos que les representan) a través de sus lobbys y chantajes económicos. Se trata por tanto, no de un error, lo que nos situaría en el plano borbónico en el que se mueve la casta política cuando ya es inevitable reconocer el daño (la cara más amable de la impunidad: “no lo volveré a hacer, lo siento”), sino que se trata de algo premeditado. Que los banqueros y empresas especuladoras que se dedicaban a extraer grandes beneficios de la deuda y de la vivienda se hagan los sorprendidos y, con los millones a salvo en paraísos fiscales, hagan recaer todo el peso de la crisis sobre las clases subalternas, solo tiene un nombre: delincuencia organizada.

Delincuencia, delincuencia es la vuestra, 

¡asquerosos!

Delincuencia,  

vosotros hacéis la ley. 

El problema, por tanto, es muy grave. Vivimos en un sistema que legaliza y por tanto legitima ciertos tipos de delincuencia (desde la explotación, pasando por el desahucio -oda al derecho a la propiedad sobre todos los demás derechos- al cambio de la constitución y al apoyo a guerras imperiales en contra de la voluntad ciudadana) mientras que criminaliza y castiga severamente otros (robar una gallina para comer, por ejemplo). Mientras cada día miles de personas se tienen que enfrentar a la falta de recursos para comprar material escolar, a desahucios, paro prolongado y sin prestaciones sociales, sueldos miserables, horarios insoportables, etc., para que unos pocos disfruten del sueño americano, los medios de comunicación, la casta política y todo aquel que siente sus privilegios capitalistas amenazados, señalan y fomentan el linchamiento social de los miembros del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) que se han atrevido a violar la legalidad vigente para expropiar y repartir material escolar y bienes de primera necesidad. Intentan que los grandes centros comerciales que roban cada día a (entre otros) trabajadores, campesinos, ganaderos, autónomos, pequeños comerciantes y transportistas, aparezcan como víctimas, mientras que el “delincuente” es siempre el que pasa hambre precisamente porque hay quien posee centros comerciales y “necesita” obtener cierta tasa de beneficio.

Explotadores profesionales, 

delincuencia es todo aquello 

que os puede quitar el chollo. 

¿Qué haría Sócrates en esta situación? No lo sabemos, pero podemos aventurar alguna respuesta: si estuviese vivo haría como Evaristo y, fuese a base de preguntas en la plaza pública o fuese agarrado a un micrófono, Sócrates, máximo defensor de la legalidad y el respeto a las leyes, sería hoy uno de los máximos promotores de la desobediencia civil. El por qué ya lo ha sugerido el propio Evaristo: ¿podemos llamar ley a las normas que emanan de un gobierno corrupto, esto es, un gobierno que confunde interesadamente (o por presiones externas) lo público con lo privado? No, Sócrates se quedaría atónito al comprobar en qué medida hemos permitido que sean los delincuentes los que hagan las “leyes” a su medida, se quedaría boquiabierto al comprobar que le hemos puesto el mismo nombre a dos sistemas antagónicos: mediante la democracia formal la tiranía ha conseguido disfrazar sus normas arbitrarias, normas cuya única legitimidad es la fuerza, el privilegio, la tradición o el miedo, y las ha vestido de legalidad, dotándoles así, al menos en apariencia, de una legitimidad de la que nunca dispusieron. Y tanto Evaristo como Sócrates vienen a decirnos lo mismo: debemos obediencia a las leyes, a las normas que emanan del pueblo y que constituyen, en tanto límites a los poderosos, la gramática de la libertad; no debemos nada a los mandatos de una casta privilegiada que simplemente gobierna porque es capaz de convertir sus intereses particulares o los de quienes les llenan el bolsillo en los intereses públicos de toda la sociedad. Nuestro deber hoy, por tanto, no es la obediencia, sino la desobediencia... en nombre de la ley.